En el primer cuatrimestre del año y ya con los primeros meses de confinamiento, la demanda ascendió a 64
Pachuca, Hgo / (CIMAC Noticias). Durante esta época de pandemia, la demanda de interrupción del embarazo en Hidalgo se triplicó pues mientras en 2019 las organizaciones civiles que acompañan los procesos de mujeres que quieren acceder a este derecho atendieron a 56, para el primer cuatrimestre de este año la demanda subió a 64.
Así lo dio a conocer la directora de la organización civil “Di Ramona”, Daniela Téllez, quien mencionó que la pandemia y el aislamiento domiciliario han dejado varias secuelas a las mujeres, entre ellas, más embarazos no deseados y pérdidas de empleo que han ocasionado que no tengan acceso a atención de salud.
De acuerdo con la entrevistada, durante el 2019 atendieron a 56 mujeres que decidieron interrumpir un embarazo de forma legal, con medicamento y en casa, bajo un protocolo revisado por la Organización Mundial de la Salud.
En el primer cuatrimestre del año y ya con los primeros meses de confinamiento, la demanda ascendió a 64. Hecho que encendió las alertas para la organización de respaldo a las maternidades elegidas.
El escenario lo comparten el resto de las organizaciones en Hidalgo y otras entidades federativas. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia y las cuarentenas dejarían al menos siete millones de embarazos no deseados alrededor del mundo.
Este panorama se complica debido a que muchas mujeres perdieron su empleo o están en casa en aislamiento, con sus parejas o incluso con sus violentadores, que pueden ser esposos, padres, hermanos u otros familiares.
Sin recursos, ni privacidad, y en muchos casos sin que las personas de su contexto respalden la decisión de no continuar su embarazo, con un confinamiento que les impide obtener información, ir a clínicas en la Ciudad de México o comprar los medicamentos, las mujeres no tienen muchas opciones, y no se les respeta su decisión, explicó la entrevistada.
Ante esto, las mismas organizaciones hacen frente con las donaciones de asociaciones mundiales, con información discreta, y con el apoyo psicológico necesario para que las mujeres tengan todo el acceso a información y decidan si continúan o no con su embarazo.
La demanda principal de los servicios se realiza en cabeceras municipales y zonas metropolitanas. La especialista explicó que la mayoría de estos casos descubren historias de violencia doméstica, sexual, abusos, entre otros.
Dijo que la respuesta de las autoridades ha sido lenta, desde que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador desestima el problema de la violencia “cómo van a resolver algo que no aceptan que existe, según él, 90 por ciento de las denuncias son falsas”.
A la contingencia en Hidalgo le queda por lo menos mes y medio, y las organizaciones de acompañantes de abortos seguros hacen frente con los recursos a distancia, y las redes reconocen que el problema es más grande que sólo la atención de información sobre las interrupciones.
Mientras la reacción de las instituciones siga siendo poca o nula, las mujeres estarán constantemente en riesgo y en vulnerabilidad de sus derechos.
Cabe señalar que en diciembre del año pasado, la legislatura desechó la iniciativa que ampliaría la legalidad de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas como en la Ciudad de México y Oaxaca.
La justificación que difundieron las y los legisladores fue que este problema no es tan grande debido a que no es visible. Además de que políticamente no era un buen momento. El hecho fue calificado por las organizaciones feministas como “darle la espalda a las mujeres de la sociedad que buscan libertad en sus decisiones y su cuerpo”.
