México.-La Red feminista, plural, ciudadana de observación permanente de políticas públicas, en todos los ámbitos y niveles de gobierno llamada «Nosotras tenemos otros datos», invitan al lanzamiento de su plataforma el día lunes 15 de junio a las 11 horas, durante su conferencia semanal donde participarán los estados de Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Veracruz y Yucatán. Sin embargo también está abierta la invitación para que otras organizaciones de diferentes de otras entidades o municipios puedan participar. Lo unico que tienes que hacer es enviar un correo a nosotrastenemosotrosdatos@gmail.com
Pronunciamiento por los Derechos de las Víctimas
La Red Nosotras tenemos otros datos también emitió un comunicado sobre el «Posicionamiento sobre los Derechos Humanos de las Víctimas», donde expone la falta de seguimiento y operación adecuada desde el Sistema Nacional de Víctimas, así como el de las instituciones en defensa de los derechos de las mujeres por lo que exige el respeto y cumplimiento de cada una de estos.
Si bien en el decreto de austeridad emitido por la Presidencia de México, el pasado 23 de abril, se establece que son excepción de dicha política los programas relacionados a la defensa de los derechos humanos, cada día amanecemos con nuevas amenazas, evidencias y afectaciones por el hecho de que sí se están recortando y limitando los recursos ya asignados para cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
El pasado 2 de junio la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo público el impacto negativo que tendría el recorte solicitado por Hacienda en cumplimiento de la política de austeridad de la Presidencia. El presupuesto federal asignado para la CEAV en 2020, es de $423,837,035.00 pesos, de los cuales Hacienda pidió recortar el 75% del gasto corriente, al igual que lo ha solicitado a la mayoría de las demás instituciones relacionadas con obligaciones de derechos humanos como mujeres, medio ambiente, cultura, etcétera. De acuerdo con la propia Comisión, este recorte “frenará sus actividades esenciales y paralizará el funcionamiento de la institución” dejando a miles de personas sin la atención adecuada (en el Registro Nacional de Víc5mas (RENAVI) a la fecha están inscritas 23,693 personas como víctimas directas y 36, 974 personas como víctimas indirectas).
El total del presupuesto asignado por las entidades federativas que cuentan con Comisiones de Atención a Víctimas es de $ 535, 109, 542.00 (en un rango máximo de $ 111, 445, 415.00 en el estado de Chihuahua -cuyo equipo actual está dando uno de los mejores resultados en la historia del país, y el rango mínimo de $ 3, 000,000.00 en el estado de Zacatecas). Es decir, con la suma del presupuesto federal y los presupuestos estatales, en México, para el año 2020, se asignaron $ 958, 946, 577.00 de pesos para las Comisiones de Atención a Víctimas. Eso representa sólo un 3.04% del monto destinado por el Gobierno Federal en 2020 a la construcción del Tren Maya, que es considerado un proyecto prioritario aún en la austeridad.
Los derechos de las víctimas se consolidaron en el mundo de la mano de los derechos humanos, en la década de 1940, después de las muertes de civiles, tanto en campos de concentración, bombas en las ciudades y por la hambruna generada en la Segunda Guerra Mundial. Pasamos de considerar que la forma de reparar las violaciones a los derechos era sólo la sanción de los responsables, a incluir en la sanción, la reparación del daño causado a las víctimas. Los principios para el acceso a la justicia quedaron establecidos: Justicia, Verdad y Reparación.
La propia reparación del daño ha evolucionado, de considerar sólo daños materiales y morales, a la reparación del daño integral que incluye la restitución de derechos y la compensación o indemnización, pero también la rehabilitación, medidas de satisfacción y medidas de no repetición. A partir del reconocimiento de las condiciones de desigualdad social, pero también de la discriminación como construcción social, cuya responsabilidad de eliminarla es del Estado, se incluyó para los casos en que las violaciones a derechos humanos tienen como causa o consecuencia la discriminación (como la violencia contra las mujeres), que toda medida de reparación del daño tenga un efecto transformador del contexto inmediato de la víctima, pero también de la sociedad.
México comenzó a reconocer los derechos de las víctimas en el año 1993 cuando las nombró en el artículo 20 de la Constitución. Después de 24 mil 943 personas desaparecidas y 122 mil 448 personas asesinadas durante los seis años de gestión del ex-presidente Felipe Calderón (según cifras del INEGI), en el año 2012, se aprobó la Ley General de Víc5mas. Esta Ley establece los derechos de las víctimas y la organización y mecanismos que desde el Estado mexicano se implementarán para garantizar sus derechos.
Además de crear la CEAV, la Ley General crea un Sistema Nacional de Víctimas para lograr la coordinación entre los tres poderes del Estado y todos los órdenes de gobierno. El Sistema Nacional es indispensable para que no se concentre toda la atención y acciones de reparación en la CEAV. Sin embargo, a la fecha, su funcionamiento es gravemente deficiente. La presidencia de dicho Sistema, de acuerdo al artículo 82 de La Ley General, recae en el Presidente de la República.
La falta de seguimiento y operación adecuada desde el Sistema Nacional de Víctimas ha llevado a situaciones graves como que en varios casos los Titulares de las CEAVs no cumplen el perfil adecuado, no se cumplen con las obligaciones de coordinación definidas en la Ley, y que el personal no esté incorporado en su nómina de base y queden desprotegidos en sus derechos sociales. Se ha registrado que el personal que opera justicia, desde la policía como primer respondiente, ministerios públicos y jueces desconocen los contenidos de la reparación del daño integral, por lo que los convenios reparatorios de los juicios abreviados y las sentencias no la incluyen como tal y se vuelven a quedar sólo en indemnizaciones y, en algunos casos, atención psicológica. Respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, son prácticamente nulos los servicios reeducativos para los agresores, como una parte central de la transformación necesaria de la cultura discriminatoria contra las mujeres que prevalece en México.
La Ley General de Víctimas define tres tipos de víctimas: directas, indirectas y potenciales. Estas últimas son las personas físicas, cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir, detener la violación de derechos o la comisión de un delito. En relación a un grupo amplio de las víctimas potenciales, también en el año 2012 se creó la Ley de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que establece derechos para estos sectores, además de obligaciones para los poderes del Estado con mecanismos para su operación. Por cierto, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al igual que la CEAV, se encuentra en grave riesgo para su operación con la política de austeridad actual.
A partir de la Ley General de Víctimas, todas y cada una de las entidades federativas ya legislaron al respecto. Sin embargo, las reformas realizadas a la Ley General, del 3 de enero de 2017, que fortalecen el Sistema Nacional y las formas de coordinación, sólo se han armonizado en 17 entidades. Las que no la han armonizado son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas.
Al mes de marzo de 2020, existen 24 comisiones estatales instaladas. Los estados que todavía no la instalan son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Sonora. Campeche cuenta con el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (INDAJUCAM), que se encarga de la atención a víctimas. De las que están instaladas, 18 cuentan con asesores jurídicos, y sólo 16 cuentan con fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.
Ante estos hechos y en el contexto actual de incremento de la violencia contra las mujeres, exigimos:
- 1. Al Ejecutivo Federal, el respeto al principio constitucional de progresividad en los derechos humanos, que implica la no regresión en el presupuesto y los recursos humanos destinados a cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos, pues sin este cumplimiento ningún otro proyecto abona a una transformación que sustente los principios constitucionales.
- 2. Al Congreso de la Unión, y a los órganos de fiscalización superior de la federación y de cada estado, inicien programas especiales de auditoria vinculada con la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias en el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos.
- 3. Al Poder Judicial, de la Federación y de los estados, el cumplimiento de sus deberes respecto de la reparación del daño integral de las víctimas, pues la mayoría de las sentencias lo incumplen. También se les exige que gasten el presupuesto asignado a igualdad de género y a la erradicación de la violencia contra las mujeres, de manera adecuada, efectiva y transparente, que en esta contingencia no exista recortes ni subejercicio, pues se trata de obligaciones de cumplimiento inmediato, que implican el desarrollo de capacidades institucionales y su evaluación.
- 4. Al Sistema Nacional de Víctimas y a las CEAVs, además de asegurar su presupuesto, se exige transparencia y efec5vidad en el cumplimiento de sus obligaciones, que debería implicar un proceso participativo de evaluación para el fortalecimiento de su operación.
Ante cada violación a derechos, reforzadamente cuando es contra mujeres, lo normal en un Estado que respeta los derechos humanos es: Justicia, Verdad y Reparación.
