Hoy mismo, 33.000 niñas menores de 18 años se verán obligadas a casarse.
Nueva York / Redacción. – Todos los años, millones de niñas se ven sometidas a prácticas que les provocan daños físicos y emocionales con el conocimiento y consentimiento plenos de sus familias, amigos y comunidades. Esta es la situación plasmada en el informe Estado de la Población Mundial 2020, que publica hoy el UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud sexual y reproductiva.
Según dicho informe, existen al menos 19 prácticas nocivas (desde el planchado de los senos hasta las pruebas de virginidad) que tienen la consideración de violación de los derechos humanos. El documento se centra en los tres tipos más preponderantes: la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la preferencia por los hijos varones muy en detrimento de las hijas.
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“Las prácticas nocivas que afectan a las niñas ocasionan un trauma grave y duradero que les roba el derecho a desarrollar todo su potencial”, afirma la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA.
Se calcula que, este año, 4,1 millones de niñas sufrirán una mutilación genital femenina. Hoy mismo, 33.000 niñas menores de 18 años se verán obligadas a casarse; por lo general, sus maridos son hombres mucho mayores que ellas.
Además, en algunos países, la preferencia desaforada por los hijos varones ha promovido la selección del sexo con sesgo de género o casos de desamparo extremo que han desembocado en la muerte de las niñas. El resultado son 140 millones de mujeres “desaparecidas”.
Algunas prácticas nocivas están decayendo en los países en los que sucedían con mayor frecuencia. Sin embargo, debido al crecimiento demográfico de estas naciones, la cifra de niñas damnificadas aumentará en los próximos decenios a menos que se adopten medidas urgentes.
Los países que han ratificado tratados internacionales tales como la Convención sobre los Derechos del Niño tienen la obligación de poner fin al sufrimiento de las niñas sin importar si los perpetradores son sus parientes, las comunidades religiosas, los proveedores de servicios de salud, las empresas privadas o las instituciones públicas. Muchos gobiernos han reaccionado con instrumentos legislativos, pero no basta con promulgar leyes.
El informe del UNFPA es claro: decenios de experiencia e investigación han demostrado que, cuando se trata de lograr cambios, los enfoques ascendentes que tienen su base en el seno de la comunidad dan mejores resultados. “Las soluciones para erradicar las prácticas nocivas pueden variar de un país a otro, pero en todo caso deberán alinearse con las medidas para lograr el progreso en cuanto a la igualdad de género y los derechos de las mujeres desde el nivel familiar y comunitario, hasta las instituciones y la sociedad como un todo”, manifestó Harold Robinson, Director Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA.
El informe señala que es necesario reestructurar las economías y los sistemas jurídicos en los que se apoyan a fin de garantizar que todas las mujeres gozan de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, modificar las normas relativas a la herencia de propiedades haría que desapareciera un fuerte incentivo que motiva a las familias a dar prioridad a los hijos varones y contribuiría a erradicar el matrimonio infantil.
La práctica nociva de mayor impacto en América Latina y el Caribe, es el matrimonio infantil. Una de cada cuatro niñas se casa o establece unión informal antes de cumplir 18 años; en algunas partes de la región, la cifra es superior a una de cada tres, detalla el informe del Estado de la Población Mundial 2020.
Es posible eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina a escala mundial en el plazo de 10 años si se amplían las iniciativas destinadas a que las niñas prolonguen su escolarización, a enseñarles competencias para la vida y a implicar a los hombres y niños en la transformación social. Según el informe, invertir 3.400 millones de dólares de los Estados Unidos al año de aquí a 2030 serviría para acabar con estas dos prácticas nocivas y con el sufrimiento de unos 84 millones de niñas.
Si bien se han logrado avances encaminados a suprimir algunas prácticas nocivas en todo el planeta, la pandemia de COVID-19 amenaza con desbaratar estas conquistas. Un análisis reciente reveló que, si los servicios y programas permanecen suspendidos seis meses, puede que otras 13 millones de niñas se casen por obligación y que 2 millones más de niñas sean víctimas de una mutilación genital femenina de aquí a 2030.
Poner fin al matrimonio infantil y a las uniones tempranas en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, 60 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años. Más del 60 por ciento de estas niñas pertenece al grupo poblacional de menores recursos y, por lo tanto, están más expuestas a sufrir violencia basada en género, a tener menos ingresos y niveles de educación. Además, corren con mayor riesgo de estar aisladas socialmente y a tener hijos a una edad más temprana.
Estos riesgos se dan entre los hogares más pobres, que viven en áreas rurales, y entre grupos indígenas y afrodescendientes. Es más, la prevalencia del matrimonio infantil en algunos países de la región es comparable a la de África Subsahariana. Países como República Dominicana (36%), Nicaragua (35%), Honduras (34%) y Guatemala (30%), presentan las tasas más altas.
Las niñas casadas antes de los 18 años en Brasil y México, ocupan el cuarto y el octavo lugar en las cifras mundiales del tema. La falta de acciones o inversiones para solucionar esta situación afectaría a 9,7 millones de niñas hasta 2030, en una región donde las uniones no maritales son más frecuentes que los matrimonios legales y formales.
América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles y las uniones tempranas no se han reducido en los últimos 25 años, de hecho, una de cada cuatro niñas se ve afectada por esta práctica. Por esta razón fundamental la iniciativa Spotlight, un programa conjunto liderado por ONU Mujeres, UNICEF, UNFPA, gobiernos y socios estratégicos, busca darle fin a esta realidad oculta que continúa negándoles mejores oportunidades a las niñas y adolescentes.
Desde 2017, la iniciativa conjunta regional interagencial Spotlight en la región ha decidido alinearse con los estándares internacionales sobre la ley del matrimonio y equidad de género, rompiendo el silencio y generando una plataforma regional para fortalecer la abogacía, la promoción de políticas y servicios, y el empoderamiento de jóvenes y niñas, al tiempo que busca transformar las prácticas de género más nocivas hacia ellas. En una primera etapa, la iniciativa incluye a Colombia, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana.
Los logros más relevantes en el 2019 incluyen la eliminación de todas las excepciones legales en matrimonio infantil en El Salvador y Guatemala; la inserción de un objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia para eliminar la práctica, y una hoja de ruta nacional intersectorial en Belice, que incluye acciones en sectores sensibles como la salud, la educación y la justicia.
Esta iniciativa busca generar un impacto en las vidas de 107 millones de niñas y adolescentes entre los 0 y los 19 años, que viven en la región. De esta manera, se apunta a la reducción de la inequidad de género con un gran énfasis en la promoción de los derechos de las niñas y adolescentes para que sean respetados y reconocidos en la región y se dé fin a esta práctica nociva.
