Ciudad de México / Anayeli García Martínez (Cimac Noticias).- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ana Margarita Ríos Farjat, manifestó su intención de atraer el amparo en revisión 483/2019 para analizar la naturaleza y objeto de la Alerta de Violencia de Género (AVG), en particular la declaratoria de este mecanismo en la Ciudad de México, en noviembre de 2019.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quienes solicitaron activar la Alerta desde 2017, saludaron esta acción como un paso más hacia la garantía de los derechos de las capitalinas.
Desde hace un año las organizaciones mantienen un litigio para lograr que, por medio de una decisión judicial, se revise la naturaleza de la Alerta de Violencia de Género en la capital y se determine si las organizaciones civiles pueden ser partícipes en el proceso de seguimiento de implementación y si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), debe asignar recursos para su aplicación. Ahora el caso será revisado por el alto tribunal.
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Al conocer este amparo en revisión, la Suprema Corte también se podría pronunciar sobre si la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, debe declarar la Alerta de Género en la Ciudad de México; pues en este caso quien hizo la activación fue el gobierno capitalino, sin esperar la resolución judicial del proceso de solicitud que se se seguía a nivel federal.
De acuedo con Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), se espera que en proximos días la ministra presente un proyecto de atracción y en caso que la Primera Sala lo vote a favor, la jurista podrá analizar el expediente y sentar criterios sobre las obligaciones de la Conavim en el proceso y seguimiento de la Alerta.
Solicitud de Alerta en litigio
El 7 septiembre de 2017 estas organizaciones solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Conavim, declarar este mecanismo de emergencia en en la capital, debido al contexto del feminicidio, desaparición y violencia sexual. Después de dos años, el 7 de junio de 2019 la Conavim negó decretarla.
Esta decisión, de acuerdo con las organizaciones, no fue motivada ni fundamentada, pero además contradijo las recomendaciones elaboradas por el Grupo de Trabajo que investigó el contexto de violencia y determinó que era necesario tomar acciones y de no cumplirlas activar el mecanismo.
Ante la negativa de la Conavim, las organizaciones peticionarias promovieron un juicio de amparo indirecto (968/2019-1) contra la resolución, alegando que fue contraria al debido proceso y violatoria de la debida diligencia que deben de garantizarse en procedimientos de esta naturaleza.
El 13 de septiembre de 2019, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el amparo indirecto y determinó declarar la AVG y reconocerla como mecanismo de emergencia, estableciendo metodologías y plazos de seguimiento en coordinación con los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, al conocer la sentencia, la Conavim presentó un recurso de revisión; de acuerdo con las organizaciones peticionarias, esto fue una forma de cuestionar la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la AVG, la aplicación de una metodología, plazos y un plan de trabajo y la asignación de recursos y la transparencia de la información.
En consecuencia, el 23 de octubre del año pasado las organizaciones peticionarias presentaron un recurso de revisión adhesivo al presentado por la Conavim.
Sheinbaum decreta AVGM
En 2019, mientras la solicitud de Alerta continuaba en litigio entre el gobierno federal, representado por la Conavim, y las organizaciones civiles; a propósito del 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se adelantó a cualquier decisión y anunció la activación de la Alerta.
Finalmente, el 25 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial para la Ciudad de México la declaratoria de Alerta por Violencia de Género en contra de las mujeres, sin embargo, el mecanismo activado por el gobierno capitalino se enfocó en atender sólo la violencia sexual, dejando de lado otras violencias como el feminicidio y las desapariciones de mujeres y niñas, asuntos que motivaron la solicitud de AVG a nivel federal.
La decisión de Seheimbaum hizo que el proceso jurisdiccional se detuviera. El 7 de noviembre de 2019 la magistrada Adriana Escorza Carranza, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, notificó a las organizaciones peticionarias que el recurso sería sobreseído, debido a que la declaratoria local era un “hecho notorio” que dejó sin materia el juicio de amparo.
Sin embargo, las tres organizaciones consideraron que desechar el amparo era una violación al principio de legalidad porque la declaratoria de la Jefa de Gobierno respondía a un procedimiento y marco jurídico distinto en el fuero local y no atendía de forma integral las problemáticas de feminicidio y desaparición, vulnerando así el derecho de acceso a la justicia y a mecanismos de protección para las mujeres que viven y transitan en la Ciudad de México.
Por tales motivos, en febrero de este año las organizaciones peticionarias solicitaron que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción para definir la naturaleza y objeto a la AVG, como mecanismo garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, retomando y profundizando los criterios tomados por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Este 9 de julio 2020 la SCJN hizo público que la ministra Ana Margarita Ríos Farjat haría uso de la facultad de atracción y solicitaría al Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, remitir la documentación del amparo en revisión a la presidencia de la Primera Sala de la SCJN.
Con ello, expusieron las organizaciones, se avanza en el conocimiento de la declaratoria de AVG en el contexto de violencia feminicida en el país y, en particular, en la Ciudad de México; lo que podría derivar en que este mecanismo sea una garantía sólida para la exigibilidad de los derechos y el cumplimiento del marco jurídico internacional y nacional, ante las omisiones de los estados en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Desapariciones y feminicidio, problemas de la CDMX
Las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, proporcionadas por la Fiscalía capitalina, indican que en 2019 fueron asesinadas 176 mujeres y niñas, y sólo 68 de los casos, es decir 38 por ciento, fueron investigados como feminicidio.
Asimismo, datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en los tres primeros meses del 2020 fueron asesinadas 42 mujeres y niñas en la Ciudad de México, pero sólo 14 casos son investigados como feminicidio, es decir 33 por ciento, y el resto como homicidios dolosos.
La desaparición de mujeres y niñas, expusieron las organizaciones, también conforma una grave problemática dentro del contexto de violencia feminicida que permea la Ciudad de México.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Fiscalía local, en el 2019 desaparecieron mil 329 mujeres y niñas, de las cuales 662 tienen entre 0 y 17 años de edad, mientras que 667 son mayores de 18 años. Así, del total de mujeres y niñas desaparecidas, 887 fueron localizadas: 876 con vida, y 11 sin vida. Sin embargo, un total de 442 mujeres siguen pendientes de localizar.
Ante ello, las organizaciones peticionarias y defensoras de los derechos de las mujeres, saludaron la decisión de la ministra Ríos Farjat e informaron que estarán atentas de las decisiones que se tomen para velar la vida, libertad, integridad y seguridad personal de las mujeres y niñas en el país, a través del fortalecimiento de este importante mecanismo de protección colectiva.
