México.- Mujeres Feministas, Organizaciones y defensoras del estado de Guerrero, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO GUERRERO), Justicia, Derechos Humanos y Género, Católicas por el Derecho a Decidir exigen un alto a la iniciativa del aborto por violación porque es regresiva, retrograda además violentaría la salud reproductiva de las mujeres. Esta iniciativa pretende condicionar la interrupción por violación a las 12 semanas, sin embargo los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo.
Comunicado: Aborto por violación, un derecho de las víctimas: OSC
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El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO GUERRERO), Justicia, Derechos Humanos y Género y Católicas por el Derecho a Decidir como organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio comparado en Guerrero y defensoras de los derechos de las mujeres reprobamos la intención de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guerrero de presentar una iniciativa del aborto por violación, regresiva y que violentaría la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.
Si bien el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) recomendó: “Estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación, en específico el artículo 159 del Código Penal del estado Libre y Soberano de Guerrero, fracción I, con relación a la Ley General de Víctimas, la NOM-046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que garantice el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura”, la reformas que se propondrían son regresivas ya que:
a).-Condicionaría la causal de interrupción por violación a las 12 semanas, cuando los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo, debido a varias razones, entre ellas: que es difícil que las mujeres, adolescentes y niñas acudan a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por temor, por que se encuentran en lugares lejanos, por que no cuentan con los recursos necesarios, por vivir en contextos de pobreza, por ser menores de edad, etc.
b).-Por otra parte, condiciona la ILE a la denuncia penal, requiriendo que una mujer, niña o adolescente víctima de violencia sexual cuente con el aval del Ministerio Público antes de que la interrupción le sea practicada. Cabe mencionar que la mayoría de las mujeres no presentan la denuncia por temas de estigma, o desconfianza en las autoridades.
c).-Asimismo, condicionaría a que las niñas y adolescentes vayan acompañadas por sus padres, extendiendo la edad no solo para las menores sino a las jóvenes de hasta los 18 años, para que acudan ante las autoridades acompañadas de sus padres, sin tomar en cuenta que la en mayoría de las violaciones sexuales cometidas contra menores de edad, los agresores son sus propios familiares.
d).-Sancionaría y criminalizaría al personal de salud que sea progresista y garantista de los derechos reproductivos de las mujeres; estableciendo que deberán dar vista al DIF y a la Secretaría de la Mujer cuando se presente un caso.
La Iniciativa que busca impulsar la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, conformada por: Omar Jalil Flores Majul (PRI), Guadalupe González Suástegui (PAN), Servando de Jesús Salgado Guzmán (Sin grupo parlamentario), Moisés Reyes Sandoval (Morena) y Ossiel Pacheco Salas (Morena), es regresiva y una aberración que busca poner mayores candados legales que pudieran derivar en embarazos forzados, afectando de manera particular a las mujeres, niñas y adolescentes indígenas del estado.
Esta regulación restringiría innecesariamente el acceso a servicios especializados de salud para las mujeres guerrerense, pues limitaría el acceso a la ILE, contraviniendo lo establecido en la Ley General de Víctimas, la cual no obliga a las mujeres agredidas a acudir ante el Ministerio Público para acceder a los servicios de salud, contraviniendo también la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la cual no señala este requisito para el acceso al servicio especializado de salud.
Aunado a lo anterior, la iniciativa impulsada por la Comisión de Justicia, es contraria a la sentencia federal emitida por la Jueza Iliana Fabricia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, el 1 de junio de 2018, relacionada con el caso de Valentina Rosendo Cantú, en el que establece el valor probatorio del testimonio de las víctimas de violación sexual.
Así mismo es contrario a las recomendaciones internacionales, como es el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quien en las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México manifestó su preocupación por las “disposiciones de las leyes penales estatales que restringen el acceso al aborto legal y siguen obligando a las mujeres y a las niñas a someterse a abortos en condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud y su vida”.
Ante ello, como defensoras de los derechos de las mujeres y organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado exigimos al Congreso del Estado de Guerrero:
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Legislar de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
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Convoquen a un Parlamento abierto en el que se escuchen las voces de las víctimas, de las organizaciones peticionarias, de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil.
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Garanticen los derechos de las mujeres y su actuar se aleje de creencias religiosas o de la postura de grupos conservadores, que impiden la garantía de los derechos de más del 50% de la población en la entidad.
Frente a la violencia sexual que priva en Guerrero, es necesario que las reformas y legislaciones que se impulsen desde el Congreso del Estado, evidencien el compromiso con las mujeres guerrerenses y las modificaciones sean progresivas no regresivas.
Cabe mencionar que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a julio del 2020 se registraron en la entidad 350 casos de violación, 452 casos de abuso sexual y 13 denuncias por aborto, sin embargo la propuesta impulsada no contempla el contexto de violencia que viven las mujeres en Guerrero.
A la fecha el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado tienen una deuda histórica con las mujeres guerrerenses, luego de haber recibido recomendaciones específicas y puntuales por parte del Grupo de Trabajo de la CONAVIM, que pudieron haber cumplido durante un lapso de seis meses para que no fuera decretada la AVG por agravio comparado, sin embargo, al no realizarlas, en junio de este año Guerrero se convirtió en el segundo estado con dos alertas de género, una por feminicidio y otra por agravio comparado, por lo que una vez más la Comisión de Justicia queda evidenciada y pone al Congreso del Estado de Guerrero a prueba de manifestar -con reformas progresivas- el compromiso de Poder Legislativo con las mujeres guerrerenses.
