Los principales agresores son los grupos antiderechos y las autoridades de sus entidades
Ciudad de México / Aline Espinosa Gutierrez (CIMAC).- Las mujeres que informan a otras para que de manera consciente y segura decidan si desean o no ser madres y las acompañan en sus procesos, son víctimas de distintas agresiones por su labor, como amenazas, agresiones directas hacia ellas o a sus familias, son calificadas como “asesinas” y sufren de ciberataques en los que pueden llegar a difundir sus datos personales o fotografías.
En ello coincidieron las defensoras y acompañantes de maternidades libres, Vanessa Jimenez de la “Red Necesito Abortar” en Nuevo León; Fátima Alejo de la “Colectiva Colmena Verde” en Veracruz; y Ariadne Song de “Colectiva Abortar Ixtabay” en Quintana Roo, durante el conversatorio “Maternidades Libres”, organizado por la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México con el fin de discutir cómo las acompañantes buscan impulsar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Explicaron que sus principales agresores son los grupos antiderechos y las autoridades de sus entidades. Éstos tergiversan la información de lo que hacen para que la población deslegitime y recrimine su labor de defensa por medio de sus redes sociales o sus espacios de poder en los medios de comunicación, lo que genera aún más agresiones hacia ellas.
Una acompañante, dijeron, es una mujer que puede ser enfermera, psicóloga, abogada o tener otra profesión en su vida diaria y a la vez trabaja porque más mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y hagan valer sus DH. Además, está informada sobre la legislación de su entidad respecto al aborto, explica a las gestantes que buscan interrumpir sus embarazos las opciones seguras que tienen y proporcionan un espacio de apoyo a quienes desean continuar sus gestaciones.
Señalaron que ser acompañante no es un delito porque ellas sólo brindan y explican qué es y cómo se puede acceder a una interrupción legal del embarazo y siguen los casos de las mujeres, pero nunca las obligan a nada.
“No hay reforma que reconozca de forma pública que por ser acompañantes se nos criminalice. El contexto cambia. Nosotras tenemos el poder de cambiarlo. Tenemos la fortaleza y los DH de nuestro lado”, añadió la defensora Vanessa Jiménez.
Aunque dijeron, lo anterior debería conocerse como lo que en realidad hace una acompañante, no es así. La desinformación existente en las poblaciones del país, en particular en sus estados fomenta por ejemplo, que las defensoras de Veracruz tengan que realizar su labor en total secrecía porque el derecho a decidir está restringido y sus leyes “protegen la vida desde la concepción”.
De acuerdo con la defensora Fátima Alejo, “la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural” en el artículo 4 de la Constitución de Veracruz, y se considera que “comete delito de aborto quien interrumpe su embarazo en cualquiera de sus etapas” y se sanciona “con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”, según los artículos 149 y 150 del Código Penal de este estado.
Este mismo Código Penal, específica en su artículo 154, que el aborto sólo es legal en 4 causales cuando “por violación, imprudencial o culposo, peligro de muerte, alteraciones graves en el producto e inseminación artificial no consentida”.
En Quintana Roo, las defensoras son calificadas por sus autoridades como “vándalas” o dicen “que son compradas por los partidos políticos”, además hacen apología de usar la violencia contra ellas.
“Tomamos las instalaciones del Congreso por 95 días en medio de la pandemia para seguir exigiendo la despenalización del aborto en esta entidad. Los grupos antiderechos ubicaron nuestras redes sociales, dónde vivíamos, y prendieron fuego a la casa de una compañera con sus hijos adentro”, dijo Ariadne Song.
Según el artículo 97 del Código Penal de Quintana Roo, el aborto es posible cuando “sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; cuando la gestación sea resultado de una violación, que haya sido denunciada antes en el Ministerio Público; cuando a juicio de 2 médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas; cuando a juicio del médico sea necesario para evitar un grave peligro para la vida de la madre”.
Las mujeres o personal médico que interrumpa un embarazo fuera de estas causales será penado de 6 meses a 2 años en prisión, la sanción es mayor si el procedimiento se hiciera sin el consentimiento de la gestante, según los artículos 93 y 94 del Código Penal de Quintana Roo.
En el caso de Nuevo León la agresión más recurrente son los ciberataques por los grupos antiderechos, ya que éstos piensan que su labor es ilegal debido a que en 2019, el Congreso de este estado aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución de su estado, que reconoce “el derecho a la vida desde la concepción”.
Este cambio, añadió Vanessa Jiménez, no debe representar un obstáculo para el acceso al aborto legal para las causales que ya existen en su entidad: peligro de muerte, riesgo a la salud, y si el embarazo es producto de violación.
De acuerdo con la Secretaría de Salud se han realizado 2 mil 612 interrupciones legales del embarazo en lo que va del 2021 en México. Las entidades con más registros son la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Michoacán.
Frente a estos contextos, añadieron, crean redes de apoyo y de comunicación con más mujeres de sus entidades a través de las diversas movilizaciones como las “Mareas Verdes”, desarrollan cursos y pláticas sobre aborto para la ciudadanía, utilizan sus redes sociales y se articulan con más defensoras de otros estados con el fin de minimizar los riesgos de los que pueden ser víctimas.
