Este hecho de represión «limitan el derecho a la libertad de expresión y de reunión y estigmatizan la legítima protesta de las mujeres, organizaciones y colectivas feministas”.
Ciudad de México (CIMAC).- Luego de que este fin de semana un grupo de 10 mujeres integrantes del Frente Feminista de Jalisco, fueron detenidas acusadas por la policía estatal de “vandalismo” mientras protestaban a las afueras del edificio de la Secretaría de Educación, en Guadalajara, Jalisco, la organización Amnistía Internacional condenó su detención.
En un comunicado, la organización internacional AI con sede en México se pronunció al respecto y afirmó que este hecho “repite claramente esquemas de represión ocurridos en otros estados del país, que limitan el derecho a la libertad de expresión y de reunión y estigmatizan la legítima protesta de las mujeres, organizaciones y colectivas feministas”.
Amnistía Internacional aseguró que al calificar de “vandálicos” los hechos ocurridos frente al edificio de la Secretaría de Educación, las autoridades estigmatizan a las mujeres que protestan y distraen la atención sobre los motivos que las orillan a manifestarse.
“Es urgente que las autoridades del estado de Jalisco se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestaciones organizadas por mujeres que protestan contra la violencia de género; reconozcan la legitimidad de las mismas y se pronuncien claramente contra la violencia de género en todas sus modalidades, incluyendo la escolar y con especial carácter, de obligación reforzada, cuando se trata de niñas y adolescentes”, declaró en el comunicado la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto.
Este hecho se suma a otros actos de represión que se suscitaron en 2020, durante las protestas feministas que, pese a la pandemia, se organizaron alrededor del país para protestar contra la indiferencia institucional frente al aumento de la violencia contra las mujeres.
Por ejemplo, el 9 de noviembre de 2020 la policía municipal de Cancún, Quintana Roo, disparó con armas de fuego contra las y los manifestantes que protestaban por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo 8 de noviembre en aquel estado. Tras los hechos, la Red Feminista de Quintana Roo señaló que hubo compañeras que fueron detenidas y llevadas a la Cruz Roja, incluso una de ellas tuvo una cirugía.
Antes, en agosto, una joven de nombre Evelyn denunció en redes sociales que un grupo de policías la acosó y una la agredió sexualmente en el estado de Guanajuato, durante la movilización de jóvenes que exigían justicia. En respuesta, la policía municipal de León golpeó y detuvo de forma arbitraria a 22 mujeres jóvenes y adolescentes y un hombre, violentó sexualmente a una niña de 17 años de edad y amenazó a las periodistas Melissa Esquivias Espinosa, reportera de Ágora; Alfonsina Ávila Ramírez, de Zona Franca; y Martha Silva Moreno y Brenda Orozco Hernández, de PopLab.
Al respecto de estos y los recientes hechos ocurridos en Jalisco, Amnistía Internacional señaló que observa “con preocupación” el uso del sistema de justicia penal para criminalizar a las mujeres que protestan.
La organización recordó que desde el año 2018, el Relator Especial sobre la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos, Michel Forst, llamó la atención del Estado mexicano sobre la criminalización de las personas defensoras de los Derechos Humanos mediante un uso intencionado de la legislación penal con el fin de obstaculizar y paralizar sus esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los Derechos Humanos.
“El proceder de las autoridades en Jalisco demuestra un patrón de conducta de autoridades estatales y municipales, que se ha repetido en otros estados como Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México, tal y como lo documentamos en nuestro informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, dónde también se presentaron detenciones que parecen tener la intención de mermar la protesta social cuando las colectivas feministas piden justicia en casos específicos de violencia por razones de género, sin dar primero una respuesta o una salida contundente a sus legítimas exigencias”, agregó Amnistía Internacional.
Por todo eso, Amnistía Internacional recordó a las autoridades del estado de Jalisco que pintar consignas e intervenir monumentos son expresiones protegidas por el derecho a la libertad de reunión pacífica, e hizo un llamado a las autoridades competentes a tener presente que su deber es considerar a todas las manifestaciones como pacíficas excepto cuando se presenten acciones que puedan provocar lesiones graves o muerte a personas, o daños graves a bienes.
Asimismo Amnistía Internacional instó a las autoridades de Jalisco a cumplir con las obligaciones de protección y garantía de los DH que mandatan los convenios internacionales en la materia firmados por el Estado mexicano. Particularmente, que respeten la integridad de las mujeres detenidas, así como su derecho a recibir atención médica adecuada, en caso necesario; se respete su derecho al debido proceso y garantías judiciales, y que en todo momento tanto ellas como sus familias puedan conocer su situación jurídica y su paradero.
La organización también hizo un llamado a que toda restricción impuesta al derecho de reunión y a la libertad de expresión sea estrictamente necesaria y proporcionada para cumplir alguno de los objetivos legítimos consagrados expresamente en el derecho internacional de los Derechos Humanos. En particular, las autoridades deben abstenerse de utilizar la legislación penal y administrativa para inhibir la participación en manifestaciones y acallar por otros medios las críticas contra las autoridades, señaló.
