Por motivo de la pandemia por Covid19 se interrumpen servicios de salud sexual y reproductiva
Ciudad de México (Cimac).- En Uruguay, Colombia, Perú y Chile, el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos y a servicios sexuales y reproductivos se vieron interrumpidos en las instituciones de salud desde la llegada de la pandemia, a pesar de haber sido declarados como prioritarios para evitar embarazos no deseados, transmisión de infecciones sexuales, muertes maternas o fetales, lo que puso en riesgo la vida de las mujeres.
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Durante el conversatorio “Precios de anticonceptivos orales durante la pandemia”, expertas e investigadoras de organizaciones de estos países explicaron que las instituciones médicas no brindaron métodos anticonceptivos a las mujeres en lo que va de la pandemia, por lo que ellas se vieron obligadas a adquirirlos en las farmacias, pero el precio era entre dos o seis veces mayor al cotidiano debido a la poca disponibilidad. Situación que puso en riesgo el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Este panorama, detallaron las expertas, lo descubrieron luego de aplicar una encuesta en sus países a más de mil 500 mujeres de entre 15 y 49 años. El acceso a métodos anticonceptivos es “esencial para que las personas disfruten del ejercicio libre de su sexualidad y el control de su capacidad reproductiva sin ningún tipo de obstáculo. Estos métodos deben ser seguros y no perjudiciales para la salud”, declaró la directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilian Abraciskas.
Abraciskas añadió que más de 750 uruguayas manifestaron que una caja de pastillas anticonceptivas costaba 13 veces más al precio usual en farmacias locales, por lo que muchas de ellas no tenían el dinero para comprarlo, otras no poseían la receta porque sus citas médicas fueron retrasadas o la institución de salud suspendió los servicios por la pandemia. Circunstancia que fue peor para las mujeres que se quedaron sin trabajo.
En su opinión esta problemática afectó más a las mujeres porque aún en ellas recae la responsabilidad del uso de métodos anticonceptivos. La encuesta, dijo, permitió saber que una mujer pagó alrededor de 13 dólares (269.83 pesos mexicanos) cada mes para conseguir píldoras anticonceptivas, por ello su organización junto con otras exigieron a su gobierno que los métodos anticonceptivos formen parte de la canasta básica.
“El gobierno emitió un comunicado que los servicios sexuales y reproductivos, entre ellos los métodos anticonceptivos, debían ser atendidos aún en pandemia, pero no hubo una supervisión de ello, y las instituciones médicas no cumplieron este mandato, y las farmacias actuaron sin ningún control”, añadió la también defensora.
Asimismo, la asesora de investigación del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Pluvia Asete Muñoz, señaló que en Perú cerraron al menos 8 mil instituciones médicas públicas por la pandemia, por lo que 52 por ciento de las mujeres que utilizaban métodos anticonceptivos modernos, como el uso del dispositivo intrauterino (DIU) y el implante subdérmico, no pudieron seguir con su tratamiento y revisiones, en consecuencia, su vida estuvo en peligro.
Ante este panorama, dijo, se estima que 56 mil peruanas descontinúen el uso de métodos anticonceptivos modernos y recurran a las pastillas anticonceptivas en las farmacias, sin embargo también enfrentan obstáculos para ello. “La pandemia ha traído diversas consecuencias, como la pérdida de empleo, el aumento de las tareas del hogar y el cuidado de las personas, y el incremento en los gastos: más gel, mascarillas, alcohol, luz, internet; los métodos anticonceptivos pasaron a un segundo plano”, añadió.
Asete Muñoz resaltó que según los resultados de su encuesta, 47 por ciento de las mujeres empleó más métodos anticonceptivos en 2020 en comparación con 2019, por lo que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) documentó que 62 mil peruanas dejaron de utilizar métodos anticonceptivos modernos en lo que va de la pandemia porque ya no podían pagar por ellos.
“Si tomamos en cuenta las dificultades que aún se presentan para acudir a los centros de salud, la disminución de los ingresos de las mujeres, y la variación de los precios de las píldoras anticonceptivas, podemos pensar que miles de mujeres y adolescentes corren el riesgo de perder la capacidad de proteger su cuerpo y su salud”, enfatizó Asete Muñoz.
Por su parte, la coordinadora del área de investigación de Miles Chile, Stephanie Ott Varnava, especificó que en su país los servicios sexuales y reproductivos y el acceso a métodos anticonceptivos disminuyó un 60 por ciento y la atención materna un 15 por ciento, en comparación con 2019 debido a la pandemia.
Además, dijo, más de la mitad de las encuestadas confirmó que hubo un alza en los precios de las píldoras anticonceptivas en las farmacias y no lograron conseguirlas.
En el caso de Colombia, la investigadora de la Fundación Oriéntame, Juliette Ortiz Romero, expresó que hubo un desabasto de píldoras anticonceptivas en su país, ya que la regulación impuesta por el Ministerio de Salud Colombiano era tan restrictiva que las farmacéuticas decidieron no distribuir sus medicamentos, aún en la pandemia.
Por esta razón consideró que no sólo la regulación del precio es un camino a trabajar, sino también que los métodos anticonceptivos sean considerados como esenciales realmente en las instituciones de salud públicas.
En Colombia, agregó, encuestaron a 754 personas, de las cuales 95 por ciento fueron mujeres, de ellas 32 por ciento usaba píldoras anticonceptivas, la mayoría de ellas accedieron a ellas por medio de sus farmacias locales, aunque 91 por ciento tenía seguro social. Frente a este panorama, cuestionó que sería importante investigar el porqué las ciudadanas consideran un obstáculo asistir a una consulta médica para acceder a métodos anticonceptivos en las instituciones de salud públicas.
Las investigadoras y expertas concluyeron que es necesario que los gobiernos de sus países presten atención a esta problemática porque conlleva a otras peores, desarrollen acciones efectivas y supervisen que las instituciones públicas cumplan con sus obligaciones. De no hacerlo, los derechos de las mujeres se verán afectados, la muerte materna y fetal va a aumentar, así como, las enfermedades de transmisión sexual.
