Indira Broca detalló que además los policías no activaron algún protocolo para las menores de edad y utilizaron la fuerza ante la resistencia de las manifestantes, por lo que la detención se realizó en un total desconocimiento de los derechos de las personas.
Ciudad de México (Cimac).- Integrantes de “Marea Verde Totonacapan” exigieron a la policía municipal de Poza Rica Hidalgo, municipio de Veracruz, esclarecer la situación legal y bajo qué motivos detuvieron el pasado 3 de noviembre a cinco mujeres, un hombre y cuatro menores de edad que se manifestaron de manera pacífica en el “Reloj de la 20 de noviembre” en contra de la violencia de género.
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Entre enero y septiembre de 2021, según datos del Secretariado Ejecutivo, se cometieron los siguientes delitos contra mujeres en Veracruz: 62 homicidios dolosos, 55 casos de feminicidio (segundo estado con mayor incidencia en este delito a nivel nacional), 16 secuestros, 9 mil 339 casos de violencia familiar, 368 casos de violaciones, y 364 casos de acoso u hostigamiento sexual.
Las manifestantes llegaron al reloj desde las cinco de la tarde, explicó en entrevista la vocera de “Marea Verde Totonacapan”, Indira Broca, y colocaron carteles con rostros de mujeres, gritaron consignas feministas y lanzaron un líquido rojo hacia el reloj. Razón por la cual, los policías las detuvieron al decir que “cometieron actos vandálicos”, pero el material utilizado era un tinte vegetal, no algo que pudiera causar daños graves a la estructura.
Indira Broca detalló que además los policías no activaron algún protocolo para las menores de edad y utilizaron la fuerza ante la resistencia de las manifestantes, por lo que la detención se realizó en un total desconocimiento de los derechos de las personas. “Arrojar un líquido rojo no es vandalismo. Si fuera como un ácido que haga daño permanente entonces sí habría causales, pero con base en unas fotos fue un tinte vegetal, por lo cual no aplica la detención”, agregó Broca.
Este día, resaltó Broca, van a acudir al lugar donde se llevaron a cabo los hechos a recabar pruebas, pues ella y la colectiva “Marea Verde Totonacapan” están preocupadas por saber si se les imputaron o no cargos a las detenidas y menores de edad y si esta acción “dejará una mancha en su expedientes”, ya que estiman que tuvieron que pagar una fianza para obtener su libertad.
Para Broca, la represión de las autoridades contra las manifestantes y menores de edad fue de “extrañeza”, pues nunca antes lo habían realizado, sin embargo este hecho demuestra que la policía no aplica lo aprendido en sus capacitaciones. “Fue algo muy rápido, pero en 20 minutos la policía comenzó a detenerlas, desconocemos las razones que llevaron a este hecho, pero nosotras vamos a acompañarlas”, enfatizó.
Las integrantes de “Marea Verde Totonacapan” comentaron que las cinco mujeres y las cuatro menores de edad ya fueron liberadas, pero aún se desconoce la situación del hombre, no obstante -afirmaron- que se encuentran al pendiente de lo que suceda y de la respuesta de las autoridades a sus demandas.
En su opinión es necesario que los hechos sean esclarecidos para mostrar que el derecho a la protesta no debe ser reprendido ni vulnerado. “Necesitamos saber qué fue lo qué pasó, qué situación legal quedó con las compañeras, y que no pueden cometer actos de abuso de autoridad, no se puede volver a repetir una situación como esta”, finalizó Broca.
La criminalización de la protesta es una situación que se repite en todo México. El pasado 27 de octubre, diversas de organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado mexicano hace uso indebido de la fuerza, violencia, tortura sexual, acoso, hostigamiento físico y digital contra las mujeres que participan en las protestas feministas.
Tan sólo entre 2020 y 2021, documentaron represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos 10 estados: Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México, por ello pidieron al Estado mexicano abstenerse de estigmatizar las participantes de las protestas y reconocer la legitimidad de sus manifestaciones.
