La diputada Alejandra Novelo Segura presentó ante el Pleno del Congreso de Yucatán una propuesta que contempla reformar el Código Penal, la Constitución Política y la Ley de Salud locales en materia de interrupción voluntaria del embarazo
Mérida, Yucatán / Lilia Balam (Pie de página).- La marea verde llegó a Yucatán: la diputada Alejandra Novelo Segura presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para despenalizar el aborto voluntario. La propuesta contempla reformar el Código Penal, la Constitución Política y la Ley de Salud de la entidad en materia de interrupción del embarazo.
Desde el inicio de la presente Legislatura, la legisladora se comprometió a presentar la iniciativa. De hecho, había prometido hacer la gestión en el mes de noviembre, tras la realización de foros con organizaciones y activistas. Sin embargo estos no se realizaron, según declaró, porque las activistas contempladas para participar tenían agendas complicadas por las actividades de fin de año.
Finalmente esta tarde la diputada morenista presentó ante el Pleno del Congreso la propuesta. Informó que, de acuerdo con los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), del 2000 al 2009 se registraron 10 mil 804 abortos, es decir, mil 80 anuales. Y del 2010 al 2021 fueron mil 407 por año. Casi tres abortos cada día.
La legisladora, sin embargo, no especificó si dichas cifras corresponden a interrupciones voluntarias o a abortos espontáneos. De hecho, datos de la Secretaría de Salud de Yucatán otorgados a través de la Plataforma de Transparencia indican que del 2009 al 2018 solo 11 mujeres interrumpieron sus embarazos bajo los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, es decir, cuando tuvieron embarazos producto de violencia sexual.
“Estos datos son evidencia pura de una problemática que existe: las mujeres y personas gestantes yucatecas practican el aborto –voluntaria o involuntariamente-, estén o no dentro de los supuestos de exclusión de sanción previstos en la normativa penal del estado”, expresó Novelo Segura en la Tribuna, con una pañoleta verde atada a la muñeca.
La legisladora recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó la inconstitucionalidad de penalizar el aborto de manera absoluta y resolvió que las entidades federativas no tienen competencia para definir el origen de la vida humana, por lo cual también es inconstitucional que leyes locales protejan la vida desde la fecundación.
Por ello, invitó a sus colegas a sensibilizarse en el tema e invitó a asociaciones a participar en la discusión de la iniciativa a través de la modalidad del Parlamento Abierto.
“Esta propuesta es una propuesta inacabada […]. Desde mi perspectiva, esta propuesta deberá contar con el mayor consenso posible y no sólo me refiero al que se contempla en el proceso legislativo formal, también convocaremos a las colectivas y organizaciones de la sociedad que han luchado, investigado y trabajado sobre el particular a participar en estricto apego a los principios de parlamento abierto. Esta iniciativa es de todas las personas que estén a favor de los derechos humanos y en contra de la criminalización de mujeres y personas gestantes”, dijo, antes de declarar que la maternidad será deseada o no será, y exigir el aborto legal, gratuito y seguro en el estado.
¿Qué contempla la propuesta para despenalizar el aborto en Yucatán?
La iniciativa contempla modificar el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, para eliminar la protección a la vida desde la fecundación. Como se sabe, dicho lineamiento fue añadido a la normativa local en el 2009. Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal (UNASSE) han explicado que ese tipo de normas otorga personalidad jurídica al feto o embrión, criminaliza a mujeres por sus decisiones reproductivas e incluso por tener emergencias obstétricas, fomenta prejuicios sobre la maternidad y el aborto, y genera desinformación en la sociedad.
De igual forma, se propone reformar los artículos 389, 390 y 391 del Código Penal estatal; con ello se sancionaría a quienes obliguen a mujeres y personas gestantes a abortar sin su consentimiento; y eliminar los artículos 392 y 393, que establecen penas para las mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos.
La propuesta también incluye cambiar el nombre del Capítulo VII de la Ley de Salud local; también el artículo 68 de esa normativa, con el fin de que el Estado garantice el acceso a los servicios de aborto voluntario y les destine los recursos necesarios en el presupuesto de egresos.
Tras la entrega del documento, las diputadas Jazmín Villanueva Moo y Rubí Be Chan, y el legislador Rafael Echazarreta Torres, de Morena; así como el perredista Eduardo Sobrino Sierra, se adhirieron a la iniciativa de Novelo Segura.
Por otro lado, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, el panista Víctor Hugo Lozano Poveda, no quiso pronunciarse claramente al respecto. En entrevista posterior a la sesión, admitió que ya existen precedentes por parte de la Suprema Corte, pero “se deberá a conocer a fondo”, la propuesta.
“A mí me gustaría, en ese caso en particular, hacernos acercanos de la academia, de lo que marca el derecho comparado, de no cometer errores. Porque estamos hablando de vidas humanas, y creo que hay que ir en profundidad y revisar perfectamente cuál es el marco jurídico que debe normar. No adelantar víspera, ni tampoco negar posibilidades, al contrario lo que debemos hacer, en particular en un tema que lleva aparejada la vida humana, es entrar con mucha responsabilidad como Poder Legislativo”(sic), apuntó.
La iniciativa fue turnada a la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso.
