Otra de las consecuencias es en programas dirigidos exclusivamente a disminuir la brecha de desigualdad de género.
Ciudad de México / Nayeli Roldán.- Aunque la Cámara de Diputados aprobó en 2020 un presupuesto de 104 mil millones de pesos para el Anexo 13, el apartado presupuestal que financia los programas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, la Secretaría de Hacienda le recortó 4 mil 152 millones de pesos.
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Eso impactó en sectores como Salud, que tuvo 12% menos presupuesto, y entre los nueve programas dirigidos a mujeres que opera, por ejemplo, “Salud materna, sexual y reproductiva” tenía 2 mil 44 millones de pesos de presupuesto etiquetado, pero solo pudo ocupar mil 611 millones de pesos.
Además, también han desaparecido programas dirigidos exclusivamente a disminuir la brecha de desigualdad de género, entre 2018 y 2021, entre los que se encuentran el Programa de Fomento a la Economía Social, de Coinversión Social, o la sustitución de subsidiar los lugares de cuidado como las estancias infantiles por un programa de entrega directa de dinero que operaba la Secretaría de Bienestar, o la partida para investigar delitos relacionados con delincuencia organizada que ejercía la Fiscalía General de la República.
Los presupuestos, afirma la investigadora feminista de la UNAM, Patricia Rodríguez, significa la pauta económica de un gobierno. “Si un presupuesto tiene o presume de perspectiva de género tiene que visualizarse claramente en cómo está integrado, estructurado, definido”.
Por eso es que la construcción y aplicación del presupuesto es la definición de las prioridades para una administración. “Si por ejemplo, Hacienda dará 13 mil millones de dólares para salvar a Pemex que en cuanto a la producción es pésima y ha tenido pérdidas, ahí se ve claramente el reflejo de la política económica, claramente”, dice Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM.
La alianza Aliada, integrada por CEJIL, Colectiva Ciudad y Género, Equality Now, MIDI y Raíces, sostienen que ha hecho el análisis de la Cuenta Pública y ha detectado que los recortes son una constante, hacen un llamado a que el Anexo 13 “cumpla con el objetivo de ser presupuestos para disminuir las brechas de desigualdad y es necesario contar mecanismo para dar seguimiento al presupuesto”.
Por ello es que proponen la instalación de “mesas interinstitucionales” porque “en este contexto de emergencia que enfrentamos por el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, el aumento de feminicidios, se considera imperativo una revisión urgente de los programas presupuestarios que se incluyen en el Anexo 13 y otros que no están contenidos en él, pero que son fundamentales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.
Otros de los recortes estuvieron en “las entidades no sectorizadas” que tienen partidas específicas de género como en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, y que tuvieron 57%, pues de mil 356 millones de pesos de presupuesto aprobado, solo tuvo a disposición 581 millones de pesos.
La Secretaría de Economía tenía mil 926 millones de pesos, pero le recortaron 466 millones, es decir, 35% de su presupuesto, que solo opera el programa de “Apoyo al emprendedor”.
Elsa Conde, integrante de Mujeres Impulsando la Igualdad (MIDI) explica que esto se trata de un “desfinanciamiento” de la política de igualdad entre mujeres y hombres que ha sido paulatino, no solo en el actual sexenio, pero “con este último gobierno lo que vemos es que, además del desfinanciamiento se suma el desmantelamiento de las instituciones”.
Esto debido a que el 31 de diciembre de 2021, el presidente eliminó por decreto el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) pero sin tener la certeza de cómo funcionará el principal programa que tenía a cargo llamado Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dedicado a financiar las unidades estatales para atender a las mujeres víctimas de violencia en los estados, y el financiamiento a refugios, en un país donde ocurren 11 feminicidios cada día.
Además, no solo hay recortes en años previos, sino que los incrementos presupuestales para 2022 son mínimos, pues la mayoría oscilan entre 3.42% y 3.78%, prácticamente se trata de la inflación calculada en 3.4%. Por ejemplo, el Programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que opera la Secretaría de Gobernación, tendrá 146 millones, un aumento de 3.42%, o sea, solo la inflación y el Programa de Salud materna, sexual y reproductiva tendrá 2 mil 26 millones de pesos, un incremento de 3.78%.
Aunque el Anexo 13 registró un aumento presupuestal histórico, con 75% más recursos para 2022, el aumento está concentrado en los programas sociales prioritarios de esta administración, pues 89% del presupuesto irá a Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida o las becas Benito Juárez, entre otros programas sociales, mientras que las acciones dirigidas hacia las mujeres para disminuir la brecha de género tendrán menos.
