Son casos con similares características que es necesario hacer visibles: GESMUJER
589 asesinatos violentos durante el gobierno de Alejandro Murat
Oaxaca de Juárez / (SemMéxico).– De acuerdo al monitoreo de violencia feminicida del GESMujer, 589 niñas y mujeres han sido asesinadas de manera violenta en la actual administración, 374 desde la Declaratoria de Alerta por violencia de género y siete lamentables casos en lo que va del año.
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Causa una profunda preocupación, que los siete casos de mujeres que han ocurrido en lo que va el mes de enero, son un reflejo de la problemática que año con año se repite, el 43% de las mujeres habían sido reportadas como desaparecidas, lo que nos obliga a cuestionar la correcta aplicación del protocolo de búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, así como la falta de coordinación entre las instancias de procuración e impartición de justicia.
En el 56% los cuerpos de las víctimas fueron localizados en poblados lejanos, en un canal de agua o barranco, mujeres a quienes no solo les arrebataron la vida, sino que en un acto de violencia machista y misógina abandonan sus cuerpos bajo el amparo de la impunidad que prevalece en Oaxaca.
Al concluir el 2021 e iniciar el 2022, dos mujeres embarazadas fueron víctimas de feminicidio, fueron asesinadas de manera violenta y sus cuerpos fueron abandonados, lo que refuerza la urgencia de incorporar la perspectiva de género, tanto a nivel de identificación del nivel de riesgo de violencia feminicida que viven las mujeres durante el embarazo, dado que en esta etapa se agrava la violencia, así como en las carpetas de investigación por el delito de feminicidio.
Conoce el informe en cifras
Es una señal de alarma que, en menos de un mes se hayan presentado dos casos con similares características y que es necesario visibilizar.
La prevención del delito de feminicidio requiere atender la problemática de manera estratégica, pues cada niña y mujer asesinada de manera violenta causa dolor e indignación en las familias y en la sociedad, por ello es urgente que las instituciones realicen el mapeo de los delitos cometidos en contra de las mujeres, particularmente feminicidios, homicidios culposos, violencia sexual, desapariciones de niñas y mujeres y sus tentativas, a fin de focalizar políticas públicas de prevención.
