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El país se pone a la vanguardia de la lucha de las mujeres del continente, que ha vivido un despertar imparable en los últimos años. La decisión de este lunes llenó los alrededores de la Corte de cientos de personas que han celebrado el fallo: “¡América Latina será toda feminista!”. Otros países, como Argentina o México, también rescataron la interrupción del embarazado del estigma, la condena y el rechazo para convertirlo en un derecho de las mujeres en los últimos meses. Pero el delito aún persiste en algunos Estados mexicanos y fuera de las 14 semanas que establece la ley en argentina para el aborto libre. La decisión este lunes en Colombia va más lejos que la argentina al llegar hasta la semana 24. La Corte informó del fallo en un comunicado en el que “exhortó” al Congreso y al Gobierno a legislar y garantizar que la decisión se cumpla en el menor tiempo posible.
Hasta ahora en Colombia convivía el derecho al aborto en tres causales -violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer-, aprobado en 2006, con el delito en caso de interrupción del embarazo fuera de estos casos. Pero en la práctica, la posibilidad de una condena ha frenado el acceso al aborto legal y seguro. En especial entre las mujeres más vulnerables. El miedo a ser denunciadas separó a lo largo de estos 15 años a miles de mujeres de las clínicas legales, incluso encontrándose dentro de las causales. La mayoría de las demandas por el delito de aborto han partido del propio sistema de salud -entre el 59 y el 70% de las denuncias son de sanitarios- lo que siempre mandó un mensaje que se leyó como un “aquí no vengan”, explica Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, una de las organizaciones que integran Causa Justa.
El delito incluido hasta hoy en el código penal apuntaba en dos direcciones: a la mujer y al ejecutor del aborto, lo que generó un rechazo generalizado entre los sanitarios a practicar interrupciones. Entre los años 2006 y 2019, más 5.700 mujeres tuvieron que enfrentarse a la justicia. Las demandantes han defendido a lo largo de estos meses que el delito no protege la vida en ningún caso. Tampoco frena los abortos. Lo que consigue la criminalización es apartar a las mujeres del sistema de salud para buscar métodos o clínicas ilegales que ponen en peligro su vida. Ahora solo será delito después de la semana 24 siempre que no se ajuste a las causales.
Hoy, como hace 15 años, ha sido la justicia quien ha dado respuesta a la lucha del movimiento feminista por imponer el derecho al aborto en la agenda del país. Los sucesivos gobiernos colombianos nunca han entrado de lleno a legislar un tema que ni consideran prioritario ni les resulta beneficioso por la controversia que genera en la calle. Colombia es un Estado laico pero profundamente religioso. Una encuesta de 2017 revelaba que el 97% de los ciudadanos creen en Dios. Las diferentes iglesias, especialmente la católica y la evangélica, mantienen todavía un enorme poder sobre los creyentes, a los que empujan a una lucha sin cuartel contra el aborto. En las manifestaciones de estos meses en contra de la despenalización no era extraño ver a grupos rezando el rosario.
Pero la sociedad también ha cambiado desde 2006, cuando los jerarcas de la iglesia amenazaban con la excomunión a los magistrados de la Corte si votaban a favor del aborto. Hoy apenas un 20% de los colombianos aprueba que las mujeres vayan a la cárcel por abortar. Y aunque los ataques y las presiones en contra de la despenalización han arreciado estos días, incluso para el movimiento feminista ha sido una sorpresa la escasa presencia de los llamados grupos provida. Más numerosas, más festivas y más ruidosas han sido las concentraciones a favor, que en numerosas ocasiones, como este lunes, tiñeron de verde los alrededores de la Corte.
