La inacabada paridad de género en los congresos mexicanos
México / Palmira Tapia Palacios (Forbes).- Uno de los hitos que están transformando el mundo viene envuelto, sin exagerar, en los movimientos feministas. Sin que se logre aún dimensionar el alcance de esta irrupción es cada vez más visible su impacto en la sociedad y el propio Estado.
En México, lo logrado en materia de paridad de género en el ámbito político proyecta un escenario alentador. Esto, si lo comparamos con los pasos de tortuga para erradicar la violencia estructural y cultural de la que han sido sistemáticamente objeto las mujeres en la sociedad mexicana.
En el terreno político, la reforma electoral de 2014 elevó la paridad como principio constitucional. La primera prueba de fuego de esta regla constitucional fueron las elecciones federales intermedias y locales concurrentes de 2015, cuya aplicación detonó, a su vez, nuevas sentencias desde los tribunales, que precisaron y fortalecieron los alcances de esta reforma en materia de paridad de género.
Desde entonces, se han logrado otros cambios constitucionales tendientes a fortalecer la participación de las mujeres en el ámbito público. En el Congreso se han tomado medidas sustanciales como la reforma de “Paridad Total” aprobada en 2019, que obliga la integración igualitaria en los órganos de gobierno e instituciones públicas. De manera similar, la reforma constitucional de abril de 2020 sobre violencia política por razón de género, y que impactó ocho leyes federales, representa una acción fundamental tomada desde el Congreso para diseñar un marco legal que por fin se ocupe de este tipo de violencia.
Desde una perspectiva integral, estas medidas ponen al Estado mexicano en la ruta indicada para vencer las resistencias estructurales a una distribución cada vez más equitativa del poder político, entre hombres y mujeres. Sin embargo, la dosis de optimismo se diluye cuando sometemos a examen si el marco normativo en materia de paridad de género ha provocado un nuevo balance de poder desde la perspectiva de género.
Tomemos el ejemplo de los Congresos, federal y estatales. Los avances sustanciales para lograr una igualdad sustantiva entre géneros en estos espacios de representación parecen haber llegado a un momento de impasse, tal como lo evidencian algunos datos.
El efecto más tangible del marco normativo electoral en materia de género es que en la mayoría de los congresos locales y el federal se ha conseguido una integración paritaria. En contraste, la distribución del poder en el ámbito legislativo local y federal lejos está de seguir una lógica paritaria. Algunos de los indicadores más evidentes son la distribución de las presidencias de comisiones donde diversos estudios advierten que las brechas de género aún persisten. Y ni que decir de las Juntas de Coordinación Política, uno de los espacios más importantes para la negociación y construcción de acuerdos.
Un estudio presentado hace algunos días por Buró Parlamentarioconfirman este escenario: las legisladoras no están participando en los espacios de toma de decisiones. A través de una medición llamada “Índice de Fuerza Política de las Legisladoras” encuentran que, en promedio, a nivel local éste es 37% mientras que en la Cámara de Diputados Federal es apenas del 15%. Algunos elementos de este Índice refieren que solo en 5 de los 32 congresos locales una mujer preside la Junta de Coordinación Política; además, las coordinaciones de los grupos parlamentarios aparecen como los espacios más restringidos para las mujeres, pues del total de líderes de bancada menos del 25% son mujeres.
Estamos en un punto donde la mayor presencia cuantitativa de mujeres en los congresos (como nunca en la historia) no se ha reflejado con igual intensidad en una feminización de los principales espacios de decisión y de coordinación, los que siguen restringidos o de plano cerrados a ellas. El siguiente paso en el largo camino de la paridad política es transformar la presencia femenina en incidencia efectiva.
