Ciudad de México / Angélica Jocelyn Soto Espinosa (Cimac).- Desde 2021 que se creó la Ley General de Educación Superior, las instituciones de educación superior están obligadas a promover medidas para la prevención y atención de todos los tipos y modalidades de violencia, en específico la de género, así como para la protección del bienestar físico, mental y social de sus estudiantes y del personal que labore en ellas; sin embargo son pocas las que han asumido su responsabilidad en la prevención y sanción de esta violencia contra las alumnas de la comunidad estudiantil.
De acuerdo con un diagnóstico que hizo la Secretaría de Educación Pública (SEP) a 521 instituciones de educación superior (de un universo de 5 mil 716 escuelas privadas y públicas), 19 por ciento de las universidades no cuenta con un pronunciamiento de cero tolerancia al acoso y al hostigamiento sexual y 17 por ciento nunca ha impartido un curso de inducción en materia de igualdad de género.
Además, 44.8 por ciento reportó que su proceso de difusión no tiene una perspectiva cultural y lingüística; 31 por ciento no tiene una unidad de igualdad de género o área homóloga; y sólo 166 tienen un registro oficial de casos de violencia contra las mujeres, de acuerdo con lo que dijo la directora general de Educación Superior Universitaria de la SEP, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, entrevistada por Cimacnoticias sobre el papel que ha tomado la dependencia con respecto a la violencia contra las mujeres en las universidades.
La antesala de la Ley General de Educación Superior fueron los paros feministas estudiantiles en las principales universidades públicas del país y en las entidades que iniciaron en 2019 y tras los cuales se lograron cambios en los estatutos generales para reconocer y sancionar la violencia contra las mujeres, la impartición obligatoria de materias con perspectiva de género, expulsión de profesores y alumnos agresores, la creación de protocolos, entre otros logros.
No obstante, la violencia contra las mujeres no se ha detenido. Tan sólo este 2022, los medios de comunicación han dado a conocer casos de desaparición, violación sexual y hasta amenazas de feminicidio al interior de los centros educativos.
Al respecto, Rodríguez Armenta dijo que desde marzo de 2021, la SEP inició una colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres para implementar mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito de educación superior.
Esta colaboración, explicó, tiene el objetivo de garantizar que en todas las universidades del país exista un andamiaje institucional que acompañe las denuncias de las mujeres y no las revictimice.
Rodríguez Armenta –a cargo de las 35 universidades autónomas estatales del país, las universidades de apoyos solidarios y las universidades interculturales, en las que estudian 1.6 millones de mujeres y hombres– no dio cifras sobre la violencia que viven las universitarias actualmente, sin embargo destacó que ahora que existe una ley, las instituciones están obligadas a crear estos mecanismos en cinco ejes específicos: visibilización, desnormalización, prevención, denuncia e investigación adecuada.
Por ejemplo, dijo, actualmente su Dirección, en colaboración con el Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), hacen llamamientos, invitaciones y acompañamiento a las y los rectores para revisar por qué no han adoptado protocolos, pronunciamientos o mecanismos en esta materia y para los casos de violencia más mediáticos, ella se comunica directamente con las y los rectores para revisar cómo los llevarán.
Asimismo, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (organismo no gubernamental que agremia a las principales instituciones de educación superior del país) se iniciaron grupos de trabajo para revisar en conjunto temas vinculados con los derechos de las mujeres.
No obstante, explicó Rodríguez Armenta, existe una propuesta que es revisada por el área jurídica de la SEP para que en el convenio por medio del cual las instituciones universitarias reciben el apoyo financiero de gobierno quede explícito como condición que, para otorgarse, los centros educativos deberán tener adoptados ya los mecanismos para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Actualmente, sin embargo, este convenio ya refiere por escrito que debe respetarse la Ley General de Educación Superior, que enfatiza en ello.
La funcionaria analizó que las universidades son el reflejo de la sociedad, por lo que si hay violencia afuera ésta también se expresa dentro de los recintos educativos, por lo que se requiere que las autoridades estén formadas en materia de violencia, específicamente de las mujeres, que propicien un cambio cultural y de valores, y que identifiquen que la violencia empieza desde el no reconocimiento de las mujeres como productoras de conocimiento.
La Ley General de Educación Superior establece que las medidas que deben tomar las instituciones de educación superior se basarán en diagnósticos y estudios de las actividades académicas, escolares y administrativas para lograr una detección y atención oportuna de los factores de riesgo, violencia y discriminación, con protocolos de atención y servicios de orientación y apoyo de trabajo social, médico y psicológico.
El Estado, por su parte, tiene la obligación por ley de emitir diagnósticos, programas y protocolos para la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia y en el caso de la violencia contra las mujeres, excluir medidas de conciliación o equivalentes; crear instancias con personal capacitado para la operación y seguimiento de protocolos; adoptar medidas para considerar la violencia contra las mujeres como causa especialmente grave de responsabilidad; entre otras acciones.
