El 5 de junio Aguascalientes elegirá entre cinco candidatas a la gobernadora de la entidad. Los debates ponen a prueba las normas sobre la violencia política de género.
Aguascalientes, Ags. / Mónica Cerbón.- Autoridades electorales observan que si éstas se usan contra toda crítica, corren el riesgo de desgastarse y de inhibir la libertad de expresión. Sin embargo la presidenta del Tribunal Electoral local, Claudia Díaz, afirma que los aparentes excesos son parte del aprendizaje al que obliga la aplicación de toda figura jurídica novedosa.
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De las seis elecciones con la gubernaturas en juego, la de Aguascalientes es atípica: las contendientes son únicamente mujeres, con lo que será la primera vez que se elija una gobernadora.
En la boleta electoral del próximo 5 junio aparecerán las candidatas Teresa Jiménez, de la alianza Va por Aguascalientes (PRI-PAN-PRD), Nora Ruvalcaba (Morena), Anayeli Muñoz (Movimiento Ciudadano), Martha Márquez, de la alianza Juntos Haremos Historia por Aguascalientes (PT y PVEM), así como Natzielly Rodríguez, del Partido Fuerza por México.
En este escenario, la violencia política en razón de género se ha posicionado como un elemento clave que, por ser una figura jurídica novedosa, se encuentra aún en construcción y con riesgo de ser mal aplicada en el estudio de los casos. El contexto y el empleo de estereotipos de género son los factores determinantes, coinciden especialistas.
Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, asegura que la entidad se ha convertido en un “foco rojo”, pues en lo que va del proceso se han presentado ocho denuncias, de las que se han integrado 10 carpetas de investigación, la cifra más alta por ese delito en tiempos electorales.
Además, desde el inicio del actual proceso, las candidatas y sus partidos han presentado seis denuncias ante el Instituto Estatal Electoral (IEE). Cinco ya fueron resueltas por el tribunal local, mientras que una se encuentra aún en la etapa de sustanciación. En tres de esas denuncias se logró acreditar la existencia de violencia política en razón de género.
Sin embargo, para Claudia Díaz de León, magistrada presidenta del Tribunal Electoral local, Aguascalientes no sufre un problema grave, sino un proceso de “culturización” de ese concepto, con todos los retos que eso implica.
