Ciudad de México / Diana Hernández Gómez (Cimac).- El pasado 22 de mayo, las autoridades de Monterrey, Nuevo León detuvieron al director del Instituto “Las Brisas” por haber colocado cámaras en los baños de una instalación perteneciente a la escuela. En marzo, otro caso similar en los alrededores del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, Estado de México, sacudió las redes sociales. Estos eventos no son hechos aislados podrían formar parte de una amplia red de delitos de pornografía y explotación sexual infantil en las escuelas de México.
Resulta alarmante que, al hablar sobre el tema, las grabaciones sin consentimiento parecen el primer grado de agresiones en estos espacios. De acuerdo con un reporte de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI), en el 2020, en por lo menos 18 escuelas del país hubo denuncias por casos de violación y otras agresiones sexuales contra menores de edad; en 14 de ellas había cámaras grabando.
El primer caso registrado sucedió en el kínder “Andrés Oscoy”, en la alcaldía Iztapalapa de Ciudad de México: más de 30 niños denunciaron diversas agresiones en 2011 y hubo una sentencia para los culpables cinco años después. Sin embargo, hay otros casos que no se resuelven, uno de ellos es el de la hija de Marcela Alemán.
La impunidad marca las denuncias por explotación sexual infantil en México
Marcela Alemán fue una de las mujeres que inició la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en septiembre de 2020. Su hija fue víctima de abuso sexual en el Instituto “Luis Gonzaga Urbina” de San Luis Potosí, en 2017. En ese entonces, la niña tenía cuatro años.
Inicialmente, Marcela creyó que eran dos profesoras quienes habían abusado de su hija. No obstante, durante la terapia psicológica con la menor se reveló que hubo más implicados. También se descubrió que dichas personas sacaban a la niña de la escuela para abusar de ella en repetidas ocasiones y, a veces, grabar lo que le hacían. A pesar de que se cuenta con pruebas y la hija de Marcela ha identificado a sus agresores, las autoridades no han hecho nada por detenerlos o procesarlos.
De acuerdo con el reporte de la ODI, esta impunidad es una constante en los casos de denuncia por explotación sexual infantil en espacios escolares. La asociación explica que esto se debe, en parte, a que las denuncias individuales se investigan como hechos aislados en lugar de tratarlos como redes de abuso; a esto se suma la falta de métodos adecuados para las declaraciones infantiles y la exclusión de las víctimas en los procedimientos.
El caso de la pornografía infantil
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en pornografía infantil. Según el diario Eje Central, como en el caso de la explotación sexual, la pornografía infantil también es uno de los delitos con mayor índice de impunidad.
Jorge “N”, dueño del Instituto “Las Brisas” en Monterrey, se encuentra en proceso por este delito. En un cateo realizado en su hogar el pasado 27 de mayo se encontraron varios celulares, equipos de computadoras y una cámara fotográfica; el procedimiento legal continuará en los próximos días.
Otro caso también abierto es el de CCH Naucalpan. La institución levantó un reporte frente a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio porque se descubrió que el empleado de una tienda aledaña al colegio grababa a quienes utilizaban el baño del negocio.
Frente a estos hechos, los alumnos del CCH protestaron y destrozaron la tienda en respuesta. Hasta el momento, no se ha dado a conocer más información sobre el tema, no se sabe si hay alguna resolución o si –como en otros casos de pornografía y explotación sexual– será la impunidad la que selle las investigaciones.
