A finales de abril, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas al Código Penal Federal para prohibir y castigar los matrimonios forzados con personas menores de edad. Dichas reformas fueron presentadas por las diputadas priistas Norma Aceves Mejía, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Eufrosina Cruz Mendoza. Ahora, esta última diputada exige que el Senado ratifique la medida para obligar a todos los estados a adoptarla.
Ciudad de México / Diana Hernández Gómez (Cimac).- Eufrosina Cruz Mendoza es originaria de Santa María Quiegolani, un municipio del estado de Oaxaca, donde el matrimonio infantil forma parte de los usos y costumbres en varias comunidades. De acuerdo con la Universidad Intercontinental, otros estados donde se enfrentan situaciones similares son Chiapas, Guerrero y Querétaro.
Fue precisamente ante esta situación que Cruz Mendoza y sus dos compañeras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron las reformas al Código Penal Federal. Gracias a ellas se modificó el artículo 205-BIS de dicho código.
Además de esto se añadió el capítulo IX, “Cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo”, en el octavo título del Código Penal Federal.
Con estas reformas se estableció una pena de ocho a 15 años de prisión, así como una multa de mil a dos mil quinientos días de multa. Además, la pena aumenta hasta una mitad más si la víctima pertenece a alguna comunidad indígena o afromexicana.
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Urge ratificar medida para que sea obligatoria en toda la República Mexicana
Tras la aprobación de la iniciativa propuesta por las diputadas priistas, ahora Eufrosina Cruz pide que el Senado de la República ratifique la medida. Con esto, los congresos de las 32 entidades de la República Mexicana tendrán que modificar sus Códigos Penales Estatales para castigar el matrimonio forzado de menores de edad.
La diputada federal pone énfasis en que esto es urgente, sobre todo, en estados con altos índices de pobreza como Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Yucatán, donde niñas y adolescentes muchas veces son vendidas o cambiadas por animales y otros bienes a conveniencia de sus padres. Lo anterior deriva en diferentes tipos de violencia y embarazos no deseados para las víctimas.
De acuerdo con la organización Save the Children, en México, una de cada 100 niñas de entre 12 y 14 años de edad se encuentran casadas o en unión libre en contra de su voluntad. Esto representa una modalidad de trata que muchas veces tiene fines serviles o de intercambio o compensación.
Homologar las sanciones contra el matrimonio infantil a nivel nacional ayudaría a disminuir estas cifras y a erradicar por completo esta forma de abuso, la cual suele darse en la clandestinidad y vulnera los derechos de las infancias y de las adolescencias en el país.
