El Comité de América y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) se ha pronunciado para manifestar su indignación y rechazo ante la suma de violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Laura Lucía, mujer que tras denunciar por hostigamiento y acoso sexual al director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), fue privada de su libertad señala de cometer fraude dentro de la misma empresa.
La organización para la defensa de los derechos humanos de las mujeres exige la liberación urgente de Laura Lucía, así como la inmediata revisión de la carpeta de investigación que contiene su denuncia en contra del director general de Grupo Mega, para que se determinen las omisiones presentadas en la misma y se sancione a los funcionarios responsables.
México / Dalia Souza.- “Externamos nuestra indignación y rechazo en contra de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de Laura Lucía, quien pasó de ser víctima de acoso sexual a estar privada de la libertad en el Reclusorio Femenil del Estado, por el abuso del poder de la persona a la que denunció y sus influencias” externó a través de un comunicado el Comité de América y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM).
De acuerdo con la organización feminista, los derechos humanos de Laura Lucía en materia de acceso a la justicia, al debido proceso, a la debida diligencia y a vivir una vida libre de violencia le fueron vulnerados por las autoridades que debían protegerla.
Y es que Laura Lucía tomó la decisión de denunciar al director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), su superior jerárquico, por ejercer en su contra hostigamiento, acoso y abuso sexual por cerca de cuatro años, mientras ella se desempeñaba como encargada del área de Gerencia de Alianzas dentro de la misma empresa.
La denuncia por estos actos de violencia de género fue presentada por Laura Lucía en enero de 2022, pero ocho meses después, el 28 de septiembre, fue detenida y señalada por presuntamente cometer los delitos de administración fraudulenta y fraude genérico. Ahora, se encuentra en prisión preventiva, ya que el juez a cargo del caso le negó su derecho a una fianza y a llevar su proceso en libertad, argumentando que podía “fugarse”.
CLADEM reconoce que la violencia que está viviendo Laura “debe parar” y se debe garantizar su acceso integral a la justicia, así como a una investigación a las instituciones señaladas por Laura como presuntos responsables de cometer graves violaciones a sus derechos humanos.
Hay que señalar que Laura Lucía, junto a su representante legal, familiares, acompañantes y organizaciones ha hecho público que durante su detención fue víctima de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Al respecto, CLADEM urge la aplicación del protocolo de Estambul por estos actos.
Entre los eventos que también denunció en una carta dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) es que fue obligada a desvestirse sin una explicación dentro de la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito I; que se le negó el acceso a recibir atención médica tras sufrir un desmayo, producto de no haber recibido agua o alimento durante más de 14 horas posteriores a su detención; de no haber sido informada en tiempo de los delitos que se le imputan; de no tener acceso a una representación legal oportuna; así como de otras violaciones.
CLADEM urge la revisión y observancia de la actuación de la Unidad de Investigación de delitos por Razón de Género y Trata de Personas -adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres-, del sistema penitenciario del estado y del Poder Judicial “deben revisar los parámetros de actuación de su personal que han puesto en la situación de vulnerabilidad y han violentado los derechos humanos de Laura” manifiestan en su pronunciamiento.
“El caso de Laura Lucía es una muestra de la asimetría de poder frente a la justicia patriarcal que se materializa en la violencia institucional que la tiene presa por denunciar a su agresor sexual” expresaron.
De esta manera enlistan nueve exigencias donde demandan la atención inmediata de las autoridades implicadas para garantizar:
- La liberación urgente de Laura Lucía.
- El cumplimiento de las obligaciones del Gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
A la Fiscalía del Estado de Jalisco y su titular Luis Joaquín Méndez Ruíz:
- “La inmediata revisión de la carpeta de investigación denunciada por Laura por el delito de hostigamiento sexual y que se determinen las omisiones presentadas ante la misma, abriéndose las correspondientes carpetas de responsabilidad a los funcionarios que las realizaron”.
Es importante advertir que, las fallas al debido proceso como víctima de violencia de género comenzaron desde que las notificaciones y citatorios para presentarse a declarar fueron enviadas a la dirección de Grupo Mega, pese a que ella había otorgado el domicilio de su abogado para evitar represalias. Dichos documentos nunca llegaron a sus manos y sólo la pusieron en un evidente estado de indefensión.
Además, quienes acompañan jurídicamente a Laura Lucía aseguran que la carpeta por hostigamiento y acoso sexual fue archivada, por ello, se exige a la autoridad judicial a cargo dar seguimiento puntual y garantizar el acceso a la justicia.
Que sean revisados los protocolos de recepción de detenidos/consignados por parte del personal de la dirección del reclusorio femenil a efecto de identificar las prácticas, acciones y omisiones que han violentado los derechos humanos de Laura y que los mismos sean sancionados con los correspondientes expedientes ante la contraloría del estado.
A la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y a su titular Paola Lazo
Que coadyuve en la plena garantía de los derechos humanos de las mujeres de manera transversal en este caso.
Al Consejo de la Judicatura
Que se realice una investigación del actuar de las autoridades judiciales en el presente caso y de identificar omisiones y acciones contrarias a derecho, se lleven a cabo las gestiones necesarias para la sanción y corrección correspondientes. Sin olvidar que se proporcione a la víctima y a su familia apoyos psicológicos y legales necesarios.
Al Poder Judicial del Estado de Jalisco, al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, Daniel Espinosa Lincón
Que se haga una revisión de la actuación del juez de la causa que lleva la carpeta administrativa presentada por la empresa, tendiente evaluar su actuación respecto a la utilización de la jurisprudencia 22/2016 en el caso y de encontrar omisiones o acciones contrarias a derecho se procesa a sancionar.
Finalmente, en el comunicado, la organización también urge:
Que se garantice la seguridad y los derechos humanos del menor hijo y familia de Laura, mediante la garantía del derecho superior de la niñez.
Y la aplicación de la perspectiva de género y derechos humanos para garantizar su acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño.
A este pronunciamiento también se ha sumado el Colectivo Fortaleza en Jalisco, mismo que reclama “Libertad inmediata para Laura”.
