México / Eréndira Aquino.- La violencia comunitaria y la de tipo sexual son los motivos principales por los cuales niñas y adolescentes migran de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y México, aun cuando el contexto de movilidad conlleva el riesgo de ser víctimas de agresiones en el camino rumbo a Estados Unidos.
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De acuerdo con el informe Mujeres adolescentes migrantes en crisis, realizado por la asociación Plan International, la causa para dejar sus países que más reportaron las niñas y jóvenes de hasta 15 años fue la violencia en su comunidad de origen, que en El Salvador fue de 45%, en México y Honduras fue de 40% y en Guatemala de 34%.
La segunda causa mencionada fue la violencia sexual y de género, que fue de 18.4% en Guatemala, 12% en Honduras y 5% en El Salvador.
En las entrevistas realizadas por Plan International, 60% de las adolescentes mexicanas mencionó que migra por ambos motivos, violencia comunitaria y sexual. En el caso de las jóvenes guatemaltecas fue 28.9%, y en Honduras y El Salvador fue 20%.
“Para nosotros no hay nada”
Los testimonios recogidos por la asociación dan cuenta de las situaciones que orillan a familias y jóvenes a huir de sus comunidades, principalmente porque no hay posibilidades de que obtengan un empleo (45.7%), la dificultad de acceso a la educación (11.7%), la situación de inseguridad (7.4%) y la posibilidad de sufrir violencia sexual (6.4%).
Las familias salen de sus países con la idea de que en EU encontrarán mejores oportunidades laborales y educativas, aun cuando saben que el camino para llegar hasta allá está lleno de peligros. Por ello, incluso llegan a vestir a las niñas como hombres o las hacen tomar anticonceptivos al iniciar el viaje para prevenir embarazos por la posibilidad de sufrir una violación.
Las jóvenes expresaron su deseo por continuar estudiando, a pesar de haber tenido que abandonar la escuela de su lugar de origen. No obstante, señala el informe, “existen dificultades burocráticas que afectan el acceso a la educación para los estudiantes que migran, lo que implica la gestión de documentos y trámites legales”.
Una adolescente de 17 años, de origen hondureño, contó a Plan International que su mamá intentó inscribirla en un colegio fuera de su país sin éxito. “No tengo mis papeles”, dijo, y añadió que le aseguraron que esa será una problemática a futuro en cualquier parte donde pretenda continuar con su educación.
Al respecto, la asociación civil Iniciativas para el Desarrollo Humano (Idehu), con sede en Tapachula, Chiapas, explicó a Plan International que, aunque las autoridades realizan esfuerzos para conseguir que algunas escuelas abran espacios especiales para niñas y niños migrantes, el problema “es que la población es flotante y ello impacta tanto en los materiales como en la planeación de actividades. Algunos planteles han aceptado, sin embargo, los documentos que piden no los tienen, y eso es otro obstáculo”.
Es por ello que, a menos de que consigan regularizar sus documentos, la única opción que tienen es la educación informal que proveen algunos albergues, aunque, según el testimonio de una joven de 15 años, “son solo juegos y canciones, para nosotros no hay nada”.
En el caso de las jóvenes que retornan a sus países de origen —voluntaria o involuntariamente—, las posibilidades de que puedan reinsertarse de manera estable a la educación formal son muy limitadas, por falta de programas con un enfoque psicosocial que apoye a quienes están en esta condición, y porque generalmente la prioridad de las adolescentes es la generación de ingresos o la participación en las labores del hogar, indicó Plan International.
El 40.4% de las adolescentes migrantes reportó a la asociación que llegó a estudiar hasta el nivel bachillerato, 23.4% llegó hasta la secundaria y 17% solo estudió la primaria. El 19% de las jóvenes llegó hasta nivel universitario.
“La situación está empeorando”
En entrevista con Animal Político, Débora Cobar, directora ejecutiva regional para América Latina y El Caribe de Plan International, señaló: “Lastimosamente, no es que vaya a haber menos migración; al contrario, estamos viendo que están migrando más y más niñas; entonces, lo que tenemos que aumentar es la respuesta y el apoyo, porque muchas veces están solas”. Sin embargo, afirmó que el problema ha sobrepasado la capacidad de respuesta de los distintos gobiernos. “Niñez no es un tema que llama la atención de las autoridades y los recursos son escasos; entonces, aunque haya buenas intenciones de los funcionarios, no hay presupuesto suficiente para apoyar las necesidades de las niñas que están en tránsito”.
En apoyo a las niñas y jóvenes que se encuentran en situación de movilidad en la región, Plan International lleva a cabo acciones educativas y de ayuda humanitaria en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
“Camino protegido y Pasos protegidos son dos proyectos que hemos trabajado a nivel de Centroamérica y México. Plan International trabaja a nivel comunitario, a nivel preventivo, con educación para niñas y prevenciones de violencia, pero también en el tránsito apoyamos con respuesta humanitaria, desde los derechos sexuales y reproductivos y atención de salud por las situaciones que enfrentan en el camino, incluso damos atención psicosocial y estamos apoyando cuando regresan a sus países para la reinserción en sus comunidades”, detalló Cobar.
“Nuestra preocupación es que la situación está empeorando, y desafortunadamente sigue siendo un problema invisibilizado en América Latina, entre otras situaciones como la guerra en Ucrania. No nos damos cuenta de la crisis que se está dando acá; entonces, siento que tenemos que hacer más esfuerzos por trabajarlo”, concluyó.
Las recomendaciones
En este contexto, Plan International emitió recomendaciones dirigidas a los gobiernos de los países con flujos migratorios en Centroamérica, entre ellas, un sistema educativo con un enfoque integral e inclusivo, que abarque la educación sexual y cuente con profesores formados y sensibilizados sobre las distintas violencias que enfrentan las adolescentes. También les pidió diseñar e implementar programas de reincorporación al sistema educativo más flexibles, que contemplen el efecto de la migración en la trayectoria escolar y que favorezcan la participación de las jóvenes en los entornos estudiantiles, para reforzar su vínculo con el espacio, mismo que deberá contar con protocolos de prevención y atención de violencia social y/o por razón de género.
A las autoridades migratorias les recomendó formular programas y destinar presupuesto para fomentar la cohesión social en los procesos de reinserción de adolescentes en sus comunidades de origen, así como para la eliminación del estigma hacia las poblaciones en contextos de movilidad.
A la sociedad civil, le pidió plantear diagnósticos para seguir profundizando en los motivos y contextos de vulnerabilidad de mujeres adolescentes dentro y fuera de sus países, y visibilizar el fenómeno del desplazamiento.
Asimismo, le recomendó establecer estrategias conjuntas con los gobiernos para garantizar la protección y el acceso a justicia de las mujeres adolescentes en contexto de movilidad, y reforzar la sensibilización del personal migratorio y de albergues.
