Las mujeres indígenas demandan el cumplimiento total de sentencia SG-JDC 261/2022 para la legislación de derechos políticos-electorales (así como la participación y representación política) de los pueblos y comunidades indígenas en Baja California. Esto, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fallara en favor de dichas comunidades.
Desde hace cuatro años, mujeres indígenas, los pueblos y comunidades que integran la Asamblea Comunitaria de Pueblos y Comunidades Indígenas en Baja California han exigido al Congreso del estado cumplir una sentencia del Tribunal Electoral local y legislar en favor de la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas. Pese a diversos recursos legales que se han interpuesto, el Congreso de Baja California no ha tomado acciones al respecto, por lo que la participación política de los pueblos indígenas en Baja California está en riesgo.
Las mujeres indígenas demandaron y lograron un fallo del TEPJF en la Sala Regional Guadalajara después de más de cuatro años de defensa y ejercicio de sus derechos a través de recursos de inconformidad y juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano. Es en la sentencia definitiva SG-JDC-261/ 2022 donde se ordenó al congreso local realizar la Consulta Libre Previa e Informada a los Pueblos Indígenas para posteriormente escuchar las propuestas por parte de las comunidades indígenas sobre sus formas propias de participación y representación políticas. Esto, con el objetivo de recabar propuestas para una legislación conforme a la demanda de los pueblos y las mujeres.
Entre las personas defensoras que han impulsado este reconocimiento se encuentran indígenas triquis, mixtecas, cucapáh, entre otros pueblos. No obstante, las respuestas del Congreso de Baja California no han sido favorables a los intereses comunitarios, colectivos y organizativos de las comunidades indígenas. Por el contrario: dicho órgano vulneró los derechos político-electorales al no cumplir las órdenes del TEPJF.
Autoridades de Baja California llevan cuatro años sin cumplir sentencia del Tribunal Electoral
El 21 de diciembre de 2018, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California emitió una sentencia a partir de un recurso de inconformidad. En esta sentencia ordenaba la armonización legislativa local con el artículo 2o de la Constitución mexicana, el cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación ejercida en un marco constitucional de autonomía. La orden del Tribunal de Baja California era legislar a favor de la participación y representación política de los pueblos indígenas en igualdad de condiciones.
Esta primera sentencia, sin embargo, no fue atendida por el congreso local del periodo de 2018. Después vino un segundo recurso jurídico promovido por mujeres y jóvenes indígenas profesionistas, así como defensores de derechos de los pueblos. Dicho recurso fue un Incidente de Inejecución de Sentencia interpuesto en agosto 2020. Nuevamente se falló a favor de los pueblos indígenas en septiembre 2020, pero la legislatura 2019-2021 siguió sin acatar la medida.
Ya en septiembre de 2022 se promovió un tercer recurso jurídico fue promovido en el mes de septiembre 2022 debido a que aún no se había cumplido con la sentencia y estaba por llegar la fecha límite del proceso electoral 2020-2021 para que el congreso implementara una consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas. A raíz de esta consulta se escucharían y presentarían las propuestas por parte de las comunidades indígenas sobre sus formas propias de participación y representación políticas.
El congreso local de Baja California no solo no acató la medida sino que impugnó en contra del fallo a favor de las comunidades por el Incidente de Inejecución de Sentencia. Las mujeres indígenas acusan que el congreso hizo esto con «total intención de no cumplir, lo cual significó omisión, discriminación, violencia institucional e inseguridad para las mujeres incidentistas debido a que se han realizado viajes de largo trayecto, desgaste económico para la defensa de los derechos». También mostró la «nula atención y comunicación por parte de las y los integrantes del congreso para el seguimiento y cumplimiento de la sentencia hacia los pueblos y mujeres indígenas», denunciaron las mujeres en su comunicado oficial.
Ante estos hechos, las mujeres indígenas, los pueblos y comunidades que integran la Asamblea Comunitaria de Pueblos y Comunidades Indígenas en Baja California demandan lo siguiente a través de un comunicado oficial: Primero, que se convoque a una mesa técnica de seguimiento con las y los embajadores que fueron electos en las jornadas consultivas para el cumplimiento de las sentencias obtenidas hasta ahora.
En segundo lugar instan al congreso local a retomar todas las propuestas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para la presentación de un Proyecto de Dictamen e Iniciativa de reforma constitucional que favorezca de manera significativa sobre los derechos políticos-electorales a la participación y representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos más allá de la igualdad sustantiva.
Tercero: hacen un llamado al congreso local, a todas las mujeres legisladoras, particularmente a las diputadas indígenas que llegaron gracias a las luchas de las mujeres y los pueblos indígenas defiendan esta lucha que permitirá seguir dejando precedentes para el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades en Baja California. En cuarto lugar, demandan que deben ser impostergables las legislaciones y reformas constitucionales para una participación política efectiva hacia la representación de los pueblos indígenas y afromexicanos.
«Alto a la violencia institucional, criminalización de las mujeres y pueblos que defienden sus derechos. Cero tolerancias a la discriminación, alto al racismo institucional, cero tolerancia y sanción a la suplantación y usurpación de las identidades de las mujeres indígenas y de los pueblos. NUNCA MÁS SIN LAS MUJERES INDÍGENAS. NUNCA MÁS SIN LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS. HASTA QUE LA DIGNIDAD SE NOS HAGA COSTUMBRE.»
ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN BAJA CALIFORNIA
Presupuesto y libre determinación, puntos pendientes por legislar en el Congreso de BC
En su comunicado, las mujeres indígenas proponen al Congreso de Baja California legislar puntualmente sobre estos asuntos:
- Reconocer a la asamblea general u otras instituciones colectivas de decisión como la autoridad máxima. Esto es garantizar los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas a la participación y representación política por la vía de los sistemas normativos indígenas mediante sus asambleas comunitarias. Dichas asambleas son la máxima autoridad de los pueblos para proponer y elegir a sus representantes en los poderes legislativos y ayuntamientos y a nivel federal.
- El derecho de determinar libremente su forma de organización y funcionamiento, de conformidad con los sistemas normativos y las especificidades culturales de los municipios y comunidades que las integren.
- La legislatura de la entidad federativa y los ayuntamientos establecerán las partidas específicas para las comunidades indígenas y afroamericanas en los presupuestos de egresos que aprueben. También se deben establecer formas y procedimientos para que los pueblos y comunidades indígenas las ejerzan y vigilen.
Por otra parte, la Asamblea Comunitaria de Pueblos y Comunidades Indígenas en Baja California también solicita especial atención en la protección de los derechos de las mujeres en sus comunidades. Al respecto, piden al Congreso legislar en los siguientes aspectos:
- Garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en el ejercicio de todos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural; así como su derecho a la representación política.
El derecho de las mujeres al acceso a la justicia; a la participación política y a ser electas en cargos de representación en todos los ámbitos y niveles de gobierno; a su participación en los procesos de desarrollo comunitario; a la protección integral de su salud; al acceso a la educación en los distintos ámbitos y niveles; y, en general, a sus derechos políticos, sociales, económicos, culturales.
Finalmente, la Asamblea pide legislar sobre materia de representación y participación política en general:
- Participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión nacional, de las entidades federativas y municipales.
- A elegir a sus autoridades o representantes de acuerdo con sus normas, procedimientos, principios e instituciones; así como a participar en la vida política, económica, social y cultural; y a tener representación política, de conformidad con sus sistemas normativos y especificidades culturales, ya sea como comunidades o a través de la asociación de éstos. Igualmente, que estos principios sean reconocidos por el Sistema Político Electoral Mexicano.
- El derecho a postular y solicitar el registro de candidaturas independientes de personas pertenecientes a dichos pueblos.
- El Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales deben garantizar el respeto de sus sistemas normativos político electorales, así como la promoción e implementación de sus derechos político electorales.
- A contar con representación política en legislaturas estatales y ayuntamientos, de conformidad con la composición multiétnica y pluricultural y atendiendo a sus propios principios y procedimientos.
- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá garantizar sus derechos político electorales, así como el respeto a sus sistemas normativos particularmente por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.
Los pueblos señalan que la lista es amplia, pero mientras no haya respuesta del Congreso, todos los trabajos quedarán frenados.
