Tuxtla Gutiérrez / Isaí López.- El Congreso del Estado de Chiapas ha aprobado una reforma a la Constitución Política del Estado que busca impedir que violadores, acosadores y deudores alimentarios puedan ser candidatos a puestos de elección popular en las elecciones de 2024. La reforma fue respaldada con 32 votos a favor en una sesión extraordinaria presidida por la diputada Sonia Catalina Álvarez.
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La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, la diputada Elizabeth Escobedo Morales del partido Mover a Chiapas, explicó que esta reforma introduce la adición de la fracción VI al artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Chiapas en lo que respecta a la suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público.
Según la diputada Escobedo Morales, la reforma establece que las personas condenadas por violencia de género, incluyendo violencia doméstica, acoso sexual y deudores alimentarios morosos, no podrán ocupar cargos públicos o de elección popular, siempre y cuando tengan una sentencia firme de un juez. Para ello, las víctimas deberán presentar denuncias y los partidos políticos serán responsables de no registrar a candidatos con antecedentes de violencia.
Esta iniciativa se basa en la armonización de la legislación local con la legislación federal, ya que hace más de un mes se aprobaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 38, que permiten la elaboración de un padrón a nivel nacional de personas condenadas por violencia de género.
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Además de esta reforma, también se aprobó una enmienda a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Igualdad para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Esta enmienda busca sancionar la violencia digital y mediática, y autoriza al Ejecutivo estatal a destinar mayores recursos públicos para combatir todo tipo de violencia hacia las mujeres.
La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Floralma Gómez Sántiz, celebró la aprobación de esta reforma como un avance importante en la protección de los derechos de las mujeres. Por su parte, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano de Morena destacó que esta medida es el resultado de un esfuerzo conjunto y busca garantizar la presencia de personas honestas en los cargos públicos y puestos de elección.
Enriqueta Burelo Melgar, miembro de la Red por la Paridad Efectiva y del Colectivo 50+1, señaló que aunque las reformas federales podrían ser suficientes, es necesario que en Chiapas se apruebe la «3 de 3» para contar con un marco legal sólido que promueva la denuncia y prevenga la presencia de candidatos con antecedentes de violencia en los procesos electorales.
Con esta reforma, se busca crear un padrón electoral de personas condenadas por violencia de género, que estará a cargo del DIF estatal, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior del Estado de Chiapas. Este padrón será utilizado durante el registro de candidatos en las elecciones para asegurar que no se permita la participación de aquellos con antecedentes de violencia de género.
