Ciudad de México / Lizbeth Ortiz Acevedo.– Luego de la entrada en vigor de la conocida reforma “3 de 3 contra la Violencia” que busca que las personas violentadoras no puedan ocupar cargos públicos, el reto del Instituto Nacional Electoral (INE) es emitir los Lineamientos para garantizar y revisar que las personas candidatas no estén en ninguno de estos supuestos: personas deudoras de pensión alimenticia, agresores sexuales o que hayan cometido violencia familiar y esta semana es clave para cumplir con lo establecido en el calendario publicado de forma previa por la misma institución, es decir, tendrían que hacerlo público este 5 de octubre.
Así lo afirmó la Consejera Carla Humphrey Jordan durante la Jornada sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad Sustantiva, realizado en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (UDG).
Además, enfatizó que estos lineamientos deben obligar a que los partidos políticos nacionales y locales revisen que las y los candidatos que postulen no estén en estos supuestos y atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
La Consejera del INE, Claudia Zavala, informó que, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ya están incluidas hasta el 29 de septiembre: 353 personas, ocupando el primer lugar Oaxaca, con 114 casos; Veracruz, con 42; Tabasco, con 29, y Chiapas, con 22. En el caso de Jalisco dijo que se tienen cinco registros.
Al impartir la Conferencia Magistral 3 de 3 contra la Violencia, Humphrey, destacó que esta reforma es una obligación de cumplimiento inmediato puesto que ya está en la Constitución y el hecho de que no haya una legislación secundaria, no es ningún impedimento para aplicar el texto constitucional.
Otro reto para la implementación de la 3 de 3 contra la Violencia es tener instancias de justicia integradas paritariamente para resolver estos asuntos; impartir cursos de sensibilización, así como tener órganos que asesoren a las mujeres respecto del ejercicio de sus derechos políticos y electorales y las vías por las cuales pueden defenderlos, subrayó la Consejera.
Carla Humphrey añadió que el tercer reto consiste en hacer una ponderación entre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la presunción de inocencia de la persona acusada. “Aquí creo que hay que avanzar mucho más en esta ponderación para ver claramente dónde estamos situando a las mujeres, si les estamos pidiendo sentencias firmes” en la aplicación de la 3 de 3 contra la Violencia.
El cuarto reto para el INE es seguir visibilizando la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, “no solamente en sesiones del Consejo General o en los informes que se presentan en cada sesión ordinaria, sino en foros como éste”, consideró.
Finalmente, llamó a poner especial atención en el aumento -de más del 33 por ciento- de la violencia digital y mediática en las denuncias que presentan las mujeres por VPMRG. Al respecto, exhortó a buscar mecanismos para mapear, combatir y sancionar este tipo de violencia.
