Ciudad de México.- Al menos la mitad de los más de 20 mil cargos en juego durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024 y concurrentes deben recaer en candidaturas de mujeres, por lo que el reto para partidos políticos y autoridades electorales es garantizar su participación libre de violencia y el ejercicio de sus cargos sin presiones, sobre todo en los municipios, donde ocurren 70 por ciento de los casos, señalaron consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE).
En conmemoración por los 70 años del voto femenino las consejeras reconocieron que, si bien en esta distancia se han logrado derribar barreras en torno de la participación de las mujeres en la política, todavía “hacen falta muchas cosas por lograr, y una de ellas es el cambio sociocultural, que es el que lleva más tiempo” para eliminar una cultura patriarcal y discriminatoria.
Durante el foro “Los derechos de las mujeres: Más allá del sufragio en su septuagésimo aniversario”, la consejera Carla Humphrey Jordan señaló que en las elecciones del año 2024 se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular y que, por disposición constitucional, al menos la mitad tienen que ser ocupados por mujeres.
El reto, dijo, no solo es incrementar la participación política de mujeres en estos comicios, sino “garantizarles que no sean violentadas por querer ocupar un cargo público, que sepan que pueden ocupar cualquiera de esos espacios, y posteriormente que puedan ejercer el cargo y que cuentan con herramientas para denunciar cualquier tipo de violencia”.
La consejera Humphrey Jordan advirtió que más del 70 por ciento de los casos de violencia política surgen en el ámbito municipal y “es aquí donde tenemos una deuda muy importante y donde tenemos que trabajar de la mano de los municipios, para garantizar que las mujeres no sean violentadas por querer ocupar un cargo público”.
En la elección más grande que se realizará en el país, la consejera electoral consideró importante tener herramientas para que las mujeres puedan defender sus derechos político-electorales; por lo que indicó que ya se trabaja en una defensoría de mujeres víctimas de violencia política.
Participación de mujeres en condiciones de igualdad y libres de discriminación
Por su parte, la consejera Dania Ravel Cuevas estableció que uno de los retos del INE es propiciar la toma de medidas en el ámbito municipal, donde el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), tiene inscrito el 72 por ciento de los casos de violencia política.
Por ello, agregó, el Instituto, con la confluencia de los Organismos Públicos Locales Electorales, ha hecho la presentación de un Protocolo Modelo para la atención de primer contacto con víctimas, así como para la identificación de factores de riesgo en los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Otro reto en el PEF 2023-2024, prosiguió, será hacer efectiva la Ley 3 de 3 contra la violencia, con la cual “tenemos que evitar que personas que hayan atentado contra la vida y la integridad corporal de una mujer, contra su libertad y seguridad sexual; que hayan violado su intimidad sexual o hayan cometido el delito de violencia política contra ellas en razón de género, o sean personas deudoras alimentarias morosas”, lleguen a cargos públicos o puestos de elección popular.
Puntualizó que se deben tomar las medidas para que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad y libres de todo tipo de discriminación, “porque somos más de la mitad de la población y sin nosotras no hay democracia”.
Urgente llamado a construir una pedagogía de género
Finalmente la consejera Claudia Zavala Pérez manifestó que uno de los principales retos en el ámbito electoral es que el RNPS, así como la Ley 3 de 3, no sean considerados “como elementos meramente decorativos de nuestra legislación”.
Es urgente construir, añadió, una ética pública de respeto y reconocimiento a la mujer, no sólo en el terreno público, sino también en el privado, “de modo que las reglas y acciones institucionales que se han puesto en marcha para lograr la paridad legislativa, disminuyan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres que ejercen la actividad pública”.
Por lo que hizo un llamado a construir una pedagogía de género, a partir de la apropiación de la perspectiva de género como eje renovador de la ética pública, y “como el ingrediente definitorio de nuestra forma de hacer política y que ha permitido el posicionamiento de temas que antes no se discutían en la agenda pública y ahora están impulsando la construcción de una nueva sociedad”.
