Deportaciones masivas, Remain in Mexico, Título 42, aplicación CBP One, políticas que han empujado a la permanencia de mujeres migrantes en México, donde libran una batalla por sus derechos
Por Alicia Fernández
Ciudad de México.- Elizabeth celebró los seis años de su hijo Wilma Gerardo sobre un tren de carga que atraviesa por el desierto de Chihuahua, luego de recorrer miles de kilómetros desde su natal Venezuela para llegar a la frontera de México con Estados Unidos.
Va sentada junto a su esposo mientras escucha al niño decir que nunca olvidará este día. De regalo por su cumpleaños recibió un dulce y un carrito de plástico, y se ha inventado un cuento cuya protagonista es ‘la princesa desfachatada’, quien es su nueva amiga y acompañante de vagón que también viaja con su familia y tiene la misma edad que él.
Sostiene a su niño acurrucado con sus brazos sobre su pecho. Han pasado tres días en ese tren tan sólo en la ruta Torreón-Ciudad Juárez, un par de días más la pasaron en otro tren, solamente tienen agua para beber, no hay comida, están a la intemperie y resienten el clima seco y el sol. Ella, su hijo y su esposo están enfermos.
“Empezó a botar sangre por la nariz, dolores de cabeza, ganas de vomitar, fiebre, pero fiebre del sol y por la lluvia que nos toca (durante la travesía)”, lamenta Elizabeth mientras sostiene a Wilma, a quien nunca imaginó criar sobre vagones de trenes.
Ella está embarazada de tres meses, casi cuatro, y eso la hace sentirse más mal, dice la mujer que lleva meses en trayecto, sobre combis, caminando y en trenes de carga.
Un día antes de iniciar su travesía por el desierto en la ciudad de Chihuahua, un operativo que incluía a la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Instituto Nacional de Migración intentó persuadirlos para que bajaran del vagón en el que al menos mil personas viajan rumbo a Ciudad Juárez, por donde buscan cruzar a Estados Unidos.
Algunas de las personas migrantes bajaron y se dividieron para volver a abordar otros dos trenes, el tren en donde viaja Elizabeth con su hijo y su esposo sigue su travesía, pero avanza muy lento. Se detiene por horas en cuatro puntos de la ruta por lo que los migrantes pasan la noche fría y el día soleado sobre los vagones del ferrocarril.
Junto a la mujer y familia viajan también unas 400 personas en movilidad, en su mayoría mujeres, papás y mamás con niños, madres solteras y embarazadas. Entre una de estas mujeres está Nicole, también de Venezuela, quien tiene nueve meses de embarazo y le urge llegar a la frontera para entregarse a las autoridades estadounidenses antes de empezar la labor de parto.
Los techos de los trenes están cubiertos de fierros y tornillos industriales, todos se alertan de los riesgos de tropezar, una caída desde la parte alta del vagón en movimiento puede ser mortal, por lo que algunas mujeres amarran a sus hijos e hijas a estos fierros para que no corran riesgo de caer.
Al llegar a Juárez descienden del tren y siguen el camino a pie. Elizabeth y su familia caminaron por algunas horas rumbo a la puerta 36 del muro fronterizo de fierro instalado por el gobierno estadounidense en su frontera con México, hacia donde los cientos de migrantes se dirigen al bajar del ferrocarril para entregarse a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Elizabeth dice que llegar a esa puerta representa una posibilidad de atención médica para Wilma, quien padece de ataques epilépticos que no pudieron ser atendidos en Venezuela.
En el lugar les espera un río contaminado, un alambre doble de púas instalado por la Guardia Nacional de Texas, soldados que buscan alejarlos de territorio estadounidense; mientras que en el bordo del lado mexicano hay decenas de agentes de Migración y de la policía de Ciudad Juárez que buscan persuadir a los migrantes de no cruzar.
Lo que vive Elizabeth y decenas de mujeres extranjeras que viajan con sus hijos e hijas, de distintas edades es considerada la más reciente crisis humanitaria relacionada con personas en movilidad porque muchas de ellas se quedaron varadas en el trayecto. Ferromex, empresa ferroviaria del Grupo México, había suspendido operaciones de decenas de trenes de carga con rutas hacia el norte del país para evitar que los migrantes subieran.
Miles de personas en movilidad se quedaron paradas en diferentes puntos del país, donde consumen sus limitados recursos y se quedan sin dinero para comer, duermen a la intemperie y son víctimas de la violencia, de enfermedades con poco acceso a servicios de salud, así como del peligro de sufrir delitos, lo que ha sido documentado por organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
De enero de 2018 a agosto de 2023 se registraron mil 473 delitos cometidos en contra de mujeres migrantes, de acuerdo con datos compilados por IMUMI, las cifras del Instituto también exponen que las mujeres migrantes son quienes más sufren delitos relacionados al género, como violaciones, el 75 por ciento de este delito se comete en contra de mujeres en movilidad. Aunque esos números pueden sumar más, pero existe un subregistro ya que las víctimas temen denunciar ante las autoridades porque desconocen sus derechos y buscan evitar cualquier riesgo de deportación.
Ángeles Roque, coordinadora del área de psicología de la organización Alternativas Pacíficas, que se dedica a dar atención a mujeres migrantes en Matamoros, Tamaulipas, en colaboración con el ACNUR, menciona que de enero a junio de 2023 han atendido alrededor de 150 mujeres de las cuáles el 50 por ciento ha referido alguna agresión sexual, sin embargo, ella considera que este número es menor a la realidad.
Menciona que en muchas ocasiones los aspectos culturales son determinantes al momento de comunicarse con mujeres en situación de movilidad y proporcionarles servicios de salud.
“Las mujeres de Haití luego necesitan generalmente una persona que funge como traductor o traductora y entonces el hablar de una agresión sexual con un intermediario puede impactar mucho”, comenta Ángeles.
Señala al lenguaje como una de las barreras para que mujeres de países como Haití puedan solicitar servicios de salud y expresar sus necesidades, además de factores culturales.
“Ellas evitan hablar de este tipo de agresio nes porque son señaladas, nos han referido que pueden ser abandonadas por su pareja… Y bueno, esto implica también que la pareja se lleve a sus hijos o hijas”, asegura la psicóloga.
Con esta información coincide Aracely Pineda, de la organización Pro Salud, que atiende a población migrante y cuenta con un programa específico de salud sexual y reproductiva de mujeres en situación de movilidad en Tijuana, Baja California.
Aracely comenta que vivieron una situación en donde mujeres embarazadas de Haití en Tijuana tenían miedo de asistir a consulta “porque tenían un mito entre ellas que cuando se las llevaban al Hospital General regresaban ya sin bebé, entonces ellas decían que al hacerles ultrasonido y llevarlas al doctor les mataban al bebé”.
Lo que ocurre es que los bebés fallecen por algún problema de salud, como por infecciones por hongos o por bacterias, que no se atendieron en el trayecto, explica Aracely. Algunas de ellas incluso desconocían su embarazo y cuando sintieron los dolores ya habían tenido abortos espontáneos
Daphney tiene 32 años y se encuentra en un campamento improvisado en una gasolinera en las calles de Matamoros, Tamaulipas. “Cada martes y jueves tenemos a los Médicos Sin Frontera aquí, yo hice una prueba de embarazo y salió positivo”, comparte.
Viaja con su esposo y sus dos hijos, no quería tener un hijo más pero tampoco quiere perderlo y se encuentra en una situación confusa porque los Médicos Sin Fronteras le proporcionan atención básica, sin embargo, ella padece hipertensión y requiere visitar a un especialista, pero no tiene dinero y no confía en los servicios de salud pública en México.
“Tengo a una amiga que estaba embarazada y fue a ver los médicos, en México hay varios casos similares y le dieron una pastilla para matar al bebé que ella tenía en el vientre”, expone.
Sobre el tren
Alejandra Daniela esperó su visa humanitaria en Oaxaca por dos meses para transitar por México sin problemas, pero el poco dinero que le quedó luego de su larga estancia en espera de sus documentos le impide comprar boletos de camión para ella, su esposo y sus dos hijas desde Ciudad de México a cualquiera de las fronteras por lo que optan por el tren.
Llegaron al ‘basurero’ de Huehuetoca en el Estado de México a las nueve de la mañana pero el tren no pasó hasta la madrugada: “Fue pasando como a las dos de la mañana con un frío inmenso y en la oscuridad porque no había luz ahí era oscuro, oscuro no se miraba nada y entonces me acuerdo que estábamos por las vías del tren y cuando paró el tren agarramos el primer lugar que está en las primeras escaleras…”
Daniela viajó embarazada desde El Salvador, trajo con ella calcio y vitaminas. De combi en combi, rodeando retenes de Migración la mujer sufrió algunas caídas y en esos momentos pensaba que podría perder el bebé, pero tenía que elegir detenerse y descansar o avanzar y poner a salvo a sus dos pequeñas hijas.
No recibió atención médica hasta Tijuana en donde por primera vez escuchó los latidos del corazón de Milán, no pensó que lo lograría luego de pasar días sin comer.
“Me ilusiona mucho porque ya tengo mis dos niñas y este es mi varón… Yo deseo que nazca bien, saludable… Que por la travesía que vivimos no vaya a salir con ninguna enfermedad… Hasta el momento me han dicho que él viene bien”, dice.
Un oasis de la atención médica a mujeres migrantes en México es Partería y Medicinas Ancestrales A.C., ubicada en Baja California, con atención en diversas zonas del estado y el sur de México. Milán nació bajo el agua cobijado por este grupo de parteras quienes le cantaron y le dieron una amorosa bienvenida en Tijuana.
Pocos días después del nacimiento de Milán, el esposo de Daniela se entregó a las autoridades estadounidenses junto con sus dos hijas, quienes los llevaron a un centro de detención, mientras Alejandra Daniela se quedó con el recién nacido en un albergue de Tijuana en espera de lograr obtener una cita con la aplicación CBP One, para reunirse con ellos.
Largas esperas
Las largas esperas en México debido a las diversas políticas aplicadas tanto por México como por el gobierno de Estados Unidos han significado una mayor exposición a todas las vulnerabilidades que las mujeres en movilidad puedan tener.
Ángeles Roque, de Alternativas Pacíficas en Matamoros, comenta al respecto: “La gente pasa hasta 4 meses esperando una cita CBP One… Y durante esos cuatro meses es estar expuestas a ser víctimas de diferentes violencias de diferentes delitos por parte de diferentes actores”.
Un estudio reciente publicado por el Instituto de la Mujer en la Migración, en el que trabajaron más 20 organizaciones, redes y defensores de Derechos Humanos, expone los “retrocesos en la política migratoria de México y su impacto en la garantía de derechos de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad”.
Este informe, presentado ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, expone que los flujos migratorios de mujeres y niñas van en aumento, y que esta población constituyó el 22 por ciento de la población migrante irregular de enero 2018 a julio 2023.
En el estudio se ubican varios momentos de políticas migratorias que han tenido un impacto en el acceso a la salud de las mujeres, en primer lugar, las deportaciones masivas de personas de nacionalidad mexicana que de enero de 2018 a julio de 2023 se registraron 1 millón 212 mil 707 eventos de retorno, de los cuales el 21.4 por ciento eran mujeres.
Esto ha quebrado los lazos familiares ya que algunas madres deben pelear por la custodia de sus hijos o hijas en Estados Unidos sin poder regresar al país, se muestra.
“Al retorno y deportación de personas mexicanas se le sumaron las devoluciones de personas no mexicanas, debido a la implementación del Protocolo “Quédate en México” (vigente entre 2019 y 2022), a la expansión del Título 42 (vigente entre marzo 2020 y mayo 2023), y a la implementación del Título 8 (vigente en la actualidad)”, se lee en el documento.
Muchos de los secuestros y delitos que han padecido las personas en movilidad han sido luego de ser retornadas a la frontera México y Estados Unidos donde las mujeres han reportado barreras para tener acceso a servicios básicos de salud reproductiva además de que fueron sometidas a actos de violación y agresiones sexuales con dificultad para acceder a la justicia.
Las organizaciones cuestionan a México por aceptar las expulsiones de personas provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, además que utilizó a la Guardia Nacional para patrullar las fronteras en donde los migrantes han sido detenidos sin la presencia del Instituto Nacional de Migración, lo cual es violatorio a sus derechos.
Cuando la Guardia Nacional mexicana empieza su patrullaje en la frontera en 2019, se captan varias imágenes en donde los elementos armados detienen a migrantes para evitar su cruce, posteriormente son entregados al Instituto Nacional de Migración, lo cual constituye una violación a sus Derechos Humanos, indican.
Alejandra Daniela anhela que estas políticas cambien por el bien de todas las personas en movilidad: “Espero algún día cambie eso, porque migrar no es un pecado, ni es un delito y espero algún día nos traten como lo que somos, seres humanos buscando una segunda oportunidad”.
