Fiscalía arremete contra niña de 14 años víctima de violencia sexual
Por Arantza Díaz
Ciudad de México.- La Fiscalía estatal de Querétaro, el día de hoy está en tendencia por hacer explícita en medios de comunicación la violación sistemática a los derechos humanos de una niña al acusarla y revictimizarla, luego de saber que la niña, tuvo un aborto el cual se gestó tras la violencia sexual ejercida por un integrante de su propia familia y solo esta institución gubernamental invisibiliza la tortura que vivió tras el embarazo forzado.
«Un embarazo infantil forzado se produce cuando una niña queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. El embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual o producto de la falta de educación en sexualidad, o habiéndola tenido no pudiendo acceder a métodos de prevención de los embarazos y de anticoncepción de emergencia. En ambos casos hay responsabilidad de los Estados; en el primero, por no haber prevenido la violencia sexual contra las niñas y en el segundo, por no haberlas provisto de las herramientas necesarias para prevenir un embarazo. En aquellos casos en que el embarazo fue producto de violencia sexual y se prohibió su interrupción, al momento en que la niña se convierte en madre se han cometido tres tipos de violaciones a sus derechos humanos: la primera, imponiéndole una relación sexual no deseada que violó su libertad sexual; la segunda, al obligarla a llevar a término un embarazo que no buscó y la tercera, al obligarla a ser madre contra su voluntad.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM
Según apunta, el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández, la víctima fue el niño de 36 semanas de gestación quien murió poco después del parto por presunto estrangulamiento. El sostén más importante de este argumento, mismo por el que se criminaliza a la menor, es que el bebé sí respiró y con ello, se infiere el homicidio calificado; no un aborto, a pesar de las causales e interseccionalidades que atraviesan a la niña.
Mientras el caso crece, la desinformación y revictimización abunda, por ello, surge la necesidad de mirarlo desde una óptica diferente; denunciar el actuar al interior de las fiscalías, el conservadurismo queretano de Mauricio Kuri y la justicia reparativa.
El caso ya ha sido discutido en la mañanera de Sheinbaum donde atajó que no estaba de acuerdo en el actuar de la fiscalía estatal y sucintamente, dejó la maniobra en manos de la Secretaría de las Mujeres, dejando así, encargado el caso a la titular Citlalli Hernández con quien realizó el compromiso conjunto de contactar a la familia y darle el debido seguimiento.
«La procuración de justicia sin perspectiva de género y sin lógica jurídica y de derechos humanos comete injusticias. No lo permitiremos», dijo Citlalli Hernández en la mañanera y con esto, se prepara la primera acción de la Secretaría de las Mujeres que ha dejado más preguntas que respuestas sobre su acción, plan de trabajo y estructuración a casi un mes de su creación y con la presentación del Paquete Fiscal 2025 ya en puerta.
Entretanto, a nivel federal los ojos están puestos sobre el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien ha zanjado el tema explicando que esto no se trata de un hecho de aborto, sino más bien, de la «muerte de un inocente» que debe ser investigada como parte de la responsabilidad de las autoridades.
Un apunte clave es que durante esta intervención realizada por la misma Fiscalía General de Querétaro, el fiscal no reconoce a la niña como víctima de abuso sexual y poco abundan sobre el contexto de precarización en el ámbito rural.
Así, se asienta el escenario político para Querétaro y la carrera para tapar el camino al punitivismo en contra de la niña. Para entender mejor los tropiezos que tuvo la fiscalía, la revictimización y el entorpecido camino de las autoridades para juzgar con perspectiva de género, Cimacnoticias conversó con Mayra Dávila, representante de la asociación civil ADAX que hoy, acoge el caso y señala: El culpable es el Estado de Querétaro.
De mentiras y revelaciones
La niña fue víctima de violencia sexual por parte de un hombre allegado a su familia, esto fue documentado por ADAX, a pesar de que el gobernador queretano declarara que se estaba «tergiversando» y que la niña, junto a su papá, habían estado de acuerdo en que la fiscalía no encontrara evidencias de dicha violencia. La primera violación empieza aquí, cuando hace un año la fiscalía no realizó las debidas diligencias para abrir una carpeta de investigación sólida y probatoria de este delito.
Este mismo individuo, quien violó sexualmente a la niña -comprobado genéticamente- se le ha facultado de poder jurídico para exigir un pago reparatorio de 518 mil pesos; un precio alto y complejo de saldar para la niña y su familia, atravesada por la precarización donde el único sostén económico es el padre, cabeza de familia quien ejerce como obrero.
Cuando la niña, de inicial «E» asistió junto a su padre para denunciar el abuso sexual, se incurrieron en una serie de violaciones importantes, entre ellas, una escueta atención en materia de perspectiva de género e interseccionalidad, es decir, no se tomó en cuenta ningunos de los contextos de violencia que la menor refirió y tampoco, recibió atención con alguna persona perita especializada en violencia sexual.
Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro ha confirmado en una entrevista difundida por la misma fiscalía queretana que esto no es por el delito del aborto, sino por un homicidio.
Según refiere Mayra Dávila, la primera carpeta que se abrió en contra de «E» fue por el delito de aborto, sin embargo, se reclasificó como homicidio. Como ya se advertía con anterioridad, el fiscal sostuvo que esto se trató de un estrangulamiento y que se pudo comprobar que el bebé había respirado, lo que infiere que -en sus palabras-, «se le privó de la vida».
¿Qué tanta verdad hay en esta versión que sostiene, no sólo el fiscal, sino también Kuri? La realidad es que existe una visión sesgada y una media verdad, Mayra Dávila denuncia que se están omitiendo datos importantísimos que están criminalizando a la menor de edad.
Entre ellos, es que es verdad el tema de la asfixia, pero se está omitiendo que una vez que se tuvo esta evidencia, se realizó un metadictamen con una persona de patología forense quien confirmó que el motivo de la muerte fue asfixia, pero prenatal, es decir, el bebé dejó de respirar al interior del vientre de la madre.
Otro apunte necesario en esto es que la menor desconocía sobre su embarazo y ha compartido con ADAX que durante todo ese tiempo mantuvo su menstruación de forma regular e incluso, su padre era quien compraba estos insumos de gestión menstrual. El día que ella tuvo este aborto espontáneo se encontraba sola; no había quién la auxiliara, tampoco había conocimiento sobre qué hacer con el prematuro que, como advierte Mayra Dávila, murió al interior del vientre y no después del parto como sostiene el fiscal general de Querétaro.
«Ella va, declara y luego, lo que hacen es llamar al agresor y él dice: No, no son ciertos los hechos. Le toman muestras para genética y sale positivo (que es el padre), esto es una declaración muy importante, porque hay una contradicción entre el dicho del agresor y la prueba, ¿quién miente? Es evidente, sin embargo, la fiscalía no levanta ninguna carpeta por falsificación.
Entonces la fiscalía dice: No cuadra el dicho de la menor por eso no hay delito, esto a pesar de que no se realizó entrevista, no la llevaron con una psicóloga, nosotras siempre buscamos que las menores estén acompañadas por una perita con experiencia en abuso infantil. Con ella no hubo este análisis de género. Ahora, también hay un análisis de la fiscalía que determina el no ejercicio de la acción penal (contra el agresor) porque no coinciden las semanas de gestación hasta el momento del parto con la fecha que ella refirió haber sido víctima de abuso sexual», narra Mayra Dávila.
Con este panorama se infiere que el primer obstáculo de «E» fue esta débil carpeta de investigación por el delito de abuso sexual y un actuar mísero por parte de la fiscalía al no brindar herramientas periciales suficientes. Esto último, a pesar de que la Suprema Corte de la Justicia demanda el peritaje psicológico con perspectiva de género para todas las mujeres, adolescencias e infancias víctimas de violencia.
Precisamente, en agosto de este año, la SCJN desplegó una serie de conversatorios donde se instó a nivel federal a realizar un peritaje psicológico feminista: proceso que busca abrir un proceso reflexivo que coloque en la mira las prácticas patriarcales, la vulnerabilidad, los contextos, los estereotipos de género, la opresión sistémica como el clasismo, el racismo y la misoginia. Alrededor de esto, existe un debate profundo entre las y los peritos que consideran esta práctica como poco fundamentada, sin embargo, las especialistas ante la SCJN apuntan a que este trabajo debe desmarcarse de las viejas prácticas y comenzar a ejercerse desde los derechos humanos; no más dogmas en el sistema y más justicia feminista.
En el caso particular de «E», no se realizó ninguna atención y se puso entredicho su palabra a causa de que habían algunas contrariedades, todo ello, a pesar de que la SCJN reconoce que pueden existir contradicciones temporales en sobrevivientes de violencia y esto no implica que se debe desechar por completo una denuncia. Mayra Dávila explica que muchos de los casos que acompañan las mujeres cometen errores en hacer líneas de tiempo, otras prefieren olvidarlo por completo y lo ideal es acompañarse con una persona especialista que pueda guiar; «E» no recibió nada de esto por parte del estado de Querétaro.
“Gracias a la otra mala carpeta por violación, ahora, este sujeto tiene calidad jurídica con la prueba como padre para reclamar la reparación del daño como víctima indirecta. Esta reparación es de 518 mil pesos”, denuncia Mayra Dávila.
Asimismo, se debe apuntar a que el fiscal ha señalado que se le avisó a la familia de “E” que se podía impugnar la decisión, pero esta postura no refleja más que la visión del privilegio y también, evidencia al mismo sistema queretano. Para entenderlo hay que desglosar algo muy sencillo, para la defensora, es muy evidente que la menor no estaba jurídicamente acompañada y los mismos servidores públicos designados nunca impugnan las decisiones de la fiscalía, por el contrario, secundan los hechos; posteriormente, “E” no tiene las herramientas suficientes para emprender la impugnación, entonces, si esto se trata de señalar, se le deben fincar las responsabilidades a los representantes asignados de “E” quienes hicieron un mal trabajo al acompañarla y que terminaron por zanjar el caso entre mala asesoría y una fiscalía empeñada en criminalizar.
Ahora, ante una pobre carpeta de investigación de abuso sexual y por el contrario, una robustecida carpeta que la señala por homicidio el panorama para la menor resulta incierto. Actualmente, permanece en prisión domiciliaria por orden de una jueza; no ha podido regresar a clases, lo que infiere una privación directa a sus derechos. En contraparte, su abusador no enfrenta ninguna represalia.
A la publicación del artículo, Mayra Dávila y otras representantes de ADAX se encuentran arribando a la Ciudad de México con el objetivo de reunirse con Citlalli Hernández.
El conservadurismo queretano
¿Qué está pasando en Querétaro? Lo que pasa es que es un estado conservador, machista y misógino. Aquí vale más la vida de los que no han nacido que las mismas víctimas, responde Mayra Dávila.
Querétaro, una de las entidades más derechistas y uno de los bastiones históricos del PAN, se ha convertido en escenario de criminalización y punibilidad en contra de las mujeres que deciden abortar. Consultando su código penal, se encuentra que es una de las entidades donde la interrupción legal del embarazo es una figura inexistente:
Desde la mirada de la activista queretana, en la entidad existe una gran renuencia a aceptar que las mujeres son libres y autónomas, y recuerda un amparo proaborto que ganaron y que hizo enfurecer a la derecha quienes metieron apelación hasta la última instancia financiados por grupos religiosos.
Se debe recordar que en esta entidad los casos como el de “E” no son nuevos, precisamente, en Querétaro se dictaron 6 años de prisión a una mujer que tuvo un aborto causal en un baño de Liverpool; la mujer fue puesta en libertad luego de la lucha de la abogada feminista Karla Salas.
Precisamente, en este caso conocido como Caso Mcpherson (apellido de la imputada), ella también desconocía de su embarazo y el fiscal queretano de ese entonces, (2019), Gustavo Dolores Acosta Hernández la acusó de homicidio y afirmó que «esa teoría de que ella no tenía conocimiento del embarazo… creo que ni un perro hace eso”. Lo que esboza que esta relación misoginia – fiscales no es nueva para Querétaro.
Víctor Antonio de Jesús Hernández, actual fiscal de la entidad también ha sostenido que es mentira que existan carpetas judicializadas por el delito del aborto y esto es verdad, pero de nueva cuenta, es una media tinta que continúa tergiversando la situación. Mayra Dávila explica que hay algo que no se está diciendo: Querétaro, ni ninguna otra entidad tiene carpetas judicializadas porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo permite, pero esto no significa que no se hayan iniciado carpetas de investigación.
“Aquí en Querétaro se siguen abriendo carpetas de investigación contrario a lo que dice el fiscal, dice que nunca se han judicializado y eso es verdad, pero nosotras, hasta hace un mes hemos documentado carpetas de investigación por el delito del aborto.
Es una versión tergiversada porque utiliza “judicializar” e “iniciar carpeta”, como sinónimo pero no lo son”
En añadidura, en lo que va del año Querétaro cuenta con un total de 7 carpetas de investigación por el delito del aborto, según documenta la colectiva ADAX.
Finalmente, sucede algo preocupante y es que, Mayra Dávila advierte que el actuar de las autoridades queretanas persigue otro motivo que es el de enviar un mensaje a las mujeres sobre el músculo del punitivismo del Estado.
“El objetivo de todo esto es intimidar a las mujeres para que no aborten, que no decidan sobre su cuerpo e incluso, contra aquellas que no pueden decidir como “E”. Esto es un mensaje para nosotras, es una problemática de falla institucional y estructural, tiene que ver con el conservadurismo misógino que opera en las esferas del poder que articula la fiscalía de Querétaro (…). Estamos en condiciones muy difíciles para las mujeres, porque no nos creen, porque las fiscalías siguen sin ser espacios seguros.
Fuente: Cimac Noticias
