Colgar en Internet vídeos de violencia de género y realizar perfiles ideológicos en procesos electorales serán actividades especialmente perseguidas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Este organismo trabaja en la elaboración de un protocolo para que las víctimas de violencia de género puedan solicitar a la agencia la retirada de Internet de vídeos como el que grabaron los miembros de La Manada. La directora de la AEPD, Mar España, ha asegurado este viernes que el objetivo es que este tipo de contenidos puedan desaparecer de la red en un tiempo récord: 24 horas después de que la víctima presente la denuncia.
Para llevar a cabo con diligencia la eliminación de imágenes vejatorias, la agencia ultima un protocolo de actuación junto al Ministerio de Interior, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial. El primer paso, antes de que la agencia intervenga, será solicitar a la plataforma o medio de comunicación que alberga el vídeo su eliminación. Si no accede a la petición, la víctima podrá invocar la tutela de derechos ante Protección de Datos. En este asunto, España ha enfatizado que la agencia aplica el criterio de «tolerancia cero», y ha expresado su preocupación por el hecho de que hasta ahora no se haya presentado ninguna declamación de tutela por tales motivos.
Este protocolo estará especialmente orientado a las víctimas de violencia de género que, además de sufrir abusos, ve cómo esos hechos delictivos están siendo difundidos en plataformas de Internet o a través de las redes sociales. Además de la retirada del vídeo en menos de 24 horas, la empresa que albergue las imágenes se expone a una sanción de 20 millones de euros.
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Durante el balance de las actividades de la AEPD durante el año 2018, España expresó también su inquietud ante la posibilidad de que los partidos políticos realicen o encarguen su elaboración a empresas analíticas, de perfiles ideológicos de los usuarios en procesos electorales. La directora de la agencia ha anunciado que este organismo trabaja en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, la Junta Electoral Central y el Tribunal de Cuentas para coordinar la redacción de «una instrucción o una circular» con orientaciones sobre el tratamiento de datos por parte de los partidos políticos. «Así podrán tener la certeza de lo que se puede hacer y lo que no», explicó España.
La ley aprobada el año pasado autoriza a las formaciones políticas a recopilar datos personales sobre las opiniones políticas de los usuarios para enviar propaganda electoral personalizada, pero la directora de la AEPD ha insistido en que la elaboración de perfiles ideológicos está prohibida. «Si hay partidos que han contratado a empresas analíticas o de big data para el perfilado ideológico serán las encargadas del tratamiento. Y tendrán responsabilidades», añadió España, que insistió en que en este asunto la agencia tendrá también «tolerancia cero». Las sanciones por incumplir esta directriz podrán alcanzar igualmente los 20 millones de euros.
La máxima responsable de protección de datos aspira a tener lista esta directriz en febrero, a las puertas de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. Si los partidos o las empresas utilizan métodos «sutiles» como las fake news, la agencia avisa de que actuará con contundencia. Y recuerda que no está permitido hacer perfiles ideológicos ni siquiera con el consentimiento de los usuarios.
La AEPD ha hecho balance sus actuaciones desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el pasado 25 de mayo. Desde esa fecha hasta finales de año, las reclamaciones han aumentado casi un 50% respecto al año anterior. En todo 2018 han sido 14.146 frente a las 10.651 del año anterior. Los asuntos que más reclamaciones han generado son ficheros de morosidad, videovigilancia, servicios de Internet, reclamación de deudas, administración pública y sanidad. La agencia recibió 1.784 peticiones sobre reclamación de derechos, de las cuales 191 corresponden a derecho al olvido, de las que sehan estimado total o parcialmente 74. Otras 75 han sido desestimadas y 42 inadmitidas. De todas ellas 125 han sido dirigidas a Google,18 a medios de comunicación, 14 a otros buscadores de Internet, 13 a administraciones públicas y 6 a boletines. Durante el pasado año, la agencia ha dictado 907 resoluciones sancionadoras, cuyo volumen económico ha ascendido a 12.824.454 euros.
Fuente: El País
