Más de 100 asociaciones civiles denunciarán el próximo miércoles ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las agresiones sexuales cometidas por autoridades federales, estatales y municipales en contra de mujeres que enfrentan un proceso legal.
Este miércoles 23 de abril, más de 100 asociaciones denunciarán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los ataques sexuales a reclusas cometidos por autoridades federales, estatales y municipales en México.
Durante la celebración en Ginebra del 66 período de sesiones del Comité contra la Tortura de la ONU, estas organizaciones sin ánimo de lucro acusarán a México por los actos de tortura sexual que sufren 8 de cada 10 mujeres detenidas en el país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
«Incluye violación, amenaza de cometer dicho acto, tocamientos y descargas eléctricas en pechos, glúteos o genitales y obligar a la víctima a realizar actos sexuales», explicaron.
Las asociaciones expondrán los resultados de un estudio elaborado en conjunto: el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México 2012-2019.
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En esta investigación, los defensores de los derechos humanos realizaron un diagnóstico sobre las agresiones sexuales contra mujeres presas. Con estos ataques, los agresores buscan una confesión, o que la reclusa proporcione información sobre algún ilícito e inculpe a otros involucrados.
«Viene acompañada de abusos verbales referentes a la sexualidad de las mujeres; por ejemplo, refiriendo que las víctimas son ‘putas’ o ‘rejegas’. También se usa para humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan», aclara el estudio.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Equis Justicia para las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos son algunas de las asociaciones que compartieron sus datos en el informe.
Amenazas, quemaduras y descargas eléctricas
Las organizaciones sin ánimo de lucro denunciarán este miércoles el déficit de datos oficiales que los organismos públicos mexicanos ofrecen sobre la tortura sexual. Ante la falta de un estudio gubernamental, las cifras aportadas por las asociaciones constituyen la manera más acertada de evaluar el problema.
Entre 2006 y 2015, una de las asociaciones participantes, Amnistía Internacional, conoció de 72 casos de agresión sexual contra internas. Estos abusos, explica, se produjeron en el momento en el que fueron arrestadas o durante las horas siguientes.
El 76% de las víctimas confirmó que el ataque se produjo en las horas siguientes al arresto (Foto: especial)
Por su parte, en el mismo lapso de tiempo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), supo de 29 casos de tortura sexual. Las víctimas sufrieron cortes, quemaduras, y tres de ellas abortaron como consecuencia de la agresión de las autoridades, de acuerdo a la información de la asociación.
También recibieron golpes y descargas eléctricas en sus genitales y pechos, y las amenazaron con ejecutarlas o violar a sus hijos.
La asociación es más concreta en los datos recabados y divide estas torturas en función del cuerpo de seguridad que las cometió. Del total de 29 casos contabilizados, 11 habrían sido provocados por elementos de la Policía Federal. Seis supuestamente por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Dos por la Marina y el resto por policías municipales o estatales.
Por su parte, el Inegi indicó que ocho de cada diez mujeres detenidas entre 2009 y 2016 fueron víctimas de torturas por parte de las autoridades, las cifras más alarmantes. Indicaron que el 76% de las afectadas confirmaron que las agresiones se produjeron tras el arresto y otro 65% durante la custodia ministerial.
