Gema Villela Valenzuela / Hermosillo, Sonora.- Existen errores en la tipificación del delito de homicidio doloso y homicidio calificado de mujeres en México, ya que han encontrado que muchas de ellas fueron asesinadas por sus parejas o bien por el crimen organizado y debieran ser calificadas como víctimas de feminicidio.
Ese es el señalamiento que hacen organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora y la Red Feminista Sonorense, además de argumentar que hace falta un programa de prevención por parte de los tres niveles de gobierno para evitar que más mujeres sean asesinadas.
Durante el 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registró 31 casos de feminicidio en Sonora y 33 homicidios dolosos contra las mujeres, mientras que de enero al 26 de marzo del 2019, van ya 16 casos, es decir, un alarmante 51% del total que se documentó el año pasado.
Sin embargo, organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Sonora contabiliza más casos, en el 2018 registraron 64 asesinatos de mujeres y niñas, todos tienen alguna característica del tipo penal como feminicidio, pero la autoridad reconoce 31 como feminicidio y a los demás casos los reconocen como homicidios dolosos contra las mujeres.
Entrevistada por EXPRESO, la representante de la OCNF en Sonora y periodista con perspectiva de género, Silvia Núñez Esquer, dijo que desde su punto de vista todos fueron feminicidios, porque se trataba de mujeres asesinadas por sus parejas sentimentales o sus esposos.
Señaló que en el 2019 llevan registrados 38 casos, 19 en Cajeme, municipio en el que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG), de los cuales 15 mujeres fueron encontradas enterradas en zonas agrícolas, por lo que señala que está esperando los resultados de las investigaciones, porque tienen que decir cuál es el patrón de asesinatos contra mujeres en la entidad.
Sin embargo, mencionó, lo que están haciendo es analizar caso por caso, cuando deberían hacerlo en conjunto para establecer un patrón delictivo y conocer bajo qué contexto están asesinando a las mujeres en Sonora.
Comentó que hace 10 años, el 60% o 70% de las mujeres y niñas asesinadas, morían dentro de su propio hogar y ahora, con el descubrimiento de los cuerpos de mujeres que estaban enterradas en zonas agrícolas, se observa otro patrón delictivo.
“Es un foco rojísimo que tiene el Gobierno del Estado que tomar en cuenta ya, porque si no, vamos a atender feminicidio consumado y es lo que no queremos; se agrava si tampoco se atiende las desapariciones”, indicó Núñez Esquer.
Abusan de recurso
Reconoció que hay avances en la investigación del delito con el nuevo sistema de justicia oral, porque se reúnen pruebas científicas y han registrado sentencias de hasta 45 años, pero señaló que están abusando del procedimiento abreviado en donde, si bien las sentencias se dan de manera rápida, salen por debajo de lo establecido por la ley, en donde la pena mínima es de 30 años y la máxima de 60.
El SESNSP señala en su informe que en el 2018 se obtuvieron 24 sentencias condenatorias lo que representó un índice de 77.4% de efectividad, además de seis sentencias condenatorias adicionales por casos de feminicidio en grado de tentativa este índice se sitúa en el orden de un 96.77%.
El municipio con más elevado porcentaje de la comisión de feminicidio en el 2018 fue Cajeme, con un registro de siete casos que representan el 22.58% del total documentado; seguido por Nogales, con cinco feminicidios -16.13%-; así como el municipio de Guaymas, con tres feminicidios que equivalen al 9.68%.
El año pasado, en el indicador por el delito de feminicidio, Sonora se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional, con una tasa de 2.03 feminicidios por cada 100 mil mujeres, después de Veracruz -con una tasa de 2.05- y antes de San Luis Potosí, que tiene 1.79 registros de feminicidios por cada 100 mil mujeres.
Considerando la media nacional, Sonora se encuentra con un punto por encima del promedio, ya que esta tasa es de 1.3 feminicidios por cada 100 mil habitantes.
Núñez Esquer dijo que se requieren más elementos del Ministerio Público para que den prioridad a la investigación de los casos, ya que solo hay 2.3 representantes sociales por cada 100 mil habitantes, mientras que en Chihuahua tienen más de 25 por cada 100 mil habitantes.
Esto provoca rezagos en las investigaciones de los homicidios contra mujeres, añadió, porque los agentes del Ministerio Público tienen otros casos que atender.
Amparo en Cajeme
A casi cuatro años de haber solicitado la alerta de violencia de género en Cajeme, el 9 de noviembre del 2015, las agrupaciones civiles Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) y Red Feminista Sonorense, interpusieron un amparo contra la autoridad federal el 7 de junio del 2017, después impugnaron y metieron un recurso de revisión que se encuentra en segunda instancia.
Al respecto, la integrante de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, señaló que después de la solicitud de la alerta y la emisión de las 12 recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Secretaría de Gobernación determinó el 4 de agosto del 2017 no declarar la alerta y emitió otras nueve recomendaciones denominadas “medidas específicas”, que al parecer eran las mismas que se solicitaban a otros estados, cuando este tema no se debería estandarizar sino más bien realizar un diagnóstico por cada entidad.
“En 2019 en estos tres meses ya superamos lo que fue todo el 2018 en materia de feminicidios particularmente en Cajeme, sumando los ocho cuerpos que se encontraron en el Campo 30, aunque diga la autoridad: capaz de que no son de aquí, pero no importa; para nosotros son feminicidios y hasta que no se demuestre lo contrario, son del territorio que ocupa Cajeme, en donde no hay garantía de protección a las mujeres”, dijo Burgos Ochoa.
Para ella sí hay un antes y un después de solicitar la alerta por violencia de género en Cajeme, porque, aunque no haya sido declarada, hoy cuentan con la mesa interinstitucional donde participan como sociedad civil y se reúnen con la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud.
Fuente: Expreso
