En México cada año mueren 857 mujeres por causas prevenibles durante el embarazo , parto o posparto, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM). Pero en este sexenio de recortes al presupuesto y a la salud, no se ven claridades sobre cómo se cumplirán los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) a cumplirse en 2030.
Este 28 de mayo, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres, el cual se instauró desde 1987 en Latinoamérica y el Caribe por los grupos feministas para exigir a los gobiernos políticas públicas que vigilen la salud sexual y reproductiva de las mujeres y garantizar su acceso a la salud.
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Durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2017) la Razón de Mortalidad Materna (RMM) se redujo de 42.3 a 36.8 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, pero las principales causas de muerte materna siguen siendo complicaciones que de haber sido atendidas a tiempo, habrían salvado la vida de las mujeres.
De acuerdo con el “Ranking Nacional de Salud Materna” del MELISA Institute, 93 por ciento de las muertes maternas se producen por hemorragias, preeclampsia, eclampsia, sepsis puerperal, hipertensión y aborto.
Al hablar de estas complicaciones prevenibles o tratables, el sistema de salud mexicano no ha hecho lo propio para atenderlas, aún cuando en la Ley General de Salud se establecen acciones encaminadas a identificar y erradicar los factores de riesgo para la salud de las mujeres embarazadas.
Tal es el caso de una joven que falleció en 2017 en el Hospital Central Universitario de Chihuahua, tras la preeclampsia que presentó desde antes del parto y la negligencia médica de la que fue víctima.
Con un embarazo de 36 semanas la joven acudió con su madre y su esposo al Hospital Central, el pasado 17 de marzo, debido a que tenía presión arterial alta. Esto provoco que le realizaran una cesárea de forma inmediata; sin embargo, el personal médico continuaba sin poder estabilizarla.
Ya no podía moverse ni abrir los ojos, presentaba hinchazón abdominal y una presión arterial cada vez más alta. Su condición empeoró y al solicitar ayuda para atenderla ésta le fue negada a su familia ya que el personal “responsable” estaba adscrito a otras áreas del hospital.
Finalmente, el 20 de marzo fue atendida y se le suministraron sedantes, pero debido a la gravedad de su situación se le recomendó a su familia trasladarla a la Unidad de Cuidados Intensivos para colocarle un catéter. Al llevarla a rayos X para revisar si éste había sido colocado de manera correcta, la joven presentó un paro cardiorrespiratorio que la llevó a la muerte.
Sistema de salud fracturado
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la mayoría de las muertes maternas prevenibles están relacionadas con fallas estructurales e institucionales del sistema de salud.
Uno de estos problemas viene de la falta de cobertura médica, ejemplo de ello es el Seguro Popular. Pese a que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se buscó incrementar a ocho millones de beneficiaros la cobertura de este programa, no se logró un acceso efectivo.
En entrevista con Cimacnoticias, la secretaria técnica del OMM, Hilda Argüello Avendaño detalló que tan sólo en 2010, 39.2 por ciento de las muertes maternas del país fueron mujeres afiliadas al Seguro Popular y para 2017 la cifra de muertes se incrementó a 66.1 por ciento. “Lo que indica que ocho de cada 10 mujeres que murieron por causas relacionadas al embarazo contaban con Seguro Popular y esto no hizo diferencia en que ellas sobrevivieran”.
También durante ese sexenio se firmó el “Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, un camino hacia la universalización de los servicios de salud”, que establece que cualquier unidad médica del Sector Salud debe brindar atención a toda mujer “en edad gestacional que presente una emergencia obstétrica sin que lo impidan las condiciones de derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento, y sin que ello signifique o esté condicionado por un desembolso monetario de parte de la paciente”, se lee en sus lineamientos.
“La idea era buena, pero sólo opera en algunas unidades del segundo nivel (hospitales) a pesar de que en 2015 se incluyó en la Ley General de Salud y todas las unidades debían atender violencias obstétricas. Con este convenio se benefician mil mujeres al año; sin embargo, se presentan más de 400 mil emergencias obstétricas”, explicó Hilda Argüello.
En este programa no se incluye el primer nivel (UMF o Centros de Salud), por lo que si hay una emergencia, el personal de salud espera a que esta sea más grave para llevarla a segundo nivel y por fin sea atendida.
“Cuando las mujeres llegan a una unidad médica de segundo nivel, ya llegan en condiciones complicadas y su oportunidad de sobrevivir disminuye. Muchas de ellas están falleciendo en unidades médicas del sector público porque llegan en condiciones que debieron haberse evitado si el primer nivel de atención hubiera entrado en acción”, detalló Argüello.
Los temas pendientes
Para la investigadora jurídica en GIRE, Karen Luna Bueno, una de las principales problemáticas que deben ser atendidas es la homogeneización en los protocolos de atención que existen en las diferentes instituciones del país, ya que cada médico atiende de acuerdo a lo que aprendió en la Universidad o de acuerdo a las prácticas arraigadas en sus hospitales.
Por ejemplo: “a las mujeres no se les permite caminar cuando están en labor de parto, pese a que está comprobado que esto es positivo. No cortan el cordón umbilical hasta que deja de latir. Tampoco aplican oxitocina durante el tercer periodo del trabajo de parto, que es cuando está recomendado porque disminuye el riesgo de hemorragias. No lo hacen, aun cuando son prácticas que podrían salvar vidas”, explicó Hilda Argüello.
Por eso, coincidieron ambas especialistas, es importante que en este sexenio se haga énfasis en la creación de protocolos con perspectiva de género y que se apliquen las legislaciones ya existentes.
“Es muy frecuente que el personal médico no acate la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, que refiere a la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Tampoco la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, referente al expediente clínico, ya que observamos falta de coherencia entre las notas de los enfermeros y los médicos”, detalló Karen Luna. De ahí la importancia de aplicar la legislación ya existente.
Por otro lado, es necesaria la disponibilidad de insumos, infraestructura y bancos de sangre. Como prioridad, “se debe poner atención en presupuestos, pero también garantizar el acceso universal a atención médica, sobre todo en el momento del parto”, concluyó Hilda Argüello.
Fuente: CIMAC Noticias
