El asesinato de Mariana fue el primer caso catalogado como feminicidio en México por la la SCJN y sentó jurisprudencia al determinar que todo homicidio violento de una mujer debe ser investigado con perspectiva de género.
La activista Irinea Buendía encabezó en este municipio del oriente del estado de México una marcha para conmemorar el noveno aniversario del feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía, caso que sentó jurisprudencia, pues a partir de él la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hace cuatro años que todo homicidio violento de mujer debe investigarse con perspectiva de género.
Mariana Lima Buendía tenía 29 años de edad, era estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Vivía en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, con su esposo Julio César, quien fungía como policía judicial.
Un día antes de ser asesinada, Mariana le dijo a su madre Irinea Buendía que se separaría de su pareja, y que interpondría una denuncia para dejar precedente de la violencia familiar que Julio ejercía sobre de ella, física y psicológica.
El 28 junio de 2010 Irinea encontró a su hija sin vida. Mariana no llegó a interponer la denuncia de la que habló con su mamá, sin embargo, años después, Irinea convirtió esa demanda ausente en una sentencia histórica para todas las víctimas de feminicidio en México.
Irinea no ha conseguido justicia
El juez del caso ha sido cambiado cinco veces y el presunto homicida de Mariana, su pareja sentimental, el ex policía ministerial Julio César Hernández Ballinas, continúa bajo proceso en los juzgados del penal Neza-Bordo. Fue detenido hace tres años, pero no se le ha dictado sentencia.
Tras el asesinato de Mariana, las autoridades siguieron una única línea de investigación: el suicidio. Julio César declaró que su esposa se había ahorcado al interior de la casa, hecho que las autoridades dieron por sentado, pese a que Irinea señaló golpes en el cuerpo de su hija, y denunció el ambiente de violencia intrafamiliar.
Buendía asegura que, por ser policía judicial, Julio César recibió protección de las autoridades, «es un código no escrito que tienen las autoridades para darse protección entre servidores públicos», considera.
Inconforme con la versión del suicidio, Irinea tocó puertas e instancias para que el caso de su hija fuera debidamente investigado.
Una mañana Irinea escuchaba un programa de radio, cuando una madre comenzó a dar su testimonio sobre el asesinato de su hija, dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y prestó atención. «Al final dieron un número telefónico, cuando marqué era el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)», mismo que comenzó a dar acompañamiento y a seguir su caso.
Muchos otros feminicidios siguen impunes
Lidia Florencio Guerrero no ha recibido respuesta de las autoridades sobre los asesinos de su hija, Diana Velázquez Florencio. El martes se cumplirán dos años del homicidio.
Lourdes García Arizmendi vive en la zozobra, pues hace año y medio su hija Norma Dianey García García desapareció y no hay avance en la investigación.
Irinea y un grupo de activistas marcharon por el municipio de Chimalhuacán; protestaron frente a las oficinas del Ministerio Público, donde su ex yerno recibió protección para no ser inculpado.
En septiembre de 2011 el agente del Ministerio Público en turno determinó que Mariana, abogada de 29 años de edad, se había suicidado. Desechó las evidencias halladas en el lugar del crimen y la declaración de Irinea Buendía, quien aseguró que la muerte de su hija fue el desenlace de una vida de violencia marital.
El 25 de marzo de 2015 el máximo tribunal del país emitió su primera sentencia sobre un caso de feminicidio. La SCJN ordenó reponer la investigación sobre el homicidio de Mariana y la sentencia sentó jurisprudencia al determinar que todo homicidio violento de una mujer debe ser investigado con perspectiva de género.
Hoy dicha acción es conocida como la sentencia Mariana Lima Buendía, y el 23 de junio de 2016 fue aprehendido Julio César Hernández Ballinas.
Sin embargo, el mandato de la SCJN no se ha aplicado en otros feminicidios, como el de Diana, o en la desaparición de Norma Dianey.
Lidia Florencio Guerrero recordó que su hija Diana Velázquez Florencio, de 24 años, fue ultimada el 2 de julio de 2017. Explicó que en la carpeta de investigación se violaron la perspectiva de género y la debida diligencia.
Cuando ella acudió ante el Ministerio Público éste ya había ordenado el levantamiento del cuerpo y su envío a la morgue del centro de justicia Neza-Palacio, pero pidió a la familia esperar 72 horas para iniciar la búsqueda.
No se actuó conforme al protocolo a pesar de que Chimalhuacán es uno de los 11 municipios mexiquenses donde hay alerta de género desde 2015. Las otras localidades son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Chalco y Tultitlán.
Junto con familiares, amigos y organizaciones, Lidia Florencio alista para el 7 de julio una marcha en Chimalhuacán para recordar a Diana a dos años de su asesinato.
En tanto, Lourdes García recordó que su hija Norma Dianey García García, de 24 años, desapareció el 15 de enero de 2018. Desde entonces ella y su familia acudieron dos veces por semana a la fiscalía para conocer los avances de la investigación.
Hace cinco meses la autoridad ministerial prometió informarles de cualquier novedad. En pocas palabras, nos dieron a entender que ya no fuéramos. Lourdes sigue esperando encontrar a su hija con vida.
La fiscalía le ha dicho que Norma Dianey fue asesinada, pero nunca ha sido hallado el cuerpo. Lourdes García exige que se esclarezca el caso para tener una tumba donde llorar.
Ni Una Más en el Estado de México y Nos Queremos Vivas Neza, entre otras agrupaciones que apoyan a familias de víctimas, calculan que ha habido mil 790 mujeres desaparecidas de 2012 a 2018 y mil 540 feminicidios de 2014 a 2018 en la entidad.
La sentencia de la SCJN ordenó cuatro acciones: que todo homicidio violento de mujeres se investigue con perspectiva de género; segundo, sancionar a los servidores públicos implicados por obstrucción de la justicia; tercero, reparación del daño, y cuarto, capacitación de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Para Irinea Buendía la sentencia que se emita por la muerte de su hija Mariana tiene que llevar un mensaje de no repetición para que los hombres perversos, violentos y misóginos dejen de asesinar mujeres y niñas.
Fuente: René Ramón / La Jornada Maya y Eje Central
