Activistas y grupos de colectivos feministas marcharon este sábado en Costa Rica para exigir la declaración de emergencia nacional debido a la ola de violencia contra las mujeres en el país.
Activistas y grupos de colectivos feministas marcharon este sábado (22) en Costa Rica para exigir la declaración de emergencia nacional debido a la ola de violencia contra las mujeres en el país.
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El objetivo de la actividad es crear consciencia sobre la situación de inseguridad que en los últimos meses se ha incrementado en el país y, al mismo tiempo, exigir la declaración de emergencia nacional por violencia contra las mujeres para que el Estado y el Gobierno destinen los esfuerzos y recursos necesarios para detener la escalada de este flagelo y ejecutar justicia pronta y en tiempo real para las víctimas.
Con la consigna “No sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, las asistentes marcharon de forma pacífica en la Fuente de la Hispanidad en San José, sitio emblemático para este tipo de actividades.
“Este es un llamado a la consciencia y autoridades del país, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque no están tomando en cuenta los protocolos de género a la hora de dictar sentencia contra los hombres que han asesinado a mujeres y niñas (…). Pedimos justicia porque estamos hartas de la violencia estructural, no solo de quienes comenten los asesinatos, sino de la estructura estatal, necesitamos un cambio de leyes”, afirmó a EFE la vocera parte del colectivo feminista, Kattia López Alvarado.
Datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial indican que, durante el 2022, un total de 12 mujeres fueron víctimas de feminicidios, mientras que al 13 de febrero del 2023 hay 17 asesinatos de mujeres que están pendientes de clasificar por parte de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención de Femicidios.
El colectivo feminista pidió justicia por el caso especial de la bebé de 9 meses que fue secuestrada el pasado 9 abril y cuyo paradero hasta la fecha se desconoce y también por la mamá de esa bebé, una niña de 13 años, víctima de la negligencia del Estado, según el grupo.
Un hombre de apellido Cassasola, quien se encuentra detenido es el principal sospechoso del secuestro. El Organismo de Investigación Judicial reveló que, tras una prueba de ADN, se confirmó que el sujeto es el padre de la bebé y que, por consiguiente, se le atribuye también el delito de violación en perjuicio de la menor de edad.
“Buscamos generar consciencia de género, porque todas juntas somos más unidas y todas podemos. Si todas nos unimos lograremos derribar barreras del patriarcado. Costa Rica parece un país de paz y democracia, pero sabemos que una gran mayoría no vive así”, expresó López.
