Veracruz / Ana Alicia Osorio (Testigo Púrpura).- El Gobierno del Estado de Veracruz incurrió en violencia política de género pues le negó el permiso sin goce de sueldo a una de sus trabajadoras para poder competir por un puesto de elección popular, aseguró la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz.
María Sabina Martinez, la trabajadora a quien se le negó ese permiso, señaló que buscaría una candidatura a ser diputada por la zona de Zongolica y primero obtuvo que se le cerraron las puertas del diálogo y luego una negativa sin las razones fundamentadas.
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Explicó que tiene 17 años trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública con una base que fue otorgada y desde el mes de enero solicitó una licencia temporal sin goce de sueldo, tal y como tiene permiso.
Sin embargo señaló que no hubo ningún tipo de respuesta por lo que volvió a enviar documentos para que pudieran darle respuesta, pero tampoco la tuvo.
“Solo me quedó hacer un procedimiento especial sancionador que ya entregué al INE por violencia política en razón de género, el día de ayer me entregan ya una respuesta negativa a mi solicitud, no se puede autorizar mi licencia por cuestiones operativas y por el tema que estamos viviendo por el COVID”, indicó.
“No me queda ninguna duda que tiene que ver con un tema político, porque he buscado los canales, se han cerrado todas las posibilidades de poder dialogar sobre el tema, creo que tiene un tinte político”, afirmó.
Martinez explicó que es virtual candidata a diputada local por el distrito de Zongolica por el Partido de la Revolución Democrática por lo que consideró que la diferencia partidista con Morena que se encuentra en el poder, podría ser un motivante a ejercer violencia política en su contra.
En una carta pública dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutierrez Maldonado, la Remufever señaló que no existe fundamento alguno para negar este permiso por lo que pidieron que se respeten los derechos de Martínez.
“Lo que hace nugatorio su derecho como ciudadana a ser votada, lo cual es una clara situación de violencia política que se está ejerciendo sobre ella desde la institución, que debiera ser garante de los derechos de las mujeres; y, que por tanto, coarta sus derechos político- electorales y la coloca en una situación de desigualdad”, señala dicho documento.
