En el informe “Juicio a la Justicia” refleja las deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México
Ciudad de México / Maritza Pérez (El Economista).- Luego de documentar cuatro casos de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, Amnistía Internacional advirtió sobre las graves deficiencias ante la inacción y negligencia de las autoridades mexicanas para investigar feminicidios en dicha entidad, donde la violencia feminicida ocurrida en algunas de sus zonas, como Ecatepec, se ha comparado con los emblemáticos feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Al presentar el informe “Juicio a la Justicia”, que refleja las deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, la organización internacional también ha señalado las deficiencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), mismas que incluso llevan a la pérdida de pruebas, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género.
Además de que las familias son revictimizadas porque deben invertir tiempo y dinero en investigar y presionar a las autoridades para que investiguen, y porque frecuentemente son amenazadas y maltratadas por algunas personas responsables de los delitos y, a veces, también por autoridades.
“Las deficiencias identificadas obstaculizan el proceso judicial y facilitan que los casos queden impunes, afectando el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación”, señala el documento.
“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
El documento añade que tan sólo en 2020, se registraron 3,723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.
Los casos analizados por AI fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.
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“Las deficiencias de las investigaciones de los cuatro casos analizados coinciden con aquellas ocurridas en otras investigaciones, tanto del Estado de México como de otras entidades federativas, y que han sido denunciadas previamente por organizaciones de la sociedad civil, expertas y titulares de derechos”, se expresó.
El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.
En la misma línea, las autoridades que participaron en la investigación de otro de los feminicidios documentados no analizaron ni resguardaron la ropa que llevaba la víctima y actualmente se desconoce su paradero. Asimismo, es frecuente que no se pidan rápidamente las imágenes de las cámaras de videovigilancia del último lugar en el que se vio a la mujer con vida, provocando la pérdida de las grabaciones porque estas suelen tener un límite de almacenaje de entre 15 y 20 días.
La pérdida de evidencias dificulta que se localice a las mujeres desaparecidas (como en el caso de Daniela Sánchez) y que se identifique a las personas responsables (como en el caso de Diana Velázquez). Además, provoca que los casos no sean sólidos jurídicamente y, por lo tanto, haya más posibilidades de que los/as jueces/zas resuelvan con una absolución (como en el caso de Nadia Muciño).
Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos. También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.
Mientras que la inacción de las autoridades es particularmente grave en la etapa en la que la mujer se encuentra desaparecida, porque de ello depende la posibilidad de encontrar a la víctima y de encontrarla con vida. Así, por ejemplo, se ha constatado que en ocasiones las autoridades no aceptan la denuncia por desaparición en las primeras horas, bajo el argumento de que hay que esperar 72 horas, a pesar de que la normativa nacional e internacional establece que deben tomarse acciones de búsqueda inmediata al momento en que se tiene conocimiento de la desaparición.
El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.
El análisis realizado en el marco de este informe, que destaca las deficiencias de las investigaciones de los feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, coincide con los hallazgos del informe realizado en 2003 por Amnistía Internacional sobre los asesinatos de mujeres sucedidos en Ciudad Juárez, el cual encontró deficiencias similares, incluyendo una mala gestión de las escenas del crimen y las pruebas, poner en duda a las víctimas y una falta de seguimiento de ciertas líneas de investigación.
“Todo ello sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención no son anecdóticas del norte de México, sino que forman parte de una realidad más amplia del país. Así, lo ocurrido en Ciudad Juárez hace ya más de 20 años ocurre hoy día en otras partes de México”, sentencia el documento.
