Ciudad de México / Angélica Jocelyn Soto Espinosa y Anayeli García Martínez (Cimac).- La resolución que en 2021 emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar inconstitucional encarcelar a las mujeres por abortar, dio un nuevo brío para que organizaciones feministas busquen la despenalización del aborto, por lo que en al menos en 11 entidades de la República Mexicana, están usando esta resolución para presentar amparos ante el Poder Judicial contra la regulación de este delito.
A la par, organizaciones con alrededor de 20 años de experiencia en la defensa del aborto voluntario como parte del derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía de las mujeres, entre ellas el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Católicas por el Derecho a Decidir, Redefine y Ddser, despliegan otra estrategia: aliarse con legisladoras para cabildear reformas a los códigos penales que permitan el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
A diferencia del contexto de hace 14 años –cuando la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en despenalizar el aborto en el país– hoy el movimiento feminista cuenta con el respaldo de la Suprema Corte, quien en septiembre declaró inconstitucional que en Coahuila, y en el país, se criminalice con prisión a una mujer por ejercer su libertad sobre su cuerpo, lo que puso el tema en el debate público.
Amparos, estrategia legal
Presentar amparos contra el tipo penal de aborto forma parte de una estrategia colectiva que se gestó en 2020 ante la negativa de los congresos locales de legislar para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, explicó en entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal AC, Amelia Ojeda Sosa, .
Luego de la resolución de la SCJN de septiembre de 2021, en la que declaró inconstitucional la criminalización de las mujeres por interrumpir sus embarazos, los poderes judiciales de tres entidades (Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán) ya otorgaron los primeros amparos a las mujeres.
El pasado 24 de febrero, el Juzgado Tercero de Distrito concedió un amparo que interpusieron 19 mujeres (ninguna embarazada ni procesada por el delito de aborto) contra la regulación del delito de aborto en Yucatán y contra la cláusula de protección de la vida establecida en la constitución estatal.
Cabe recordar que en septiembre de 2021 el alto tribunal mexicano determinó que los estados de la República no son competentes para definir el concepto de persona, ni su protección desde la “concepción” porque afectan los derechos reproductivos de las mujeres.
En el caso de Yucatán se admitió un amparo colectivo para 19 mujeres (respaldadas por 19 organizaciones civiles), cuyo argumento fue que la actual regulación del aborto tiene efectos que limitan el ejercicio de sus derechos porque promueven estereotipos de género sobre la función reproductiva de las mujeres y otras “personas gestantes” que anulan su capacidad de decidir sobre su proyecto de vida.
La jueza federal dio la razón a las demandantes y dijo que la sanción a las mujeres que abortan voluntariamente en Yucatán viola sus derechos reproductivos porque no les permite tomar decisiones autónomas sobre la continuidad de su embarazo; también señaló que la protección de la vida es inconstitucional porque busca interferir en el ejercicio de los derechos reproductivos.
La sentencia ordena que la regulación penal del aborto y la cláusula de protección a la vida no se les aplique a las mujeres demandantes por lo que ellas podrían abortar libremente en caso de necesitarlo, sin tener que justificar el motivo de su decisión y sin temor a ser criminalizadas.
Además del amparo colectivo, se presentó otro por una ciudadana de manera individual y se espera que se resuelva favorablemente también un tercer amparo interpuesto por una organización civil que presta el servicio de interrupción legal del embarazo el cual protegerá tanto a las mujeres que prestan el servicio, como a las que lo solicitan.
Mujeres ganan en Quintana Roo y Nuevo León
En diciembre pasado el Juzgado Tercero de Distrito, en Quintana Roo, y en noviembre, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, admitieron los primeros amparos de este tipo. En el caso de Nuevo León, con el amparo se declararon inconstitucionales los artículos 328 y 331 del Código Penal, que regulaban el delito de aborto. Uno de los argumentos del juzgado fue que esta ley “tiene un impacto frontal y directo con la libertad reproductiva de la mujer de decidir ser o no madre”.
Como parte de esta estrategia legal, mujeres y 15 organizaciones feministas presentaron amparos en 10 entidades del país: Durango, Jalisco, Chihuahua, Veracruz (previo a su despenalización en 2020), Oaxaca (porque a pesar de que despenalizó el aborto sigue presentando obstáculos para prestar el servicio), Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León, Campeche y Baja California.
La abogada Amelia Ojeda Sosa explicó que estos amparos tienen efecto inmediato para quienes los interpusieron. Es decir, no es extensivo para todas las mujeres de esa entidad, solo para quienes interpusieron los amparos; sin embargo, en sus sentencias, los poderes judiciales se están pronunciando por la inconstitucionalidad del delito de aborto.
Este pronunciamiento, explicó Ojeda, obliga a los congresos locales a revisar si, al castigar a las mujeres por abortar voluntariamente, su Código Penal es acorde con la Constitución, así como el marco normativo federal en materia de Derechos Humanos y derechos de las mujeres.
Buscan que amparos protejan a todas las mujeres en las entidades
Otros amparos que buscan que el Poder Judicial declare inconstitucional el delito de aborto ya se presentaron en enero y febrero pasado en Aguascalientes y Puebla, dos entidades en cuyos congresos imperan grupos políticos con posiciones en contra del aborto, explicó la integrante de la organización feminista Cultivando Género, Angélica Contreras.
Cultivando Género es una de las 11 organizaciones, entre ellas GIRE, que se unieron en red para presentar los amparos tanto en Aguascalientes y Puebla. De acuerdo con la defensora, estos también están sustentados en la resolución de la SCJN.
A diferencia de los amparos de las otras entidades, estos fueron presentados por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, quienes buscan que en su sentencia la y los juzgadores reconozcan que las organizaciones tienen el interés legítimo de impugnar colectivamente el tipo penal del aborto. También se espera que la y los jueces declaren el tipo penal del aborto inconstitucional porque afecta no a una, sino a todas las mujeres. Esto implica que en la sentencia las y los juzgadores digan que a ninguna mujer o “persona gestante” en la entidad pueda ser procesada o encarcelada por este delito.
Las organizaciones, explicó Contreras, están utilizando la vía del amparo porque en estas entidades se ha observado que sus congresos están integrados mayoritariamente por grupos políticos que han manifestado resistencias y opiniones en contra de reconocer el derecho a decidir de las mujeres, por lo que impulsar reformas legislativas en esta materia por la vía de la incidencia política sería un proceso más largo.
En la mira, reformas legales
En 2021 cuatro entidades del país despenalizaron la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación: Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, los cuales se sumaron a Ciudad de México (2007) y Oaxaca (2019) que ya contaban con esta legislación. No obstante, en 26 entidades el aborto voluntario sigue siendo un delito.
Aunque legisladoras de diversos estados han presentado iniciativas para despenalizar el aborto, por ejemplo en Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo, estas propuesta de reforma han sido rechazadas incluso para su discusión. Es por eso que las organizaciones feministas despliegan otra estrategia: recoger las experiencias de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima y acompañar a las diputadas locales para lograr el avance de las reformas.
Este 1 y 2 de marzo se realiza el “Primer Encuentro Nacional de Colectivas y Legisladoras por el Derecho a Decidir en México”, cuyo objetivo es generar una alianza entre feministas y diputadas para avanzar en estrategias legislativas para despenalizar el aborto. En el primer día las legisladoras Fanny Lyssette Arreola Pichardo de Michoacán; Tyara Schlske de Ariño, de Quintana Roo; Gloria Citlali Calixto Jiménez, de Guerrero; María Nadiezhda Robles Villaseñor y Susana De la Rosa Hernández, de Jalisco, compartieron estrategias.
Las legisladoras señalaron la importancia de revisar las posturas de quienes integran el Congreso antes de presentar una propuesta, de que la sociedad civil acerque argumentos a las y los diputados, de analizar si es mejor presentar una reforma al Código Penal o hacerlo con una reforma constitucional, revisar cuántos votos se requieren para aprobar una iniciativa y revisar los tiempos parlamentarios para acelerar los trabajos.
Mientras que las organizaciones llamaron a los congresos locales a retomar los preceptos de la Suprema Corte. “Creemos que eso es fundamental que los congresos deben de legislar para garantizar la dignidad la libertad, la salud y el derecho a decidir de las mujeres y personas. La resolución de la Suprema Corte establece un criterio de obligatoriedad, es decir, aquí no hay manera de que no se pueda cumplir este mandato que hace la Suprema Corte”, expuso Aidé García Hernández, de Católicas por el Derecho a Decidir.
Hasta ahora no es posible saber con exactitud cuántas mujeres atraviesan un proceso judicial por haber interrumpido su embarazo, ya que los sistemas penitenciarios han mantenido opacidad en el tema. Por ejemplo, el 16 de febrero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que solo recibió información de una mujer encarcelada en Oaxaca; mientras que el 17 del mismo mes el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, informó que ubicó 100 casos.
