Con unanimidad de 460 votos, el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la reforma a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar la figura de violencia vicaria y salvaguardar la integridad de las víctimas.
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El proyecto que fue a turnado al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual aprobación define la violencia vicaria como la acción u omisión cometida contra una mujer por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación, a fin de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos, así como causar desapego en el vínculo materno-filial utilizando la violencia.
“Incurre en violencia vicaria quien sustraiga, retenga, oculte, maltrate, amenace, ponga en peligro la integridad y salud, violente física, económica, psicológica o sexualmente a las hijas e hijos de las mujeres”, señala la minuta.
Igualmente es responsable de dicha violencia quien interponga procedimientos judiciales falsos o conductas procesales dilatorias para impedir la convivencia, guarda y custodia con el propósito de dominar, someter, manipular, controlar o agredir de manera física, verbal, sicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres, e incluso provocar el suicidio, feminicidio u homicidio de las madres y de sus hijas e hijos.
Las modificaciones y adiciones a la ley prevén que el Ministerio Público, las autoridades jurisdiccionales y cualquier otra que conozca un asunto de violencia vicaria deberá realizar todos los actos necesarios para salvaguardar la integridad física y sicológica de las mujeres, sus hijas e hijos, de manera inmediata.
A su vez, los poderes legislativos federal y locales “considerarán tipificar el delito de violencia vicaria y asimismo establecerla como causal de divorcio, y que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de este tipo de agresión, no se podrá recuperar la misma”.
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La diputada priista Melissa Vargas advirtió que la violencia vicaria será pronto tipificada como un delito en México.
Detalló que en el país existe un registro de 205 casos, donde 80 por ciento de las mujeres fueron separadas de sus hijos de manera inesperada, aun teniendo la guardia y custodia de los mismos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional acerca de la Violencia Vicaria en México, en 2020 se recibieron al menos 150 solicitudes de intervención por parte de grupos de movimientos feministas, dijo.
Al fijar el posicionamiento de Morena, la diputada Dulce María Silva remarcó la necesidad no sólo de incorporar a la ley, sino de visibilizar, prevenir y sancionar la violencia vicaria.
“Nunca más ninguna mujer sea víctima de violencia y ninguna niña o niño sea el instrumento para perpetrarla”, puntualizó.
A nombre del PAN la legisladora Josefina Balderas subrayó que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, es de celebrar la inclusión de violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “pues es conocida la recurrente práctica de causar daño, violentar o chantajear a la pareja o expareja, usando a los hijos y causando daño”.
Endurecen penas por violencia familiar contra adultos mayores y embarazadas
Con 431 votos a favor y 21 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una adición al artículo 343 Bis del Código Penal Federal para aumentar hasta seis años de prisión la pena máxima por el delito de violencia familiar contra adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.
En la legislación se define la violencia familiar como los actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica contra cónyuges, concubinos o parientes por consanguinidad, afinidad o civil, e impone sanción de seis meses a cuatro años de cárcel.
El proyecto que fue enviado al Senado de la República plantea incrementar dichas penas hasta en una mitad en los casos antes señalados.
“Cuando el delito de violencia familiar se comenta en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo”, señala el dictamen.
El objetivo es garantizar los derechos de dichos grupos en situación de vulnerabilidad al interior de los hogares, al sancionar con mayor dureza las conductas por violencia familiar cometidas en contra de estas personas.
En su fundamentación, el dictamen refiere que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más en México, 66.1 por ciento ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor.
Asimismo, el 43.9 por ciento ha sufrido agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación, lo cual se acentúa entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años.
Tan solo en 2018 se registraron 3 mil 752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio significa 10 muertes de mujeres diariamente por agresiones intencionales.
Al fundamentar la reforma al Código Penal Federal, la panista Lizbeth Mata subrayó que la violencia contra las mujeres se ubica en las relaciones de mayor cercanía y familiaridad, y son las relaciones de pareja, por unión, matrimonio o noviazgo, los espacios donde se ejercen con mayor frecuencia y severidad agresiones de todo tipo contra las mujeres.
“Otro tipo es la que sufren las personas con discapacidad y los adultos mayores por los familiares que se encuentran al cargo de ellas”, señaló.
