No debe haber impunidad en el servicio público, Amalia García
Ciudad de México / Micaela Márquez.- Para que no haya impunidad en las áreas administrativas de gobierno federal en cuanto a acoso y hostigamiento sexual y violencia institucional, se aprobaron reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
Entre enero de 2019 y mayo de 2022 se iniciaron 937 denuncias contra servidores públicos por hostigamiento o acoso sexual al interior de 136 dependencias, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública.
El presidente de la Comisión, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks destacó que contribuyen a la lucha de las mujeres por visibilizar y sancionar estas conductas, mientras la diputada Amalia Dolores García Medina de Movimiento Ciudadano afirmó que con estas iniciativas se subraya que en el ámbito del servicio público no debe haber impunidad y tienen que garantizarse espacios seguros, confiables e incluyentes para las mujeres.
Estimó que en el caso del hostigamiento sexual y laboral debe existir un marco jurídico más preciso para que esto no se permita y que cuando exista se sancione.
La diputada panista Karla Verónica González Cruz, una de las promoventes, resaltó que la violencia contra la mujer persiste como una violación generalizada de los derechos humanos, “el acoso y hostigamiento sexual es inaceptable sin importar que sea cometida por el Estado y sus agentes, parientes o extraños, en el ámbito público o privado”.
Señaló que con esta reforma se beneficiará a las mujeres que presentan una denuncia por ser víctimas de algún tipo de violencia o han sido despojadas injustamente de sus derechos y “las instituciones no les han proporcionado un trato digno, de calidez y calidad, e incluso las autoridades han tolerado la vulneración de derechos y participado en complicidad con su agresor”.
Las diputadas morenistas Julieta Andrea Ramírez Padilla y Andrea Chávez Treviño fueron las otras diputadas promoventes del dictamen que adiciona la fracción XI del artículo 49 de la Ley para establecer que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en la obligación de “diligenciar debidamente las quejas que se reciban respecto al hostigamiento y al acoso”.
Asimismo, se reforma el precepto 57 de dicho cuerpo legal para incluir la referencia al artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual define la violencia institucional. Esta modificación implicaría que incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que realice, por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en dicho artículo 18 relativo a la violencia institucional.
Las diputadas celebraron las reformas porque dan certeza jurídica a las personas que denuncian algún tipo de acoso y hostigamiento y que los servidores públicos conozcan que hay sanciones por no darles tramite a este tipo de denuncias, como la panista María Elena Pérez Jaén Zermeño, y la morenista Lidia Pérez Bárcenas quien preciso que hay que seguir trabajando para erradicar cualquier tipo de violencia en cualquier lugar, instituciones, hogar, hogar o la escuela.
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) destacó la importancia de tener coincidencias en la agenda de las mujeres como en este dictamen. Sostuvo que se debe legislar con perspectiva de género y felicitó a las diputadas promoventes por esta reforma.
Esther Martínez Romano, diputada del PT, subrayó que los cambios significan un gran avance legislativo en materia de hostigamiento sexual y laboral que sufren muchas mujeres en sus centros de trabajo. Mencionó que los hombres también son violentados por las mujeres, “ellos también sufren acoso sexual y laboral.
Los diputados Augusto Gómez Villanueva del PRI y Éctor Jaime Ramírez Barba del PAN expresaron su beneplácito por la iniciativa y agregaron que debe existir un Código de Ética en el comportamiento de los servidores públicos, y que el próximo periodo ordinario se pueda aprobar por el Pleno.
El diputado petista Benjamín Robles Montoya señaló que la violencia contra las mujeres no debe ser tolerada en ninguna forma ni contexto y que es preciso garantizar su seguridad y bienestar.
