Tuxtla Gutiérrez, Chiapas / Redacción.– Este martes el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Ingrid por unanimidad con 58 votos a favor, la cual sancionará penalmente a personas y servidores públicos que difunda información, contenidos multimedia o documentos del lugar o los hechos, pertenecientes a investigaciones relacionadas con delitos, es decir, que «difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, audiograbe, videograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta fotos, videos, audios o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo».
La Ley Ingrid incluye reformas en el artículo 239 del Código Penal de la Ciudad de México.
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“Con el objeto de tipificar y sancionar a las personas servidoras públicas por la indebida distribución de imágenes fotográficas o video de investigaciones vinculadas con hechos delictivos, el pleno aprueba las modificaciones al art. 293 del Código Penal local.”, mencionó el Congreso en su cuenta de Twitter.
Las sanciones van de dos a seis años de prisión y una multa de 500 mil unidades de medida (UMA. Referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en leyes y disposiciones jurídicas), lo que equivale, en el 2021 en 89.62 pesos diarios, 2,724.45 pesos mensuales o 32,693.40 pesos anuales.
Además si la filtración de la información se hizo con la intención de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares las sanciones aumentarán hasta en una tercera parte. Esto cuando los contenidos multimedia muestren el cuerpo de mujeres, niñas, adolescentes, así como cuando exista relación con las circunstancias de la muerte, lesiones, estado de salud de la o las víctimas.
«El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea”, expresaron en el dictamen.
Esta ley entrará en vigencia una vez que los cambios sean publicados en el Diario Oficial de la capital.
Ley Ingrid en Oaxaca
El viernes pasado el congreso de Oaxaca aprobó una reforma para que los servidores público o policías que difundan o filtren imágenes explicitas de asesinatos o crímenes sean castigados, para fortalecer la protección legal a los derechos de la víctimas y combatir la violencia de género en los medios de comunicación y redes sociales. Y las modificaciones serán en la adición de la Fracción VII al Artículo 207 de la legislación en mención, establecen de dos a siete años de prisión, y de 30 a 50 días de multa a la persona que cometa la falta señalada.
A diferencia de la Ciudad de México, comete delito quien difunda imágenes sobre las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud no sólo de niñas o mujeres, también para integrantes de la comunidad LGBT.
Feminicidio de Ingrid
Esta Ley fue aprobada en memoria de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio el 9 de febrero en su casa, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México a manos de Francisco ‘N’, en ese momento su pareja.
Por medio de una llamada telefónica a las autoridades de la Secretaría de Seguridad de la CDMX hecha por el feminicida confeso, se supo de los hechos. Elementos de la policía llegaron al departamento y encontraron el cuerpo de Ingrid, asesinada brutalmente, por lo que dos días después el asesino fue vinculado a proceso. Sin embargo las fotografías del cuerpo de la joven fueron filtradas por agentes de la Fiscalía capitalina y difundidas por medio de redes sociales e incluso medios de comunicación, lo que revictimizó y vulneró la integridad de Ingrid Escamilla.
Esta acción movilizó a mujeres y feministas a realizar una acción virtual para que lo primero que se viera en las búsquedas de navegadores y redes sociales fueran imágenes de paisajes, ilustraciones y no la exposición de su cuerpo, así como para reclamar y cuestionar la publicación de cuerpos sexualizados o mutilados y a aquellos que la utilizaron para lucrar con el contenido.
Por ello el 11 de febrero del 2020, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación en contra de seis agentes de Seguridad Pública que llegaron al lugar de los hechos. Y hasta el 13 de diciembre del mismo año, sólo un policía de la capital, Benjamín «N», fue señalado de ser el responsable de filtrar las fotografías y videos del feminicidio, posteriormente fue vinculado a proceso.
