Ello la pone en peligro y constituye una distracción del verdadero problema: la violencia contra las mujeres. Reclaman el legítimo derecho a defender a otras mujeres, como lo hace la experta nacional e internacional, ahora atacada
Ciudad de México / Elda Montiel (SemMéxico).- Un nutrido grupo de mujeres denunció que acosan e intimidan a la abogada Patricia Olamendi Torres, con escritos infamantes, buscando distraer a la opinión pública sobre la violación sexual y el problema nacional de la violencia contra las mujeres.
Estos ataques, personales, se dirigieron a la defensora de una de las víctimas de violación a manos de Félix Salgado Macedonio como un acto de acoso e intimidación reprobable, que no puede ser tolerado, provenga de donde provenga.
Afirman que representar a una víctima de violación, y ejercer el derecho constitucional de ser defensora de los derechos de las mujeres, no constituye un delito.
La denuncia es pública y escrita en un pronunciamiento de la Red Nacional “Nosotras Tenemos Otros Datos”, al que se sumó “Mujeres en Plural”, dos organizaciones a las que pertenece Olamendi Torres, constituidas por mujeres feministas de todo el país y de diferentes opciones políticas o sociales..
Exigen respeto a la tarea feminista de la jurista, experta de Naciones Unidas, y detallan que ella, como otras miles de mujeres, no tiene ni interés partidario ni empresarial. Y explican que estar al lado de las víctimas, exigir la garantía a su derecho y acceso la justicia, es un derecho Constitucional.
Reiteran creer en la palabra de las mujeres que acusan de violación sexual a precandidato de Morena, al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.
Rechazan el ataque que se ha instrumentado en contra de la doctora Patricia Olamendi Torres, reconocida abogada y defensora de los derechos humanos, por ser la representante legal de “Basilia N”, una de las víctimas del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio.
El ataque, dijeron, vino de “notas” publicadas en la capital del país en diferentes medios periodísticos, donde se hace referencia a la abogada Patricia Olamendi Torres, hablando de sus lazos filiales, y citando datos erróneos sobre cargos, pretendiendo desprestigiarla y desautorizarla, profesionalmente..
Las dos redes, en sendos pronunciamientos, consideran que, la supuesta información, tiene una serie de conjeturas filiales, políticas partidarias sobre la trayectoria y actuación de la doctora Patricia Olamendi Torres; los textos, sin fuente, pretenden oficiosamente dar sustento a la narrativa presidencial de que las denuncias presentadas en contra de Salgado Macedonio son producto de la temporada electoral y que alguien está atrás.
Afirman: “Lamentamos mucho que las falsedades publicadas, puedan ser utilizadas para cuestionar la legitimidad y la veracidad de las denuncias presentadas”.
Abundan, que tratar de desprestigiar a una respetada defensora de los derechos humanos por su legítima labor de acompañamiento a la víctima, es un acto de acoso e intimidación reprobable, que no puede ser tolerado, provenga de donde provenga.
Luego señalan que las defensoras de los derechos humanos resultan incómodas al poder porque son críticas e indispensables para el desarrollo de la democracia y la vigencia del Estado de derecho, lo que se ha documentado desde los organismos internacionales.
Esas publicaciones son intentos de amedrentar o estigmatizar políticamente, a la defensora, como afectar su trabajo y su tranquilidad, por lo que resultan equivocados y vergonzosos.
También lamentan la posición del Ejecutivo, de la Secretaria de Gobernación, de los dirigentes partidarios de llamar a garantizar la presunción de inocencia del señalado como responsable, sin reparar en el derecho de las víctimas. Lo que no merece -Salgado Macedonio- es inmunidad, no merece que se le otorgue una candidatura para ser gobernador como salvoconducto.
Hacen notar que los atacantes o quien los dirigió -porque las notas en diversos medios son idénticas- no han reparado en que el horror, el sufrimiento y el trauma de una violación sexual no prescriben.
Agregan que los ataques de desprestigio son una forma de distraer la atención del verdadero problema, la violencia contra las mujeres, ya que los datos de la cifra negra con relación a los delitos sexuales en el país es de 98.3 por ciento.
Sin dejar de mencionar que el Estado de Guerrero se encuentra bajo el emplazamiento de dos Alertas de Violencia de Género de 2017 por delitos de feminicidio y a partir de 2019 por agravio comparado y violencia a los derechos sexuales y reproductivos..
“Nosotras tenemos otros datos”, precisa que la violencia contra las mujeres es una emergencia nacional y eliminarla es una responsabilidad social.
Entonces le recuerdan al Estado Mexicano su obligación nacional e internacional de garantizar que las mujeres defensoras de los derechos humanos puedan acceder a la justicia, y recibir protección contra el acoso, amenaza, represalia y violencia.
Precisan que la doctora Olamendi Torres es una reconocida experta en temas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; sabedora del fenómeno de los feminicidios.
Le reconocen su contribución en la elaboración de varios procedimientos y protocolos que hoy cuentan para nuestro país. La califican de congruente siempre en su actuar frente a las víctimas, por lo, reiteran: “rechazamos rotundamente cualquier acción en su contra”.
“Nosotras tenemos otros datos”, hace un llamado a todas las colectivas y a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas defensoras, a las activistas, para que se pronuncien con firmeza a favor del legítimo derecho de las mujeres a defender los derechos humanos de otras mujeres.
Relatan que durante semanas “hemos escuchado a funcionarios públicos, dirigentes políticos y representantes populares tomar partido a favor del presunto responsable”.
“No hemos visto ni por asomo, que prueben por un solo momento colocarse en el lugar de las víctimas, ni que intenten comprender por lo que han pasado: el machismo, el abuso del poder que han enfrentado y su impotencia para iniciar acciones contra un poderoso político”.
Acusan, esas personas e instituciones no han apurado a la Fiscalía General de Justicia de Guerrero para que desempolve las denuncias presentadas y sancione a quienes han retardado el caso.
Señalan, que en el caso que las ocupa, hay mujeres que presentaron su denuncia ante diferentes instancias y no han obtenido justicia.
Afirman que las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia les han negado su derecho a una investigación pronta y eficaz, a la atención, a ser efectivamente escuchadas por la autoridad, a la asistencia, a la protección, a la debida diligencia, a la reparación del daño y hoy “irresponsablemente pretenden obstaculizar su derecho a recibir asesoría para la defensa de sus derechos, todo lo cual constituye violaciones de sus derechos humanos”.
Explican que el derecho de acceso de las mujeres a una justicia de calidad, competente, eficaz, independiente, imparcial y sin trabas, es esencial para la realización de todos los derechos protegidos por todos los instrumentos internacionales en la materia y un elemento fundamental del Estado de Derecho y de los buenos gobiernos.
“Nosotras tenemos otros datos”, advierten que “seguiremos pugnando por contar con instituciones democráticas, imparciales y accesibles, para fortalecer el Estado de Derecho, por el reconocimiento, respeto garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas”.
