Ciudad de México / Anayeli García Martínez – La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para reformar la Ley General de Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de reconocer y atender la violencia obstétrica, que en 2016 afectó a 33.2 por ciento de las mujeres que tuvieron un parto.
La propuesta fue avalada en la 64 Legislatura, pero no se votó en el pleno, por lo que este jueves 2 fue retomada por las y los legisladores, quienes avalaron el dictamen con 18 votos a favor, nueve en contra y una abstención.
El dictamen define la violencia obstétrica “como cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud, que cause un daño físico y/o psicológico durante el embarazo, parto o puerperio”.
Este daño se expresa en la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano, degradante, o un abuso menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre los procesos reproductivos.
El presidente de esta comisión, el diputado Emmanuel Carmona Reyes, puntualizó que este dictamen se analiza a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y mencionó que el documento considera que la violencia obstétrica es una modalidad de violencia contra las mujeres.
El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, propuso incluir en la redacción que se trata de: “toda acción y omisión de instituciones, profesionales y personal de la salud”, porque aseguró que hay ocasiones en que la responsabilidad no es del servidor público, sino de la institución, por ejemplo al no tener insumos para atender a la paciente.
Las y los legisladores también expresaron dudas en torno al dictamen. Por ejemplo, la diputada de Morena, Verónica Collado Crisolia, preguntó en qué momento deja de ser violencia y se convierte en negligencia médica, ya que mencionó que en caso de negligencia se puede tipificar como delito.
Además, el diputado de Morena, Arturo Roberto Hernández Tapia, preguntó de qué manera se va a regular a las instituciones privadas. En ambos casos, el diputado Carmona Reyes señaló que la legislación distingue violencia obstétrica de negligencia y que ya existe una regulación para las instituciones privadas.
Esta reforma fue presentada desde octubre de 2019 por las diputadas de Morena, Melba Nelia Farías Zambrano, Ana Patricia Peralta de la Peña y Armando Contreras Castillo, quienes en su momento señalaron que organizaciones feministas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), han documentado que esta violencia puede ser física o psicológica.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2016, que por primera vez incluyó 12 preguntas para conocer la experiencia de las mujeres de 15 a 49 años durante su último parto, reveló que 11 por ciento de las mujeres recibieron gritos o regaños por parte del personal médico o de trabajo social.
De acuerdo con datos de esta encuesta 10 por ciento denunció que no fue atendida con celeridad porque el personal dijo que se quejaba mucho; 10 por ciento de las mujeres refirió no haber sido informadas de la necesidad del procedimiento de cesárea y 9 por ciento dijo haber sido presionada para aceptar un dispositivo anticonceptivo u operación.
Además, durante el periodo 2015-2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 44 recomendaciones a distintas instituciones gubernamentales y de salud pública por casos de violaciones al derecho a una vida libre de violencia obstétrica. El IMSS acumuló 21 recomendaciones en esta materia y las otras 23 fueron dirigidas a gobiernos estatales y al ISSSTE.
El dictamen aun debe ser avalado por el pleno de la Cámara de Diputados.
