Paula Ávila-Guillén es abogada en derechos humanos y directora ejecutiva de Women’s Equality Center.
Colombia / Paula Ávila-Guillén.– La Corte Constitucional de Colombia tiene en sus manos el poder de decidir sobre la legalización total del aborto en las próximas semanas. Actualmente, se considera un delito excepto en tres circunstancias específicas: cuando hay riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada, cuando el diagnóstico fetal es grave, y en casos de violación, incesto o inseminación no consentida.
Fuera de estas excepciones, que fueron reconocidas por la Corte Constitucional en el 2006 mediante la sentencia C-355, las mujeres que buscan interrumpir su embarazo se arriesgan a ser criminalizadas y encarceladas. Pero lo más preocupante es que incluso aquellas que cumplen con una o varias de las tres instancias legales, se enfrentan cada día a todo tipo de trabas, maltrato y estigmatización cuando intentan acceder al aborto seguro que en teoría garantiza la ley.
La Corte tiene (en estos días) en sus manos la posibilidad de acabar con las injusticias que provoca la falla en la implementación de la legislación parcial del aborto. Debe eliminarse del código penal porque viola los derechos fundamentales a la salud, la igualdad y la libertad. Sobre todo, de las niñas y adolescentes que son obligadas a ser madres.
Lamentablemente, en Colombia el aborto seguro es limitado y desigual debido a lo estricto de la ley estipulada en el código penal y a la existencia de barreras legales, sanitarias y de creencias personales de terceros —como la objeción de conciencia— que obligan a las mujeres a buscar atención fuera del sistema de salud.
El debate sobre su despenalización se abrió de nuevo gracias a la demanda interpuesta por Causa Justa, un movimiento conformado por más de 200 organizaciones que trabajan en pro de los derechos reproductivos de las mujeres y niñas en Colombia.
Según datos del Center for Reproductive Rights, solo 1% de los abortos en Colombia ocurren con las garantías del sistema de salud y en zonas urbanas. Durante los últimos 20 años, 97% de las mujeres y niñas procesadas penalmente por aborto viven en zonas rurales y 30% de los casos criminalizados corresponden a mujeres víctimas de violencia sexual y de género.
El informe Criminalización del Aborto en Colombia, realizado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, señala que cerca de 400 casos de aborto se llevan cada año ante la justicia penal. Estima que 13% de los casos de aborto perseguidos por la justicia en el país corresponden a adolescentes de entre 14 y 17 años, y que 24% de los casos en que se condena corresponden a menores de edad.
La frialdad de estas cifras revela una verdad estremecedora: Colombia está obligando a sus niñas y adolescentes a parir o a ir a la cárcel. De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde 2008 hasta 2013 nacieron cada año, en promedio, 159,656 niñas y niños de madres que tienen entre 10 y 19 años de edad. En 2020, Colombia registró un total de 4,243 de nacimientos en niñas de 10 a 14 años y, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, durante el segundo trimestre de 2021 hubo un incremento de 22.2% en los partos en niñas menores de 14 años.
Esto debería alarmar y avergonzar a cualquier Estado. Sobre todo, si tenemos en cuenta que tener relaciones sexuales con menores de 14 años es considerado un delito por la legislación colombiana, y que la violencia sexual y las uniones tempranas son los principales responsables del embarazo en la infancia. El no poder decidir sobre su maternidad condena a nueve de cada 10 adolescentes embarazadas a abandonar sus estudios e incrementa así el círculo de pobreza, abandono y violencia. Son madres a la fuerza cuando ni siquiera sus cuerpos están preparados para serlo: las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo.
La despenalización parcial del aborto ha demostrado su inoperancia y parecería estar hecha para atentar deliberadamente contra los derechos fundamentales. Legalizar el aborto es urgente y exige que se hagan ajustes en varios frentes. Por ejemplo, en el derecho a estar informados sobre la aplicación de las leyes.
En las circunstancias actuales, miles de mujeres y niñas en situación de pobreza no saben que pueden acercarse a un centro de salud para exponer su caso. Tampoco saben que es ilegal que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud pongan barreras administrativas para tener un aborto seguro como exigir documentación innecesaria. Las EPS tampoco deben, por ley, extender o demorar el proceso ya que se pone en peligro la salud y la vida de la gestante. Además, solicitar la autorización de los padres para practicar un aborto constituye una violación del derecho a la privacidad y autonomía.
Desafortunadamente, la pandemia también tuvo profundos efectos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Colombia. Según un informe de Profamilia, una de cada cinco mujeres dejó de recibir métodos anticonceptivos y más de 70,000 embarazos no deseados no pudieron evitarse.
Lo que está en juego con la decisión que tiene la Corte Constitucional en sus manos no es solo la oportunidad histórica de despenalizar totalmente el aborto para reconocer plenamente los derechos a la vida, salud y dignidad de las mujeres, también la responsabilidad de hacerlo para proteger y salvaguardar a las niñas y adolescentes que tanto merecen que este derecho sea una realidad para todas.
Artículo publicado por The Whashintong Post
