Una jueza abrió un proceso en contra de la ex directora de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), Maria Elena Cárdenas, por revictimización en el caso de feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, a casi seis años de que la familia presentó la denuncia contra servidores públicos.
La exfuncionaria es acusada del delito de ejercicio ilegal del servicio público por haber publicado tweets desde la cuenta oficial de la Procuraduría con “información estigmatizante y discriminatoria” en perjuicio de la joven asesinda.
Los tuits emitidos por la Procuraduría en 2017, un día después del asesinato de Lesvy Berlín, informaban sobre un supuesto consumo de drogas y alcohol por parte de la joven y declaraban que, según los testimonios del novio, ella ya no estudiaba desde 2014.
Ante esto, los familiares de la víctima denunciaron a la exfuncionaria, quien presentó su renuncia en la dependencia a los pocos días de dichas publicaciones.
El pasado lunes, la jueza de control Gloria Hernández Franco inició el juicio contra Cárdenas, tras celebrarse una audiencia intermedia contra la imputada.
Sin embargo, las organizaciones Justicia Pro Persona, y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) denunciaron que la defensa de Cárdenas ha revictimizado a los padres de Lesvy Berlin durante el proceso.
Esto debido a que señalaron que la defensa promovió un recurso de apelación y posteriormente juicio de amparo buscando que una autoridad judicial negara la calidad de víctimas de los padres de Lesvy Berlin, argumentando que el delito imputado solo se comete en agravio de la sociedad.
Asimismo, pidieron que se suspendiera la audiencia de etapa intermedia, que estaba programada para comenzar el 29 de agosto de 2022, asegurando que resolverían el caso por una vía alterna, entablando un diálogo con la asesoría jurídica y las víctimas. Sin embargo, dicho acercamiento no sucedió, señalaron las organizaciones.
También narraron que los familiares elaboraron y presentaron a los abogados de la exfuncionaria un plan de reparación integral que consideraba medidas de rehabilitación psicológica y de salud, así como medidas de satisfacción y de no repetición. No obstante, este fue rechazado por la defensa, argumentando que se trataba de “exigencias” de las víctimas que su representada no podía cumplir.
Ante esto, la jueza determinó comenzar el juicio contra Cárdenas, tras concluir que no se estaba cumpliendo con el compromiso de resolver las denuncias por una vía alterna.
OCNF y Justicia Pro Persona advirtieron que la defensa promovió otro recurso de apelación, el cual será resuelto por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). Frente a esto, exigieron que sea resuelto desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género.
Lesvy Berlín Rivera Osorio fue víctima de feminicidio la madrugada del 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México. La joven, de 22 años, fue asesinada por su novio, Jorge Luis González Hernández, quien fue sentenciado en 2019.
En un inicio, la PGJCDMX calificó el crimen como homicidio simple doloso por omisión y afirmó que la joven se asfixió frente a su novio, quien no evitó su muerte. Sin embargo, después de que se realizara un peritaje independiente, se concluyó que no se trató de un suicidio, sino que se identificaron signos de violencia.
Tras esto, el 18 de octubre de 2017, la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) reclasificó el delito a feminicidio. En 2018, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación en la que acreditó violaciones a los derechos humanos durante el caso.
Un día después del feminicidio, el 4 de mayo, la PGJCDMX publicó una serie de tweets en su cuenta oficial en los que señalaba a la joven de un supuesto consumo de drogas y alcohol de la joven.
Estos fueron severamente criticados y provocaron que surgiera el hashtag #SiMeMatan, en el que mujeres denunciaron el trato revictimizante de las autoridades. El 8 de mayo de 2017, Cárdenas Rodríguez presentó su denuncia, tras la publicación de los tweets.
