Basilia Castañeda, fue víctima de Felix Salgado Macedonio, político que la violó sexualmente en su casa, en el municipio de Chilpancingo. Castañeada emitió un comunicado por los medios de comunicación Cimac Noticias y Sem México en donde declara lo siguiente.
Ciudad de México.- El día de hoy, lunes 15 de marzo de 2021, fui citada a Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido MORENA (CNHJ), en la Ciudad de México, ante lo que informo lo siguiente:
Que decidí no acudir de manera personal sino a través de un escrito que envié esta mañana a la CNHJ, en el que solicité sean tomados en cuenta los hechos y las pruebas que ofrecí, ya admitidas por dicha Comisión, para que continúe con su análisis y resuelva acorde a derecho.
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Finalmente, en relación al comunicado del día de ayer, deseo aclarar que, al señalar que no impulsaré “más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima.” No significa de ninguna manera que yo retiro mi denuncia, ni tampoco que dejo de exigir justicia, tanto en el ámbito penal como ante las otras autoridades que tienen competencia para conocer de los hechos y para establecer los límites y sanciones a Félix Salgado Macedonio por los daños que ha causado, como son, por ejemplo, las instancias intrapartidarias de MORENA o las electorales.
Como señalé en ese mismo párrafo del comunicado de ayer, las fiscalías, tanto la de la República como la de Guerrero, como autoridades competentes para la investigación en el ámbito penal “están obligadas a hacerlo de oficio dado que se trata de un delito grave en sí mismo, y agravado pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de Senador con licencia.” Investigar de oficio hechos que se presumen delictuosos implica que la autoridad, en este caso las fiscalías, por su propia acción, deben de impulsar y seguir la investigación para garantizar a las víctimas y a la sociedad la justicia, el acceso a la verdad de los hechos denunciados y la reparación del daño causado, tanto por los delitos denunciados, como por la violencia institucional que dichas autoridades pudieran haber ejercido durante la investigación.
