Ciudad de México / Angélica Jocelyn Soto Espinosa (Cimac).- Al participar en una reunión de la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios de niñas y adolescentes, del Senado de la República, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, destacó como acciones estratégicas para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, el Protocolo Nacional de Atención a niñez en orfandad y feminicidio, para el que no existen datos que sustenten su funcionamiento, y el Programa para Refugios de mujeres víctimas de violencia, cuyo recurso aún no ha sido entregado a las organizaciones civiles.
Este 20 de abril se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios de niñas y adolescentes, del Senado de la República, surgida en 2019 ante el incremento de asesinatos y muertes violentas de niñas y adolescentes, para revisar las acciones de prevención emprendidas en materia de violencia contra este grupo poblacional.
Durante su participación inicial, Fabiola Alanís enfatizó que como parte de la estrategia para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, “especialmente quiero destacar que durante esta administración se puso en marcha por primera vez en la historia el Programa Integral para Atender a las Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, y el Sistema DIF”.
Es de recordar que, de acuerdo con datos obtenidos por Cimacnoticias vía transparencia, se pudo constatar que no existe un registro actualizado a 2022 sobre la infancia en esta situación, y el único que existe es el que elaboró el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en 2019, cuando dijo que se tenían identificados 796 registros de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio en 25 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Edo. Mex, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).
Por su parte, el DIF, dependencia encargada de operar el Protocolo a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, respondió a esta agencia en una solicitud de información, que no existe en sus archivos información sobre el número de atenciones que se han brindado a partir de la creación del Protocolo.
La funcionaria sólo nombró el Protocolo pero no dio más información sobre su funcionamiento, mientras que las y los senadores no cuestionaron más al respecto.
Cuestionada por las senadoras respecto a la situación de los Refugios, la comisionada insistió en que los recursos están garantizados y que hay un incremento sustancial en el presupuesto para estos espacios de acogida en este 2022, con 420 millones de pesos.
“Tienen que tener mucha confianza en que esto va avanzando bien”, detalló Alanís. No obstante, ese mismo día de la reunión pero horas más tarde, dos organizaciones del estado de Morelos difundieron un comunicado en el que dieron a conocer que desde enero de 2022 los dos refugios a su cargo estaban operando sin recurso, esto derivado de que no han recibido el subsidio que, como cada año, esperaban que se entregara en marzo.
A pregunta expresa de la senadora panista Xóchitl Gálvez sobre cuándo se entregarían estos recursos a cada uno de los Refugios, la funcionaria se comprometió a que este mes firmaría los convenios, y aclaró que en el caso de Yucatán el gobierno de la entidad apoyaría con recurso para el pago del personal de estos espacios de la entidad hasta que el presupuesto federal se entregue.
Luego de que en días pasados el Comité contra la Desaparición Forzada presentara su informe de su visita a México en el que dio a conocer que las desapariciones de niñas a partir de los 12 años de edad y adolescentes se incrementaron durante la pandemia con fines de trata de personas o para ocultar la violencia sexual, y organizaciones civiles alertan del incremento de violencia contra niñas y adolescentes, Alanis Sámano dio a conocer que durante 2021 se registraron 277 casos de muertes violentas de niñas y adolescentes y refirió que es la cifra más baja de este delito desde 2017; de ese total 111 fueron clasificadas como feminicidio y el resto como homicidios dolosos, detalló.
En su oportunidad la titular de las Unidades de Prevención de la Violencia y el Delito, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tania Jimena Enríquez Mier, (también convocada a la reunión), dijo que, entre otras acciones, en 2021 se capacitó a las y los operadores del 911, así como a policías y elementos de la Guardia Nacional para la atención de casos de violencia contra las mujeres y las niñas.
