Ciudad de México / Anayeli García Martínez.- Después de 3 años, 56 testimonios, 21 tomos analizados y 31 días de juicio, este 21 de agosto de 2020, el juez federal Nelsson Pedraza Sotelo condenó a 50 años de prisión a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea.
Aunque la organización «Propuesta Cívica», que representó ala familia de la periodista, pidió la pena máxima de 70 años de prisión, el juez confirmó 50 años al autor material del crimen cometido en contra de la corresponsal del diario La Jornada, en el estado de Chihuahua.
El 18 de marzo de 2020 el juez condenó a Moreno Ochoa por su participación en el asesinato de la periodista y este viernes declaró que “no había lugar a dudas y que había quedado derrotada la presunción de inocencia” del acusado. Aun falta enjuiciar a los autores intelectuales del crimen.
«Propuesta Cívica» y «Reporteros sin Fronteras», quienes acompañaron el caso, emitieron un comunicado en el que aseguraron que lograr esta condena requirió de un amplio esfuerzo humano y económico y una intensa lucha de la familia de Miroslava. «El conjunto de pruebas testimoniales, periciales y documentales, dieron cuenta cómo operó la planeación y ejecución del crimen».
Las organizaciones destacaron que en el proceso para tener este fallo, el juez estableció que se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas y también se logró identificar a un autor intelectual del crimen, un líder del narcotráfico con nexos políticos.
«Propuesta Cívica» mencionó que testigos especialistas en investigación criminal expusieron cómo opera la narcopolítica en la Sierra de Chihuahua y el posible involucramiento de políticos del actual gobierno local en el crimen, encabezado por el Partido Acción Nacional, un eslabón pendiente en esta investigación.
«Esta sentencia representa un precedente importante en el combate a la impunidad de crímenes contra periodistas en el país más violento para la prensa y constituye un referente para los cientos de casos de periodistas asesinados que aún siguen en impunidad».
Para la organización este fallo judicial ha sido emblemático, «nos encontramos ante el primer juicio por homicidio de una mujer periodista litigado en instancias federales con una sentencia condenatoria y con la aplicación de una pena de 50 años de prisión», dijo.
El caso de Miroslava Breach puso a prueba el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio tratándose de comisión de delitos contra periodistas, evidenció los retos pendientes para las fiscalías tanto local como federal, la imperiosidad de mejorar sus planes y técnicas de investigación, agregó.
La agrupación especializada en la defensa de la libertad de expresión indicó que este caso demostró que cuando hay voluntad política la autoridad investiga, y que cuando hay participación de las víctimas, de la sociedad civil organizada (nacional e internacional) y del gremio periodístico, la autoridad investiga de manera más eficaz.
Sin embargo, recordó que el caso aún no está cerrado, falta que se ejecute la orden de aprehensión contra de Jaciel “N”, otro de los autores materiales, así también, la investigación en contra de los autores intelectuales y esclarecer el posible involucramiento de funcionarios del actual gobierno de Chihuahua.
«Los asesinos de Miroslava Breach, no solo mataron a la madre de dos hijos (uno menor de edad) y parte fundamental de una familia, también mataron una mujer que fue de las voces más críticas del gobierno, mutilaron al periodismo de investigación valiente y veraz, y como sociedad nos arrancaron el derecho a seguir conociendo sus investigaciones que exhibían y cuestionaban la narcopolítica que opera en Chihuahua».
«Propuesta Cívica» y «Reporteros sin Fronteras» advirtieron que la exigencia por verdad y justicia continuará hasta que todos los responsables materiales e intelectuales de este reprochable crimen sean enjuiciados. Por tanto, exigieron a la Fiscalía General de la República realizar las acciones de inteligencia necesarias para ejecutar las ordenes de aprehensión pendientes.
Otra de las demandas de las organizaciones fue que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas siga brindando planes de protección integrales a la familia de la periodista pues hay riesgo de sufrir una agresión.
