Esta semana la Corte está tomará una de las decisiones más importantes para las mujeres del país.
Catalina Oquendo.-Un grupo de mujeres baila y canta un reguetón frente a la Corte Constitucional de Colombia en el centro de Bogotá. Ondean pañuelos verdes y entonan un mensaje claro: “Yo no soy delincuente, no soy criminal. Eliminen el delito del Código Penal”. Detrás de ellas, un hombre solo, vestido de amarillo, reza arrodillado. Dentro, en el edificio del tribunal, está a punto de tomarse una de las decisiones más importantes para las mujeres del país. En la radio, termómetro de la vida social colombiana, un locutor informa: “La Corte debatirá dos temas de gran importancia: la tutela del expresidente Álvaro Uribe y la despenalización del aborto”.
Los magistrados de la Corte tienen en sus manos la eliminación del delito de aborto, contemplado en el Código Penal colombiano, con penas de 16 a 54 meses, por el que son criminalizadas anualmente 400 mujeres. Hace más de un año, el movimiento feminista Causa Justa presentó una demanda para que el tribunal analizara la ineficacia de ese delito. La Corte, tras analizar 114 escritos técnicos de expertos en salud, derecho penal y libertad de conciencia, tomará una decisión a finales de esta semana.
Publicaciones relacionadas
En Colombia, el aborto es un derecho desde 2006 en el marco de tres causales: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante. Sin embargo, la existencia del delito ha hecho que, en la práctica, las mujeres se sigan enfrentando a multitud de barreras para acceder a su derecho. Los abortos ilegales e inseguros han seguido haciéndose en el país, en ocasiones con consecuencias mortales. Ese es solo uno de los 90 argumentos que el movimiento ha presentado en su demanda.
A unas calles del Tribunal, mientras un centenar de mujeres lee uno a uno esos argumentos, Ana Cristina González, pionera del movimiento que aglutina a 99 organizaciones feministas, imagina el escenario para la vida cotidiana de las mujeres en el caso de que la Corte diga sí. “Si lo eliminan, no podrán volver a ser perseguidas, ni amenazadas, ni castigadas. Esos términos no son sinónimos: hay una parte del delito que las castiga socialmente, con lo que deben vivir cuando acuden a un hospital y son denunciadas. Se tendrían que cerrar los casos en la Fiscalía. Ese es un efecto material inmediato”, explica González, médica y Phd en Bioética, cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir.
El reciente informe Criminalización por el delito de aborto en Colombia señaló que entre 2006, cuando se aprobó la despenalización parcial, y 2019, 346 mujeres han sido sancionadas, una cuarta parte de ellas son menores de entre 14 y 17 años. El estudio también constató que las más perseguidas penalmente son las campesinas. “Lo más grave es que descubrimos es que el delito de aborto se condena más que la violencia”, añade González. De acuerdo con el informe, las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos penales cuando son víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual. Al menos el 42% de las que son judicializadas han sido víctimas de violencia de género.
