Ciudad de México / Berenice Chavarría Tenorio (Cimac).- Fue un 19 de septiembre de 2017 cuando la tierra se volvió a cimbrar como aquel 1985. Se acababa de rendir un homenaje a aquellas mujeres que perdieron la vida atrapadas entre cemento, telas y maquinaria de costura; sin embargo, 32 años después la tragedia se repetía en el predio ubicado en Simón Bolívar y Chimalpopoca, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
El dolor de aquel 1985 revivió en 2017, cuando el predio de cuatro pisos se derrumbó, provocando la muerte de 21 personas que trabajaban como costureras y personal operativo en dicho espacio, el cual tenía permiso para funcionar como oficina, pero en realidad albergaba las empresas textiles: Línea Moda Joven, S.A. de C.V; ABC Toys Company S.A de C.V; Dashcam System, Regalomex; Comercializadora Mextoy, S.A. de C.V.; Florina y Seo Young Internacional S.a. de C.V.
Ese 19 de septiembre de 2017 maquinarias y herramientas fueron rescatadas antes que las mujeres atrapadas. Cuatro días después la zona se declaró muerta: no había nadie por salvar con vida. Así se dio paso a las maquinarias para recoger “los escombros”.
La exigencia de justicia por las costureras
Irma Sánchez Ramírez, quien laboraba en “Línea Moda Joven” S.A de C.V, fue una de las mujeres que quedaron sepultadas el 19 de septiembre de hace cinco años. De acuerdo con información de archivo de Cimacnoticias, fueron las amigas y compañeras de trabajo quienes se solidarizaron con las familias de las víctimas ante el abandono institucional.
Y es que las autoridades, ni la familia Azkenazi -propietaria de Línea Moda Joven S.A de C.V- respondieron a su obligación para con las costureras que laboraban en el edificio ubicado en Simón Bolívar y Chimalpopoca.
Jessica, hija de Irma, recuerda que cuatro días después del sismo recibió la visita de una de las compañeras de su mamá, quien le llevó un apoyo económico de diez mil pesos, recabado el viernes 22 entre sus compañeras de trabajo. La quinta parte de lo recaudado, fue aportada por la dueña de la empresa; es decir, ocho mil pesos fueron aportación de sus compañeras de trabajo y únicamente dos mil de la dueña. Dinero con el que pretendió cubrir las negligencias que por años albergó el espacio donde laboraban Irma y sus compañeras.
Jessica no tuvo contacto con la empresa donde trabajaba su madre, tampoco recibió una llamada que diera condolencias a su familia. ¿Demandar? “Sería como vender la vida de mi mamá”, contó. Y así, sin justicia, su nombre está escrito en el edificio de las costureras que fallecieron tras el sismo de 2017.
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Al día de hoy el silencio embarga la tragedia: qué fue de los dueños de las empresas textiles que mantenían trabajando en condiciones precarias a las costureras, cómo se indemnizó a las familias, cuántas personas fueron sancionadas. Son las preguntas que aún continúan sin resolverse a cinco años.
A 32 años de otra tragedia
El 19 de septiembre de 1985, las mujeres costureras de la zona textil de San Antonio Abad en la Ciudad de México iniciaron sus labores con normalidad. No pensaron que horas más tarde estarían intentando recuperar los cuerpos de sus compañeras de entre los escombros, mientras eran agredidas por militares que les prohibían el paso para evitar que “robaran maquinarias o cajas fuertes”.
Sin garantías, miles de mujeres trabajaban en dichos talleres textiles, muchos de ellos clandestinos. El día del sismo muchas de ellas quedaron sepultadas entre los escombros, más de 40 mil perdieron su empleo y con ello el derecho a una indemnización.
Conchita, una de las mujeres que laboraba en los talleres textiles, contó a la revista Comunera y el periódico El Zenzontle:
“Ahí estuvimos todo el día y la noche sacando gente y llegó el ejército hasta el otro día el 20 de septiembre en la tarde. Acordonaron, traían metralletas y ordenando que nos fuéramos. Decían que nosotros queríamos robar. Pero no, donde yo trabajaba no se perdió nada, el edificio no cayó, lo chistoso es que el ejército no nos dejaba pasar, pero a los dueños les dio chance de sacar la maquinaria. Ahí estuvimos quince días, porque ya andaba organizando y los viernes me formaba ante la empresa a que nos pagaran las 3 semanas que estuvo parado todo. El patrón no sé quién era, nunca lo conocí ni supe su nacionalidad. Quien manejaba todo era el contador”.
Por su parte Evangelina, otra mujer costurera, contó a la escritora Elena Poniatowska:
“Entramos a la oficina en Fray Servando, entre Bolívar y Lázaro Cárdenas, y allí nos dimos cuenta de que a los patrones, los gritos de auxilio de nuestras compañeras no les afectaba como a nosotros, no los oían como nosotras los oíamos. Ellos estaban más preocupados por sacar su maquinaria, su materia prima y sus cajas fuertes que por los seres humanos. Antes que rescatar a las trabajadoras, querían rescatar los bienes materiales. Fue cuando me sentí totalmente decepcionada de mi patrón Samuel Bisú Serur, el dueño de las fábricas Dimension Weld. Incluso, fue déspota: se quitó el reloj y lo ofreció como liquidación”.
Fue así como dio inicio la lucha de Evangelina, quien lideró a varias de sus compañeras para constituir el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre. Inclusive se enfrentó a Miguel de la Madrid, entonces presidente de la República Mexicana, quien terminó por aceptar que las mujeres de los 800 talleres en San Antonio Abad vivían explotación laboral.
Pese a lo anterior, desde 1985 las condiciones para las costureras no han mejorado como deberían, el ejemplo nos lo deja el 19 de septiembre de 2017. Con el puño en alto, año con año se exige justicia para las miles de mujeres que fueron víctimas de un sistema que las olvidó y sepultó bajo escombros.
