Kyra Núñez de León, tuxtleca de nacimiento, es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM con maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra. Trabajó de corresponsal en el extranjero para medios nacionales como La Jornada, regresando a Chiapas en 2015 donde hace periodismo en El Sol de Chiapas y en medios informativos feministas. Escritora, tiene varios títulos publicados, como Mujeres en Vietnam, Jerigonza y el más reciente Rostros y Rastros de una Leyenda: Gertrude Duby Blom. Es Medalla Rosario Castellanos 2012. Actualmente es Consejera Consultiva 2018-2022 del Instituto Nacional de las Mujeres.
Cotidianas | Kyra Núñez (Consejera Consultiva – INMUJERES)
Chiapas se sumó al tren de la Paridad en Todo con la aprobación en el Congreso estatal de la iniciativa del Poder Ejecutivo que armoniza la ley federal de paridad para los tres poderes del Estado, municipales y órganos autónomos como el poder judicial, la fiscalía, el IEPC, la CEDH, el Tribunal Electoral y en partidos políticos, con especial atención a mujeres indígenas y juventud.
Podemos asumir que las reformas a los artículos del 7º al 18vo y al 30, 31, 32, 34, 38, 80, 100 y 101 de la Constitución Política del Estado de Chiapas es un logro, pero mientras las disposiciones legales no se traduzcan en práctica común, seguirá siendo uno más de tantos instrumentos jurídicos mexicanos de avanzada en la letra.
Madruguete o albazo, la armonización aprobada en sesión nocturna el 12 de junio, era una tarea pendiente del Ejecutivo desde que Chiapas fuera el primer estado de la República en aprobar la reforma federal del 06 de junio de 2019 a pesar de constantes demandas de organizaciones de la sociedad civil.
Fue por mayoría de voto con dos en contra -priístas Mario Santíz Gómez y Luz María Palacios Farrera. Una analista lo vio como el impacto de la aplanadora de Morena en el congreso local para asfaltar rápidamente el camino de la paridad diseñada en Palacio de Gobierno.
La iniciativa firmada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se conoció al mismo tiempo que se desarrollaba un conversatorio sobre paridad y violencia política contra mujeres organizado en el Congreso; además, ya circulaba otra iniciativa sobre el mismo tema de un grupo de la legislatura.
La Presidenta de la Comisión de Género en el Congreso, diputada Janette Ovando Reazola considera la reforma constitucional sobre paridad como “una buena iniciativa del gobernador” pero pone el dedo en la falta de dientes al decir: “sin las armonizaciones de leyes secundarias, y por supuesto, la voluntad política de hacerlo, no cambiarán las cosas”.
Claramente era urgente hacerlo, entre otras razones porque el proceso electoral es inminente, con o sin Covid-19, pero siempre queda un sin embargo. Periodista y activista, María Enriqueta Burelo Melgar comenta: “porque ha sido una lucha personal desde hace muchos años que quedara plasmada en una ley que diera sustento legal a la democracia paritaria, en eso estoy satisfecha, sin embargo, todavía no es realidad al interior de los partidos políticos donde las mujeres no forman parte de los grupos de poder donde se toman las decisiones.”
Burelo Melgar toca un tema por demás esencial en paridad, el de los partidos políticos. ¿Estarán a la altura? Porque mucho del alcance de la paridad en todo es en política; mujeres en paridad de militancia, en los puestos directivos de poder, en las designaciones de candidaturas y en el respeto a resultados electorales que no terminen en disimulo ni usurpaciones machistas.
Recordemos: cuando una mujer llega al poder, un hombre lo pierde ¡no siempre les gusta! y menos en la población indígena. La diputada de Morena, Myra Alicia Mendoza Álvarez, al referirse al dictamen aprobatorio durante la sesión legislativa lo calificó de “impulso a la participación de los pueblos indígenas, sobre todo de las mujeres indígenas”; quizá por ello, el diputado Santíz Gómez declaró su contrariedad porque no se consultó a las 12 etnias que habitan los 40 municipios indígenas de la entidad asegurando que la paridad decretada “trastoca la vida de las comunidades indígenas”.
La Dra. Virginia Villatoro, desde su perspectiva de mujer indígena, investigadora, académica y activista considera que las reformas “son un retroceso para los pueblos originarios”. Asegura que las mujeres trabajan en varios espacios para contribuir por mejores oportunidades como actoras del desarrollo de la sociedad y que las instituciones son las encargadas de fomentar y fortalecer esquemas de participación, representación y legitimación que no siempre hacen.
Ejemplo de “retroceso es la reforma al Art. 7º. constitucional que ahora estipula que los partidos políticos deberán registrar candidaturas cuando menos al 50% del total de distritos indígenas, lo que pone en desventaja a la representación de los pueblos originales y sobre todo a las mujeres; debió serlo al total del 100% de todos los distritos, así como garantizar a mujeres indígenas representaciones en cabildos y espacios en la legislatura estatal y federal para evitar la simulación y usurpación de curules” dice.
Lo cierto hasta lo que pude investigar es que las mujeres, indígenas, urbanas, campesinas, feministas o de organizaciones de la sociedad civil, no fueron consultadas respecto a las eventuales reformas que se referían a sus propios derechos como ciudadanas y que algunas en proceso de examinar las iniciativas se quedaron sin terminar cuando se supo la noticia de la decisión del congreso.
La Dra. Araceli Cal y Mayor Burguete, investigadora experta en temas indígenas, reconoce como “gran avance el reconocimiento de la paridad para mujeres indígenas, aunque por ahora no se sabe cómo le harán para cumplirlo ni si se podrá, porque es un cambio fuerte para las comunidades y los municipios con estructuras no solo machistas sino de dominación masculina absoluta”. Afirma que se necesitará paciencia para que ellos vayan haciendo los cambios, les será muy duro, a lo mejor intentan simulación al principio, pero lo bueno de las reformas es que son herramientas para que las mujeres indígenas se favorezcan de la paridad.
Consideró que “la pandemia creó un vacío político pues sin el Covid-19 la reacción indígena se hubiese manifestado en movimientos y resistencias en contra de estos cambios; madruguete del coronavirus, albazo del ejecutivo, lo que sea, el resultado fue a nuestro favor para que saliera la reforma”.
Si bien la paridad es para todas las mujeres, lo cierto es que las reformas son más específicas para las mujeres indígenas, les garantiza participar en condiciones de igualdad frente a los hombres y a ser votadas en cargos de elección pública; pero su desventaja es enorme debido a dos hechos visibles: la muy baja participación de mujeres indígenas en política hasta la fecha y al coto de poder que tienen algunas de las indígenas políticas.
La iniciativa del Gobernador Escandón fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXVII legislatura; no fue turnada para consulta a la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso como pienso que debe hacerse en el contexto de una democracia.
Los retos son múltiples para la Constitución reformada bajo el principio de paridad horizontal, vertical y transversal; por lo que toca a la Secretaría de Igualdad de Género, están ahora trabajando para implementar las responsabilidades que la reforma de la paridad trae consigo para las chiapanecas.
El avance para la democracia electoral que se concretó con la tipificación de la violencia política contra mujeres en razón de género decretada a nivel federal el 13 de abril de 2020 debe armonizarse en Chiapas; si para septiembre no se ha hecho -requiere 90 días para ser vigente- el proceso electoral que arrancará en enero no será pacífico para las mujeres porque la paridad impone eso, paridad, y ello significa que los hombres perderán su poder patriarcal local y buenos sueldos por lo que se teme más violencia; es imprescindible contar con esa tipificación que garantice derechos políticos paritarios de las mujeres en un ambiente sin violencia.
