Guatemala.- Legisladores progresistas y organizaciones defensoras de derechos humanos llaman enérgicamente al presidente Alejandro Giammattei a vetar el Decreto 18 2022, «Ley para la Protección de la Vida y la Familia» (Ley 5272), aprobado el pasado 8 de marzo en el Congreso.
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Esta ley modifica el Código Penal para imponer penas más drásticas contra las mujeres que aborten, hasta con 10 años de cárcel,“aun cuando éste sea espontáneo, dejándolas más vulnerables ante un sistema de salud y de justicia de por sí débiles. Además, criminaliza la labor de los médicos que atiendan estos casos”, refiere la Bancada Maíz, organización ciudadana de centro izquierda en un comunicado.
https://twitter.com/ruda_gt/status/1501388476578684933?t=Kx0OQEKSlJLrPoRZipwNsg&s=19
Las organizaciones dan argumentos sobre la inconstitucionalidad de la ley aprobada por mayoría con solo 8 votos en contra, pero que aún podría detener el Ejecutivo.
Al solicitar al presidente Giammattei, médico de profesión, que vete esta ley, puntualizan que “la protección de la vida y la familia requieren políticas de Estado integrales, que enfaticen en la seguridad de las personas y el respeto de los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo, tal como establece la Constitución de la República,” sostuvieron en comunicado ayer.
La iniciativa que en siete páginas retoma la agenda más conservadora y sus artículos “incumplen los convenios internacionales y estándares en materia de derechos humanos, particularmente de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, legislando a partir de perjuicios e induciendo al odio por razones de género,” agregaron.
Además, contempla penas desproporcionales en casos relacionados al aborto y penaliza situaciones de salud como el «aborto natural o espontáneo», que en su mayoríayoría es consecuencia de la pobreza, la desnutrición y la falta de atención estatal a la salud reproductiva.
https://twitter.com/ruda_gt/status/1501605365032624133?t=whIwJH8aQWmHSvbDWTyMKg&s=19
En una carta abierta avalada por Profesionales Independientes en Ciencias muestran que la iniciativa “niega la creciente y abundante evidencia científica sobre la realidad biológica de la diversidad sexual como parte de la especie humana.”
Remarca que el deber de los médicos de reportar abortos de cualquier tipo criminaliza a las mujeres que de facto tendrán una pérdida espontánea ya que “uno de cuatro embarazos termina en lo que se denomina aborto espontáneo y causado principalmente por anormalidades cromosómicas.”
Repudio al interior del Congreso
El partido política Movimiento Semilla también rechazó la ley y tras deslindarse del voto pidieron la renuncia del diputado Alberto Sánchez Guzmán, “contrario a nuestros principios y a los intereses de la población guatemalteca. Reitermos como Movimiento Semilla nuestro desconocimiento público de su actuar como funcionario y en todos los espacios de nuestro partido.”
Igualmente, los integrantes de las bancadas Winaq, y las legisladoras Evelyn Morataya y Andrea Villagrán, de Bien, expusieron en conferencia de prensa que están en contra de esta normativa, reportó Emisoras Unidas
Las voces se levantan con protestas de organizaciones la Redtrans Guatemala, Gente Positiva, Visibles Promiscuxs Conciencia. Red Lactrans, y grupos por los derechos sexuales.
