Remarcan que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que nace de un pacto patriarcal institucional e ideas misóginas.
Chilpancingo, Guerrero / Josefina Aguilar Pastor.- Tras la liberación de Aurelia García Cruceño, joven indígena náhuatl, acusada de homicidio en razón de parentesco, organizaciones de defensoras de derechos humanos exigen al Estado, cumpla con la reparación del daño tanto a ella, como de todos los casos de mujeres recluidas por delitos que no cometieron, así como acelerar el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género, por agravio comparado y la revisión de todos los casos relacionados con aborto.
Este miércoles, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres (RGDM), el Observatorio de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OVM), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), así como organizaciones y defensoras del estado de Guerrero, emitieron un pronunciamiento dirigido al gobierno del Estado y sus instituciones.
Refieren que a más de tres años de la solicitud de la Alerta por Violencia de Género (AVG) por agravio comparado, la cual fue decretada para el estado de Guerrero en junio de 2020, en la que entre otras medidas señala la revisión de casos como el de Aurelia García Cruceño, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no ha revisado ni uno solo.
Como defensoras de derechos humanos señalan que han conocido por lo menos un caso más, además del de Aurelia, el de Maira Onofre Gómez, recluida también en el penal de Iguala de la Independencia, acusada también de homicidio en razón de parentesco.
De las medidas dictadas en la AVG por agravio comparado, aún faltan por cumplirse 13, muchas de ellas relacionadas con la capacitación de servidores y servidoras públicas en perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.
“Es urgente que comiencen a juzgar desde estas perspectivas y abandonen comportamientos misóginos que criminalizan a las mujeres; es urgente dejen de lado sus prejuicios personales y omitir comentarios dolosos que interfieren en la obtención de justicia para las mujeres víctimas de graves violaciones a sus derechos, asimismo es impostergable cumplir con la obligación de garantizar traductores y traductoras en lenguas originarias”, señalan.
Como defensoras de derechos humanos les urge, recalcan, que dejen de ejercer violencia institucional contra las mujeres, niñas y adolescentes; las servidoras y servidores públicos, deben de entender de una vez por todas, que la perspectiva de género “no es un adorno ni un moño que lucir un día naranja”.
“Debe quedar claro que la perspectiva de género y de derechos humanos, es una obligación en su quehacer institucional diario, porque las violencias ejercidas contra las mujeres en Guerreo, son graves y se agravan muchos si estas son acentuadas por el Estado”, resaltaron.
Remarcan que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que nace de un pacto patriarcal institucional e ideas misóginas, por lo que también se pronunciaron por dejar de estigmatizar a los pueblos originarios afromexicanos e indígenas por los usos y costumbres.
Ante ello, como defensoras de los derechos de las mujeres y organizaciones acompañantes y peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, exigen al Estado de Guerrero, acelerar el cumplimiento de la mencionada alerta, en lo que se refiere a la revisión de todos los casos de mujeres recluidas por delitos relacionados con aborto; que se publique y cumpla con el plan de reparación del daño cometido a Aurelia, y a todas las mujeres que hayan perdido años de sus vidas detenidas en prisión por delitos que no cometieron, y por último, cese a la criminalización de las defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres.
Caso Aurelia
Refieren que como RGDM y OVM-Guerrero, y organizaciones acompañantes de Aurelia García Cruceño, emprendieron la defensa desde hace varios meses, visibilizando la criminalización contra las mujeres en un Estado alertado desde hace varios años por violencia feminicida con un contexto de violencia sexual grave.
En Guerrero, remarcan, se ha criminalizado a las mujeres con mayor vulnerabilidad, negándoles un aborto legal y seguro y, sobre todo, negando derechos a las mujeres indígenas como Aurelia quien finalmente este martes, recobró su libertad.
Aurelia estuvo presa por casi 4 años, por haber tenido un parto fortuito, después de un embarazo resultado de una violación sexual cometida por una autoridad comunitaria en su natal Xochicalco, municipio de Chilapa.
Para Aurelia el camino se detuvo por 4 años, que ya no le serán devueltos, con 19 años de edad fue obligada a aceptar una sentencia de 13 años por un delito que nunca cometió, ahora a las autoridades correspondientes les toca la reparación del daño causado a su vida, su salud mental, emocional y física, como defensora de los derechos humano se mantendrán, advierten, atentas de cuáles serán esas acciones institucionales de dependencias como la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que paradójicamente, fue una de las que la acusó.
“Hoy es libre. La sentencia fue absolutoria, sin embargo, aún quedan muchos pendientes por resolver para ella y para las mujeres que encuentran recluidas por algún delito relacionado con aborto”.
